Bolivia, un golpe de Estado impulsado por el litio

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Marco Antonio Olvera

Más allá de que si el presidente de Bolivia, Evo Morales, cometió fraude electoral para eternizarse en el poder o el gobierno de México le ha dado un trato VIP, durante su asilo en nuestro país, detrás de la caída del mandatario boliviano está el interés de Estados Unidos por las minas de litio, utilizado en la fabricación de baterías denominadas ion-litio.

Estos acumuladores eléctricos que permiten contener la energía generada mediante recursos renovables, serán el motor que impulsará la movilidad de los autos eléctricos, además de que estas baterías se usan en casi todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares, y computadoras.

Si a eso le agregamos que el 85 por ciento de las reservas de este metal ligero se encuentran en el denominado triángulo del litio, integrado por Argentina, Chile y Bolivia, no es difícil imaginarse su importancia en el tablero geopolítico internacional y, principalmente, en el norteamericano, ya que Bolivia cuenta con las mayores reservas de este recurso natural estratégico en salmueras (acumulaciones de agua subterránea salina que es enriquecida con litio) en el mundo.

Y a diferencia de Argentina y Chile, donde el litio se encuentra en manos de empresas multinacionales, en aquella nación andina es el Estado el que controla la producción y venta del metal, luego del triunfo electoral de Evo Morales en 2006, cuando comenzó la implementación de políticas públicas, tendientes a terminar con la subordinación del pueblo boliviano a los intereses de grandes corporaciones y potencias.

Pero no fue, sino hasta 2018, cuando el gobierno de Evo firmó un convenio con la empresa alemana ACY System, a fin de producir materiales catódicos y baterías de ion-litio, en territorio boliviano, en cuya fabricación el gobierno sudamericano tiene el 51 por ciento de participación mayoritaria estatal.

Esta unión comercial estratégica, para varios analistas económicos internacionales prendió los focos rojos del gobierno de Donald Trump, pues estaba quedando fuera de un jugoso negocio que le podría redituar millones de dólares a mediano y largo plazo, por lo que, cuando se enteró que el presidente de Bolivia firmó este año un acuerdo preliminar con el consorcio chino TBEA-Baocheng, para construir plantas industrializadoras de litio metálico, considerado de alto valor de uso en la tecnología de punta, el cual pocas naciones fabrican, de seguro entró en cólera, como es su estilo.

Tal vez, para muchos de nosotros este acuerdo no tenga mucha relevancia, pero si nos ponemos a pensar que China es hoy en día el mayor productor de vehículos eléctricos mediante su empresa BYD, misma que ha desplazado en este ramo a la compañía estadunidense TESLA, nos caerá el veinte de la importancia que tienen las baterías de ion-litio para Estados Unidos y para el mundo entero.

Desde esta óptica comercial, nos puede quedar clara la estrategia seguida por Trump, para tratar de someter a los países de América Latina y el Caribe, con el fortalecimiento de la Doctrina Monroe (América para los americanos), para revitalizar su hegemonía sobre lo que considera su zona geopolítica de influencia y así, poder sostener su poder en occidente.

En este contexto podemos ubicar el papel ocioso de la OEA, en el pasado proceso electoral en Bolivia, donde avaló un posible fraude en las urnas que dio paso, para que los militares le “sugirieran” a Evo Morales dejar el poder, renunciando con ello a la posibilidad de realizar nuevos comicios.

También, se pude ubicar la acusación de la diputada boliviana del MAS, Alicia Canquí, quien comentó que la visita realizada el pasado 14 de noviembre por la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, a la provincia de Jujuy, Argentina, donde entregó ayuda humanitaria al gobernador de esa entidad, Gerardo Morales, fue sólo una pantalla, puesto que en esa recepción se planificó el golpe de Estado contra Evo Morales, con la mínima inversión de 400 millones de dólares, mínima si se ve la gravedad que vive hoy Bolivia.

Con toda esta maraña que envuelve la renuncia del presidente de Bolivia, también tienen cabida los cuestionamientos de cuánto cuesta el asilo de Evo Morales en México o por qué se le envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que lo trasladara de su tierra a natal a la Ciudad de México o por qué lo cuidan elementos del extinto Estado Mayor Presidencial con apoyo de varias camionetas blindadas, salen sobrando.

La gravedad es que, hoy, los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina corren el riesgo de que la OEA y la Casa Blanca, pareciera que se vuelven cómplices de truncar el desarrollo de naciones que buscan dejar atrás el proyecto neoliberal que los ha tenido durante cuatro décadas bajo el yugo.