Razones

Jorge Fernández Menéndez

 

Y se olvidan del narcotráfico

La desaparición y la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa no es un símil, aunque muchos lo quieran ver e interpretar así, de los hechos del 2 de octubre de Tlatelolco.
El movimiento del 68 fue una lucha por las libertades, la democracia y en el marco de un movimiento global con epicentros en Praga, París y México, con la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam como telón de fondo. El otro es consecuencia de un movimiento político legítimo, pero de objetivos radicales y confusos, con un componente en su desenlace que le cambia todo el sentido: el narcotráfico.
En torno a los hechos de Iguala hay mucha confusión, se cometieron muchos errores, pero también hay demasiada manipulación. Porque si hay algo que no se debería discutir es que la desaparición de los jóvenes fue operada por el crimen organizado, que el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tuvieron participación en esos y muchos otros hechos de violencia que se dieron en torno a Iguala en esos meses y años (donde los jóvenes de Ayotzinapa son sólo una parte de los más de 300 desaparecidos y asesinados, incluyendo los dirigentes del PRD de la fracción contraria a Abarca), que ambos tenían relación con el cártel de Guerreros Unidos, que manejaba la policía municipal de Iguala y de varios otros municipios cercanos.
Dice el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que “el que nada debe, nada teme” contestándole a la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con la Comisión de la Verdad que ordenó crear en cuanto asuma su gobierno, pero en este caso se equivoca. El responsable jurídico de la Secretaría de la Defensa, el general Alejandro Ramos, criticó la conformación de esa Comisión porque como está planteada es imposible establecer cualquier verdad jurídica, porque es parcial, no tiene representatividad legal alguna y porque es parte, agreguemos nosotros, de una manipulación política que terminará siendo muy costosa; tiempo al tiempo, para el futuro Presidente y su administración.
En el equipo del presidente electo sufren una confusión profunda sobre un tema central de la agenda política: confunden los hechos de violencia actuales con los movimientos sociales e incluso armados de los 70 y principios de los 80, incluyendo el 68.
Desdeñan el componente del narcotráfico que ha causado la friolera de 200 mil muertos en la última década, que ha dejado enganchados a la droga a centenares de miles de jóvenes y niños y que no es siquiera un fenómeno local, sino global.
Es tan global que en Estados Unidos el año pasado murieron por sobredosis de opiáceos 60 mil personas, en un negocio que en parte se alimenta y controla desde México y, precisamente, por dos de los cárteles involucrados en desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Tan involucrados, que la participación de sus sicarios fue monitoreada por los jefes del cártel desde Chicago en comunicación con Iguala la propia noche de los hechos, como lo demuestran las conversaciones telefónicas tomadas por la DEA y que mostramos en el libro La noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero que acabamos de publicar, esta misma semana, en Cal y Arena.
El equipo del presidente electo cuando habla de represión la confunde con la lucha contra los grupos criminales y equipara a éstos con movimientos sociales. Cuando dice que el Ejército saldrá “desarmado” a cuidar a la sociedad y enfrentar a los criminales parece ignorar que esos grupos terribles, desalmados, que matan, torturan, desaparecen gente, que extorsionan, roban y secuestran están equipados con armas de guerra de alto poder y que las usan día con día contra soldados, marinos y policías, pero, sobre todo, contra la población civil, como lo vimos, precisamente, en Iguala.
Hay que temer a esa comisión porque quienes manejan a los padres no son víctimas ni tampoco colaboradores imparciales, sino parte de movimientos con agendas muy específicas.
Son los que con sus acciones están propiciando no sólo que no se haga justicia, sino que los verdaderos criminales queden exonerados, como sucedió en estos días con dos de los más notorios sicarios de Guerreros Unidos, El Gil y El Carrete, cuyos testimonios sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 es evidente, clara, sin rastro alguno de duda. En el libro que acabamos de publicar, La noche de Iguala, citamos sus testimonios y los de sus cómplices, donde hablan con lujo de detalles de los hechos y cómo sucedieron, en declaraciones por separados, pero que se complementan perfectamente. Pero no se trata sólo de testimonios en papel, en el programa Todo personal hemos divulgado ya muchas veces los testimonios filmados de los sicarios, donde ninguno de ellos se muestra siquiera presionado para contar sus historias (y hoy volveremos a presentarlos en Todo personal en ADN40 a las 22 horas).
El Estado mexicano, sobre todo cuando la próxima administración tendrá inéditos instrumentos de gobernabilidad, debe hacer justicia con las instituciones, con la nueva fiscalía, con sus investigadores, con la ley en la mano.
La Comisión de la Verdad, como está planteada, es un espacio militante y manipulado que alcanzará objetivos propios, todos menos uno: establecer la verdad y hacer justicia.