*Al incumplir con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que involucra modificaciones al artículo 14 Constitucional, a la Ley 701 sobre Derechos y Cultura Indígena, además de la Ley 777 en materia de Seguridad Pública
*Guerrero no se quedará sin Sistema de Seguridad Píublica, aclara el secretario de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso Núñez
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, advirtió que la Ley de Seguridad Pública del estado perderá su vigencia en el primer minuto de mañana jueves 14 de abril, por lo que a partir de ese momento, las policías que existen en Guerrero no tendrán facultades legales para realizar sus trabajos y los recursos destinados para dicho rubro dejarán de fluir desde la federación, situación que coloca a la sociedad en un estado de alta vulnerabilidad ante la delincuencia.
Apreza Patrón recordó que este jueves 14 vence el término de 12 meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció para cumplir con la sentencia derivada de los juicios de inconstitucionalidad, 78/2018 y 81 del mismo año, derivado de la reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que afecta también a la Ley 701, sobre Derechos y Cultura Indígena, así como a la Ley 777, que abarca a todo el Sistema de Seguridad Pública del estado.
Manifestó que se encuentra sumamente sorprendido, porque al seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, no se tiene establecida una ruta jurídica de como tratar el tema de referencia.
“La Jucopo no tiene claridad de la ruta que se debe seguir, hay quienes dicen que con presentar un informe se cumple con la Suprema Corte de Justicia, otros decimos que no es así, porque la sentencia no habla de presentar un informe”.
Considerando 157
En la sentencia emitida por la SCJN el 14 de abril de 2021, se plantean varios considerandos que el Poder Legislativo de Guerrero debía atender, para cumplir cabalmente con lo mandatado por el máximo tribunal del país.
Cita el numero 157, en el que los ministros señalan: “Es claro que, si la ley fuera declarada inválida sin más, desaparecerían las instituciones de seguridad pública y todas sus competencias legales”.
En el considerando número 158 de la sentencia se puntualiza: “Este pleno determina que los efectos de invalidez total de los Decretos, que contienen la Ley del Sistema de Seguridad Pública y las reformas a la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, se surtan a los 12 meses contados a partir del día siguiente de publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación”.
De acuerdo con el coordinador de los diputados locales del PRI, el considerando en mención señala expresamente que en caso de que no haya Ley de Seguridad Pública estatal, desaparecerán las instituciones responsables de su ejercicio y desaparecerán las competencias legales.
Por eso advierte: “Estamos ante el riesgo de que el jueves 14 amanezcamos sin Ley de seguridad publica en el estado, eso tendría consecuencias bastante complicadas, porque dejarían de fluir los recursos destinados para ese rubro”.
Ante lo delicado del panorama, a pocas horas de que venza el plazo que estableció la Corte, el legislador sostiene que genera mucha sorpresa que parte importante de los diputados no le hayan dado al tema la importancia que tiene.
Aseveró: “Guerrero corre el riesgo de ser un pueblo sin ley a partir del primer minuto del 14 de abril, hasta el momento no tenemos definida la ruta jurídica que habremos de seguir”.
Secretario de
Gobierno
Cuestionado al respecto, el secretario general de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso Núñez, señaló importante establecer que en ese tipo de asuntos, existen disposiciones legales a las que se puede recurrir para salir adelante.
Indicó que hay disposiciones legales que son complementarias, entre ellas la legislación federal en materia de Seguridad Pública.
“Hay que hacer ese análisis jurídico, pero desde luego que no nos quedaríamos sin marco legal, porque las instituciones de seguridad permanecen”, anotó el responsable de la política interna.
Reynoso Núñez, destacó que hasta el momento, el Congreso local no ha intercambiado información con el Ejecutivo respecto al desarrollo de la consulta ordenada en la sentencia de la Suprema Corte, aunque manifestó que se tiene conocimiento de que ya estaba avanzado el proceso encaminado a cumplir con lo requerido.