*El saldo es insuficiente e insatisfactorio, pese a voluntad política de AMLO
*Vidulfo Rosales consideró que el Ejército debe tener más apertura al escrutinio judicial y a la rendición de cuentas
*Lamentó que siga habiendo “reticencias en los mismos términos” que en el sexenio pasado
FRANCISCO FÉLIX
JULIOASTILLERO.COM
En el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, existe un saldo insuficiente e insatisfactorio en lo que va de la actual administración federal pues el compromiso y la voluntad política externados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ven reflejados en acciones concretas en la práctica. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército no colaboran y, al contrario, obstaculizan los avances en las investigaciones. Lo anterior fue aseverado por Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, quien charló con Julio Hernández en entrevista para Astillero Informa.
Rosales reconoció que en esta administración “se ha consolidado una investigación que estaba frágil” y se había caracterizado por ser “desaseada e irregular”, con acusaciones “sumamente débiles”. Gracias a ello, dijo, se han librado nuevas acciones penales, de las cuales se ha derivado una serie de órdenes de aprehensión, tanto contra los implicados en los hechos del 26 de septiembre de 2014, como contra varios de los funcionarios involucrados en las irregularidades judiciales en las investigaciones, durante el sexenio pasado.
El abogado destacó que hay dos ámbitos del Gobierno en los que los familiares de los normalistas han tenido obstáculos para avanzar con las investigaciones del caso: la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Señaló que, particularmente en el caso de los militares, existen pruebas que apuntan a su participación en los hechos de 2014: habrían monitoreado a los estudiantes, para después seguirlos, además de estar presentes en distintos escenarios donde los estudiantes fueron agredidos.
Vidulfo Rosales consideró que el Ejército debe tener más apertura al escrutinio judicial y a la rendición de cuentas. Lamentó que siga habiendo “reticencias en los mismos términos” que en el sexenio pasado. Y consideró que la responsabilidad militar en los hechos llega al menos al nivel más alto del 27 Batallón con sede en Iguala, así como de la zona y la región militar de Guerrero. Consideró que López Obrador no quiere conflictuarse con el Ejército y tiende a querer proteger a la institución.
Respecto a la situación en la FGR, Rosales estimó que “no hay un compromiso de la institución en su conjunto”: señaló que existe un retraso de seis o siete meses en la ejecución de órdenes de alrededor de 40 órdenes de aprehensión; así como un retraso de más de un año en los trámites legales para traer a Tomás Zerón de Lucio a México. “Vemos deficiencias y falta de compromiso; dilaciones”, indicó. Finalmente, cuestionado sobre la vigencia de la consigna original creada tras los indignantes hechos, la cual reza: “fue el Estado”, Vidulfo Rosales comentó que “eso no se puede modificar” pues, si bien hay un titular del Ejecutivo diferente, “las estructuras del poder mafioso y coludido con la delincuencia son las mismas” y comentó que prueba de ello es que no ha habido cambios en el Batallón de Iguala, ni en la Policía Ministerial de Guerrero. Inclusive, acusó que en la FGR hay “gente que contribuyó a la formación de la ‘verdad histórica’”, por lo que reiteró la responsabilidad del Estado en los hechos de Ayotzinapa de septiembre de 2014.