Estudiantes de Ayotzinapa fueron disueltos en ácido; otros incinerados
*Militares, policías y narcos cazaron, asesinaron y desaparecieron a los 43 en Iguala, según declaró un testigo protegido el año pasado
*No sólo mataron a los 43 estudiantes, sino a 70 u 80 personas
*La Policía Estatal sembró restos de los muchachos en el basurero de Cocula, restos que narcos entregaron a la Policía Ministerial, para ayudarle a la PGR a tejer la “verdad histórica”
REDACCIÓN
Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios. Un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos de los interrogados fueron entregados muertos.
Así lo refiere a la Fiscalía General de República (FGR), un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, el cartel responsable de la desaparición de los muchachos y a cuya declaración tuvo acceso Grupo Reforma.
Las revelaciones de “Juan” han llevado, en esta administración federal, a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.
Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue señalado por “Juan” como operador de las detenciones de los normalistas y que incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, declaró “Juan” el 10 de febrero de 2020.
El declarante explicó que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cartel rival que les adeudaba dinero. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes que hacían una protesta en Iguala.
Ejército
participó
Fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la Policía Estatal y otro el Ejército a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
El propósito era interrogarlos para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario. Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros, conocida como “Los Tilos” quienes procedieron a su desaparición diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.
En un domicilio de Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados a machetazos y hachazos. Después, los trasladaron a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala.
Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los restos que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.
Siembran restos
en basurero
Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos, sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones.
Una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, fueron entregadas por los narcos a un agente de la Policía Ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca el 3 o 4 de octubre de 2014, con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones.
El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos e inclusive ‘sembrar’ casquillos y cartuchos percutidos, debajo de unas piedras, en el basurero de Cocula.
Esta operación confabulada entre narcos y autoridades estatales tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva y no a los capos, de la desaparición de normalistas.
La Procuraduría General de la República (PGR) fincó en el “hallazgo” de Cocula la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y procedió a la detención de algunos sicarios, del alcalde del PRD, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda y de policías municipales.
