Leticia Bautista no ha comprobado 20 MDP en Azoyú

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* Congreso de Guerrero solicitó la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción para transparentar el recurso

*La presente administración solventó lo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, por la cantidad de 10 millones 297 mil 868 pesos con 48 centavos

* La administración pasada tampoco realizó el proceso de entrega-recepción en tiempo y forma como lo marca la ley

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

AZOYÚ, GRO.

Azoyú es uno de los municipios que detectaron con irregularidades financieras, donde la administración pasada que presidió Leticia Bautista Vargas sigue sin comprobar poco más de 20 millones de pesos.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso, Jesús Villanueva Vega, con base en la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Guerrero, solicitó la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción.

De acuerdo a la información obtenida por este medio, la pasada administración 2015-2018, que presidió Leticia Bautista Vargas, sigue sin comprobar poco más de 20 millones de pesos, dado que no ha presentado la documentación comprobatoria del recurso ejercido entre el 1 de enero al 29 de septiembre del 2018.

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Al contrario, fuentes de la actual administración 2018-2021, que preside José Efrén López Cortés, informaron que se solventó lo correspondiente a los últimos tres meses del ejercicio fiscal 2018.

Fue un total de 10 millones 297 mil 868 pesos con 48 centavos lo que solventó en tiempo y forma la presente administración, donde de gasto corriente se ejerció la cantidad de 3 millones 286 mil 445 pesos con 37 centavos; Fortamun, 2 millones 251 mil 192 pesos con 14 centavos; FAIS 3 millones 20 mil 230 pesos con 97 centavos; y Programas Regionales un millón 740 mil pesos, para un total de 10 millones 297 mil 868 pesos con 48 centavos.

Se espera que en breve la pasada administración cumpla con trasparencia para solventar los pocos más de 20 millones que tiene sin comprobar, desconociéndose el rubro donde se aplicaron, ya que tampoco se realizó el proceso de entrega-recepción en tiempo y forma como lo marca la ley.

Irregularidades

detectadas

Cabe recordar que el Congreso local detectó irregularidades financieras en las cuentas públicas de al menos 17 municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, entre las que destacan presuntas “obras fantasmas”.

Las presuntas anomalías derivan del primer bloque de informes individuales que envío el 28 de junio la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso, con base en la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Guerrero.

Fue el diputado Morena, Jesús Villanueva Vega, presidente de la citada Comisión, quien pidió la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción para que inicien los procedimientos y, de ser el caso, determinen las responsabilidades y sanciones que cada conducta particular amerite.

Al respecto coincidió en la necesidad de que los alcaldes gestionen el aumento de participaciones federales para el 2020, para financiar requerimientos de obras y programas, pero antes de eso advirtió: “Es necesario ejercer los presupuestos públicos con transparencia, respetando en todo momento la normatividad vigente”.

Con base al informe del legislador, se trata de 25 informes individuales observados que corresponden a los ayuntamientos de Ahuacuotzingo, Alcozauca, Ayutla de los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Iguala, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan, Ometepec, Tecoanapa, Tlapa y Xochistlahuaca.

En esos municipios habrían incurrido en conductas contrarias a la “correcta aplicación de los recursos públicos”.

En la mayoría de los casos no presentaron la documentación comprobatoria del recurso ejercido entre el 1 de enero al 29 de septiembre del 2018.

De acuerdo con Villanueva, se observaron recursos retenidos a trabajadores por concepto del Impuesto Sobre la Renta, que no se enteraron al Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como incumplimientos de pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Púbicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).

Además, en su último año de gestión, los alcaldes del trienio 2015-2018 desviaron recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para aplicarlos en otros conceptos, en flagrante violación a la Ley de Coordinación Fiscal.

El informe establece que los ex alcaldes adjudicaron obras, firmaron contratos y compraron bienes y servicios de forma irregular. En materia de obra pública, se advierte que pagaron por conceptos que no cumplieron, y “en los que no se contó con las garantías de anticipo, cumplimiento de contrato y de vicios ocultos”.

Además de que “no fue posible verificar si las obras se encuentran operando, si cuentan con títulos de propiedad, y otros más en los que no presentaron las bitácoras de obra correspondientes, situaciones que implican una falta de cumplimiento a la normatividad aplicable”.

Sin embargo, el diputado local de Morena por el Distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán, región Tierra Caliente, aclaró que las observaciones no son definitivas porque el proceso de fiscalización sigue su curso, y en el que los presuntos responsables de esas conductas tienen la oportunidad de solventar.

Villanueva Vega dijo que la transparencia y rendición de cuentas es una exigencia ciudadana, y que debe ser una prioridad para la actual Legislatura acabar con “la corrupción y con la impunidad”.

Pero también que los servidores públicos “se ajusten a la legalidad, que respeten el patrimonio público y entiendan que los recursos a su alcance no son de su propiedad, sino del pueblo, y deben regresarlo en obras de impacto social y en programas sociales”.

Sobre este mismo tema, el diputado Héctor Apreza Patrón, coordinador parlamentario del PRI, destacó que el compromiso por la fiscalización inició en la 56 Legislatura que coordinaba su partido, con la aprobación de la primera ley en la materia, cuyo proceso, señaló, siempre será inacabado.

“No es un asunto que deba de politizarse, es un asunto que debemos ir perfeccionando para que los recursos púbicos se apliquen bien y a donde deben ir dirigidos”, dijo, pero agregó que aún falta incorporar la participación ciudadana, no sólo en el diseño del presupuesto, sino en la vigilancia de su ejecución.