Despejar

Misael Tamayo Núñez

 

Este martes vence el plazo para la presentación de las impugnaciones e inconformidades de los partidos políticos, con relación a las elecciones del domingo 1 de julio. Es el turno de los tribunales, tanto estatales como federales, que se encargarán de desahogar las quejas y determinar si proceden o no, para validar los resultados.
Y es que no todo está dicho aún. En el caso de la elección presidencial, esta fase es de suma importancia; es la fase de la validación de la elección, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tomará unos dos meses en este proceso, para declarar presidente electo a Andrés Manuel López Obrador a más tardar el 6 de septiembre.
¿Se puede adelantar la entrega de la declaratoria de la elección, y el nombramiento de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador? Sí, en la medida en que los partidos políticos que compitieron no presenten ninguna impugnación; de lo contrario, se tendrán que admitir y revisar cada una de ellas, y entrar en el proceso legal de revisión de casillas impugnadas y, en su caso, recontar los votos.
Por lo tanto, todavía no podemos llamar a López Obrador como presidente electo, sino solamente decir que es el ganador de la contienda del domingo 1 de julio, o “virtual presidente electo”, como lo manejan los medios.
A diferencia de las otras posiciones electorales, la de presidente de la República es más rigurosa, y el TEPJF ha dicho que hay plenas garantías de que sus magistrados se mostrarán totalmente apegados a la ley, sin filias ni fobias contra ninguno de los partidos o candidatos.
Puede darse el caso, incluso, que alguien solicite la nulidad de la elección presidencial, algo que es un tanto remoto, pero no imposible, tan sólo para prolongar el proceso.
En este caso, el Tribunal federal hace las veces de colegio electoral, lo que antes de la ciudadanización del Instituto Nacional Electoral, correspondía a la Cámara de Diputados, para emitir la declaración de validez de la elección.
En cuanto a las senadurías y diputaciones federales, también podrían presentarse impugnaciones, y eso lo sabremos este martes.
De paso, el TEPJF no puede dar una declaratoria de validez, si antes el Instituto Nacional Electoral no entrega el informe de la fiscalización de las campañas, pues recordemos que una de las causas de nulidad de una elección es que el candidato ganador haya rebasado los topes de campaña. Y aunque esto no se ha visto en ninguna de las elecciones presidenciales que hemos vivido en la época reciente, sí ha sucedido en las elecciones para gobernadores.
Pero de lo que sí no hay duda, es que habrá numerosas impugnaciones e inconformidades sobre las elecciones locales, tanto de diputados como de presidentes municipales, independientemente de que la diferencia de votos sea considerable.
No es para menos. Se nos informa que la cantidad de votos nulos en distritos y municipios es tan alta, que los candidatos que consideraban que el voto les favorecería pedirán la revisión total de las casillas, toda vez que en los distritos locales solamente se les concedió una revisión parcial, como lo marca la ley, de abrir únicamente los paquetes con inconsistencias.
Será el Tribunal Estatal Electoral el que determine si se hace un conteo general, voto por voto y casilla por casilla, en los distritos y municipios que así lo demanden.
Y si esta instancia no resuelve a modo de los demandantes, estos todavía pueden recurrir al tribunal federal. Por lo tanto, los meses restantes al cambio de ayuntamientos y del Congreso local, serán de la prolongación de la elección en tribunales.
A nivel nacional, Puebla es la entidad que más ha dado de qué hablar, donde el Frente se alzó con el triunfo, pero no de manera limpia, pues el Morena ha estado documentado tantas irregularidades, que lo que procedería sería la nulidad de los comicios. Veremos si realmente, como dijo la magistrada del TEPJF, aplican la ley a raja tabla.
Por lo pronto, el TEPJF está preparado para recibir 50 mil impugnaciones de las 5 elecciones que se desarrollaron el 1 de julio, páralo cual pidió casi mil millones de pesos, sólo para el desahogo de estas querellas.

Así de cara es la democracia en México, pues no sólo pagamos por tener partidos, también por tener candidatos. Y finalmente pagamos porque estos gocen de sus plenos derechos a impugnar una elección.

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