Opinión

Héctor Manuel Popoca Boone

 

Corrupción e impunidad S.A. de C.V.

 

En Guerrero, la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) ha estado atravesada por la corrupción y la impunidad de mucho tiempo atrás hasta la fecha. El enriquecimiento de los gobernantes es proverbial y es traba importante para el progreso y bienestar del pueblo. Las formas como se practica la corrupción son multifacéticas y de multiniveles, siendo el presupuesto público la fuente primigenia de los latrocinios. Lo extraordinario de todo esto es que nunca se ha sancionado severamente por ladrón a ningún funcionario de mando medio o superior. Ni por la contraloría, la auditoría o la fiscalía estatal. A lo más, han inhabilitado para trabajar en la administración pública por determinado tiempo, a uno que otro despistado.
Transcribo, por no tener desperdicio alguno, el siguiente párrafo del reportaje de Rosalba Ramírez García, en El Sur. (28/07/18): “Las modificaciones aprobadas en materia de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un período (cada uno es de 7 años), el titular podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.” ¡Chúpale pichón! Se aprueban mayores fueros estatales, cuando el próximo gobierno federal los va a quitar.
Antes de recoger sus bártulos y de cerrar la cortina de la ignominia, el pleno de la actual legislatura local aprueba este monumental desaguisado. Por su regresión histórica, en la larga lucha social por tener gobiernos honestos en Guerrero, es menester repudiarla. Esa es la flamante modificación constitucional a partir de una iniciativa del gobernador.
Conocido es en el mundo de la administración pública estatal que el verdadero personaje que designa de facto al auditor superior y a los auditores especiales es el gobernador a través de sus sumisos y presurosos diputados, para que le protejan las espaldas, contablemente hablando. En una democracia real y transparente, todo gobernante o funcionario público de alto nivel, está sometido al escrutinio de terceros, a la rendición de cuentas y puede ser sujeto a juicio político, civil o penal, si fuera el caso.
También es sabido en el ámbito de la política local que, si los gobernantes estatal y municipales, no desean tener obstáculos serios a la hora de revisarles sus cuentas públicas tienen que caerse con su moche con la mayoría de los auditores correspondientes. O puede que buena parte de los auditores les recomienden tal o cual despacho de contadores (de los que son socios o tienen prestanombres) con el objeto de que a sus cuentas chuecas, las limpien y enderecen; que les laven su contabilidad pública. Para después pasarla a la aprobación de los ilu$tres diputados locales.
El gobernador rema a contracorriente del programa federal anti-corrupción y anti-impunidad que pretende implementar el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá me equivoque, pero con esto enrarece y dificulta aún más la necesaria sincronía entre el gobierno federal y el estatal. El gobernador Astudillo emite malas señales de escaza voluntad, por más que diga lo contrario.
Mientras que AMLO exigirá rendición pública de cuentas en forma veraz en su mandato federal, la sujeción a referéndum público de su gobierno a la mitad de su gobierno y de un redoblado esfuerzo real por lograr que la honestidad sea un verdadero estilo de gobernar, el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo” obstruyen en los hechos tal propósito.
Parte de la desgracia histórica de Guerrero ha sido tener una clase de políticos y gobernantes que rayan en la indecencia permanente en lo que se refiere a su actuación pública. (No todos, pero los pocos que se salvan, han sido una ínfima minoría).

PD. El mantener en la cárcel, como presos políticos, a 25 policías comunitarios de la CRAC y del CECOP, convierte en farsa las bondades esgrimidas sobre la Ley Astudillo en materia de seguridad y justicia indígena.