MIGUEL ÁNGEL SANTOS
OMETEPEC, GRO.
La Casa de Justicia de la policía comunitaria del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG, se encuentra dentro de los límites de la cabecera municipal, a unos 200 metros de la comunidad de Cruz de Corazón, lugar que tiene funcionando desde el 2017.
Febronio Ruiz Herrera fue su primer coordinador municipal, desde entonces, realizaban operativos para hacer presencia e inhibir actos delictivos, reconociendo en su momento que no había coordinación con la policía municipal de Ometepec.
Desde entonces su presencia ha ido aumentando, al grado de integrarse a los filtros sanitarios que instaló el gobierno municipal en el crucero de Acatepec.
Su presencia en la cabecera municipal es tan evidente, que cuentan con una comandancia de la policía ciudadana, ubicada en el edificio de la refaccionaria El Güero, en el siguiente nivel, donde también se encuentran las comandancias de la Guardia Nacional y la Policía Federal.
A pesar de que esta administración se ha desligado de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en diversas ocasiones, incluso lo han denunciado en el Congreso de la Unión, durante la comparecencia que hicieron el año pasado, la actividad de este grupo de personas armadas se ha intensificado, generando malestar entre la población.
Cabe recordar que, en septiembre del 2019, un grupo armado entró a las instalaciones de Ciudad Judicial a intentar detener a una persona, incluso uno de los guardias de la Policía Estatal estuvo apoyándolos; afortunadamente intervinieron muchas personas para que se respetara el recinto oficial para impartir justicia.
Otro caso muy sonado fue cuando detuvieron al conductor de una urvan en la comunidad de San José, lo cual desencadenó el malestar de una agrupación social, quienes bloqueron la entrada de la ciudad y al final lo rescataron de manera violenta del lugar donde lo tenían; además recuperaron el vehículo. Este operativo de rescate fue coordinado por la luchadora social Kenia Hernández Montalván.
Son innumerables las quejas que se han dado a conocer en las redes sociales, por la forma violenta en que proceden este grupo de personas armadas, señalando que su actual comandante, Juan Bustos Quiñones, fue ministerial, por ello trae una escuela de prepotencia y violencia.
La mayoría coincide en que el gobierno municipal debe cuidar la seguridad de su pueblo, desterrar a esta agrupación, de gente armada que no cuenta con preparación, que desconocen los protocolos para hacer una detención y no están capacitados para el manejo de armas de fuego, por lo que son considerados un peligro latente para la población.
También hacen un exhorto a la diputada Nilsan Hilario, para que cumpla con su compromiso de hacer una iniciativa para desaparecer este grupo armado.
Consideran necesario que el Congreso le dé prioridad a este tema, porque no es posible que el mismo gobierno le brinde una camioneta blindada y personal de seguridad para cuidar al líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.