* Además, solicita la cancelación de 16 órdenes de aprehensión
ALINA NAVARRETE FERNÁNDEZ
RÉPLICA, CHILPANCINGO, GRO.
El Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP) exigió al Gobierno del Estado la liberación de los presos políticos, Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso; y la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización, antes de aceptar recursos del Programa de Soluciones Duraderas.
Unas 35 familias fueron desplazadas de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, debido a la violencia en la región Tierra Caliente en el 2011, por lo que se reubicaron en las localidades La Unión y Tepango, municipio de Ayutla de los Libres; y Tondonicua, municipio de Petatlán.
Gildardo Díaz y Ubaldo Santana eran líderes del grupo de desplazados, pero fueron encarcelados acusados de homicidio y secuestro, delitos que de acuerdo con la organización no cometieron, razón por la que el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” asumió la responsabilidad de asesorar a las familias.
Sin embargo, en conferencia de prensa, el activista Hoguer Morales Miranda informó que el FNLP (mismo que dirige) fue elegido por los desplazados para representarlos en su lucha por la liberación de los presos políticos y su demanda a las autoridades para que les otorguen condiciones para regresar a La Laguna.
Detalló que el pasado 20 de abril, el representante de la Dirección General de Derechos Humanos, Carlos Alberto García Vélez, ofreció a las familias desplazadas 400 mil pesos para terrenos, viviendas y proyectos productivos, mediante el Programa de Soluciones Duraderas.
No obstante, Hoguer Morales afirmó que con esta medida el Estado pretende evadir su responsabilidad en la reubicación de los desplazados en su comunidad de origen, pero el apoyo gubernamental es un derecho.
“En ese sentido, hoy los desplazados acompañados por Hoguer Morales respondieron en un oficio dirigido a Carlos Alberto García que aceptarán los recursos una vez que Gildardo Díaz y Ubaldo Santana sean liberados, y se cancelen las 16 órdenes de aprehensión en contra de los activistas. “Nosotros hacemos este llamado para que el Gobierno del Estado pudiera tener la atención a nuestros compañeros”, concluyó.