REDACCIÓN
SAN LUIS ACATLÁN, GRO.
Un grupo de ciudadanos de San Luis Acatlán, encabezados por el ex alcalde Vicario Portillo Martínez, presentaron ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, una solicitud para que el Distrito Judicial de Altamirano, con sede en este municipio, permanezca en esta jurisdicción.
El grupo elegido en asamblea para hacer esta gestión, lo integran: Vicario Portillo Martínez, Alfredo González Zúñiga, Pascual Garzón Galindo, Francisco Martínez Ponce, Lucila Santos Garzón, Dora Guzmán Astudillo, Feliciana Trinidad Desiderio, Eusebio Ramos Mora y Guillen Villanueva Galeana, presentaron un oficio hace varios días, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al órgano del Poder Judicial citado.
Esto con la petición de que intervenga para la permanencia del Distrito Judicial de Altamirano con sede en San Luis Acatlán, Guerrero.
Como se recordará, el día jueves 13 de febrero de 2020, a las 12:00 de la noche, fueron sacados los internos del reclusorio de San Luis Acatlán, por personal de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, y los distribuyeron en diferentes CERESOS como Acapulco, Ayutla de los Libres y Ometepec, sin aviso ni autorización de los familiares.
Desde entonces, el penal está desmantelado y se explicó que su cierre se debe a que el edificio ya perdió su vida útil, que carece de condiciones de seguridad mínimas para los internos, y que incluso existe el riesgo de que puedan fugarse.
Sin embargo, el hecho de que hasta ahora no haya una sola noticia que indique si se construirá un nuevo Cereso, motiva el temor fundado de que cancelarán el Distrito Judicial de Altamirano con sede en San Luis Acatlán.
El distrito Judicial de Altamirano se instaló el 7 de agosto de 1944, siendo gobernador el coronel Gerardo Catalán Calvo, y desde entonces ha sido fuente permanente de derrama económica para el municipio de San Luis Acatlán, el cual es de enlace entre las regiones de Costa Chica y la Montaña, y ha sido histórico por la lucha que emprendió el profesor Genaro Vázquez Rojas, y asesinado por el gobierno el 2 de febrero de El Distrito judicial de Altamirano pertenecen los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Juchitán y Azoyú.
Los quejosos expusieron todos estos antecedentes, pero además señalaron que: “San Luis Acatlán es la cabecera del Distrito Judicial y se considera pluriétnico por los pueblos indígenas, afromexicanos y mestizos que habitan y son atendidos por el Poder Judicial, con derechos a una justicia digna porque son seres humanos y no puede ser que se siga aplicando la discriminación hacia estos municipios, ya que los rezagos sociales han sido como consecuencia para lograr un desarrollo económico más amena que permita resolver los problemas sociales en la sociedad en que vivimos”.
Además, indicaron que “ante la creciente el crimen organizado se necesitan los servicios de gobierno que impartan justicia y que la gente agraviada acuda a las autoridades judiciales para demandar o solicitar apoyo para su seguridad personal; por lo tanto, el Consejo de la Judicatura y los Magistrado del Tribunal Superior de Justica en el estado de Guerrero, no pueden alejar dichos servicios en los municipios ante citados
Reclamaron: “Los suscritos representantes por la defensa de la permanencia del Distrito Judicial de Altamirano consideramos que serían violentados nuestros derechos, en virtud de que jamás ha sido consultada la ciudadanía de nuestro municipio de cualquier acción en relación que tenga que ver con el cambio del distrito Judicial de Altamirano; por lo que pedimos se invaliden todas las actuaciones y medidas que pretenden hacer en contra de la permanencia del Distrito Judicial del Altamirano en San Luis Acatlán, ya que nos encontramos en una microrregión enclavado en la Región Costa Chica”.
Finalmente solicitaron que “Se invalide las intenciones que se pretenden realizar en la desaparición del poder judicial del Distrito Judicial de Altamirano en San Luis Acatlán; Guerrero”.
Se anexan las firmas de las autoridades municipales, ejidales, comunales, organizaciones sociales y ciudadanos participantes.