REDACCIÓN
CHILPANCINGO, GRO.
La ausencia de información de la situación de violencia que viven las mujeres en Guerrero, no permite la toma oportuna de decisiones, advirtió en tribuna la diputada Susana Paola Juárez Gómez.
La legisladora, alertó que en los últimos quince días, seis jóvenes mujeres desaparecieron en Guerrero, y criticó que tanto la Secretaría de la Mujer como la Fiscalía General del Estado no reconocen públicamente este problema, ni se conoce una acción o gestión al respecto y prefieren guardar silencio.
Puso como ejemplo contrario al gobierno de Nuevo León, que el 13 de abril emitió un decreto donde dicta “acciones urgentes y extraordinarias” para la búsqueda de mujeres desaparecidas y atención a los feminicidios pues en el último mes se han reportado 15 mujeres desaparecidas.
En su intervención, la legisladora refirió que Guerrero es uno de los once Estados de la República cuya tasa de mujeres víctimas de homicidio doloso supera con 6.29 la media nacional que es de 4.17.
En tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta 18 feminicidios en Guerrero, y catalogados como homicidios dolosos de mujeres, se reportaron 119 de enero a diciembre del mismo año.
También, explicó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guerrero, en enero el total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual fue de 67 y en febrero se incrementó a 72, las denuncias por violencia familiar en enero ascendieron a 271 y en febrero a 267.
“Si estas agresiones y crímenes ocurren es porque se permite, es porque la impunidad es la regla, porque las recomendaciones que derivan de las dos alertas por violencia en razón de género, no son acatadas”, reflexionó.
Juárez Gómez expuso que en la página web de la Fiscalía General del Estado, “no existe información sistematizada sobre hechos de violencia contra mujeres, como si invisibilizar estas cifras contribuyese a resolver la problemática”.
Dijo que es importante que desde las instituciones responsables “se visibilice el problema como parte de una política pública que se pueda medir, con acciones serias y urgentes”.
Por último, exigió de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que antepongan a sus intereses políticos, la protección de los derechos.