BOLETÍN / CONGRESO
CHILPANCINGO, GRO.
El diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán planteó exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que concrete, a través del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Chilpancingo, un acuerdo específico de aplicación de inversión financiera para el saneamiento, reestructuración y ampliación de la cobertura de distribución del agua potable en la capital del estado.
Esto en un acuerdo que analiza la Comisión legislativa del Agua y Recursos Hidráulicos, donde el legislador señala que en Chilpancingo existen colonias que casi no reciben agua y, cuando la tienen, apenas es para llenar sus escasos sistemas de abastecimiento, lo que por lo regular les alcanza para una semana, viéndose en la necesidad de adquirir el vital líquido a través de pipas, ocasionando un detrimento a la ya afectada economía familiar.
Esto se debe a que la situación del organismo operador del agua en Chilpancingo es “deplorable”, porque no cuenta con la capacidad financiera, infraestructura, ni personal para garantizar el acceso al agua potable para los ciudadanos, y mucho menos de un sistema de alcantarillado adecuado a las necesidades de la población.
El legislador aseguró que toda esta problemática se debe a la mala administración gubernamental y financiera del organismo denominado CAPACH en administraciones pasadas. Por ello, considera que se debe solicitar a la Comisión Nacional del Agua la concertación de acuerdos que permitan la inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno, estableciendo compromisos y metas a corto, mediano y largo plazo.
Incluso, que el gobierno haga uso del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento para incrementar y sostener la cobertura y/o eficiencias de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de apoyo al financiamiento de obras de infraestructura y acciones para el desarrollo de dichos servicios en localidades urbanas y rurales del país.
Reiteró que la Comisión Nacional del Agua y las autoridades municipales, en uso de la competencia para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, con el concurso de los gobiernos estatales, son los responsables de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal, a través del desarrollo sustentable y una adecuada gestión del vital líquido.