Posponen audiencia de imputación de la activista Kenia Hernández
*Hernández Montalván fue detenida por segunda ocasión en cuatro meses
* José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), advirtió que la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” es una presa política
VENERANDA MENDOZA
GLORIA LETICIA DÍAZ
TOLUCA, Edomex. (APRO)
La activista Kenia Hernández, oriunda de Ometepec, Guerrero, fue detenida por segunda ocasión en cuatro meses, la noche del pasado domingo, a la altura de la caseta de peaje Amozoc, en Puebla, y remitida al penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México.
La defensora de los derechos indígenas fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en marzo pasado por Autovías Concesionadas Mexiquenses S.A. de C.V. en la causa penal 630/2020, por la presunta comisión del delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia.
José Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), advirtió que la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” es una presa política.
La detención ocurrió alrededor de las 21:00 horas del 18 de octubre. Sus acompañantes narran que fue arbitraria, sin mediar orden de aprehensión, y que la activista fue golpeada por los hombres que se la llevaron, presumiblemente integrantes de la Guardia Nacional, quienes reconocieron que iban por ella.
La orden de aprehensión, detalló Lara Duque, le fue mostrada dos horas después, durante varias horas no se supo de su destino, y fue presentada como detenida la madrugada del lunes.
La audiencia de imputación, prevista para este martes, fue pospuesta a falta de intérprete; sin embargo, la autoridad estatal requirió de decenas de elementos policiacos para resguardar los juzgados, ante la posibilidad de que integrantes de colectivos de defensores se manifestaran a las afueras para exigir la libertad de la también feminista.
Paralelamente, integrantes del colectivo “Zapata Vive” se apostaron frente a Palacio de Gobierno Estatal en demanda de “Kenia Libre”.
Lara Duque resaltó que la situación jurídica de la activista se formalizará el próximo domingo que se cumplan las 144 horas que tiene la autoridad para presentar pruebas, además de que deberá facilitar un traductor de la lengua amuzga.
La primera
captura
Hernández había sido detenida el 6 de junio pasado, en la caseta de cobro La Hortaliza, de la carretera Toluca-Valle de Bravo, acusada de robar, presuntamente con apoyo de un revólver, una cartera con 500 pesos a dos personas, identificadas como José Daniel “N” y Shirley “N”, quienes iban a bordo de una camioneta.
Entonces las víctimas se apoyaban en una investigación particular de la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense (concesionada a OHL, ahora Aleatica).
Tras 5 días en reclusión, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia, pero el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec determinó que podía enfrentar la acusación en libertad.
La defensora lamentó que para su vinculación la juez sólo valoró los elementos de la Fiscalía, no los de la defensa, entre ellos los testimonios para probar que al momento que ocurrieron los hechos se encontraba en su domicilio de resguardo, pues es beneficiaria del mecanismo de protección desde el año pasado.
Aquella ocasión tampoco le fue mostrada ninguna orden de aprehensión al momento de su captura, sino un par de horas después la expusieron desde un teléfono celular y carecía de firma. “Es algo totalmente fabricado”, señaló.
Kenia Hernández ha sido objeto constante de hostigamiento por su labor como oficial de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero, por participar en el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, en el Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos, y en la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano.
Detenciones
arbitrarias
Según Lara Duque, en los últimos años, las autoridades del Estado de México han recurrido a las detenciones arbitrarias y a la imputación de delitos en contra de “personas que les son incómodas, que son humildes o que mantienen condiciones desfavorables para defenderse”.
Aseguró que de las “más de 30 mil personas privadas de su libertad en prisiones mexiquenses, unas 20 mil reclaman ser liberadas debido a denuncias por irregularidades en el proceso penal o por montajes en los arrestos”.
