*Antonio Barragán Carrasco, se consume en el penal de Atlacholoaya, Morelos
*No le han dictado sentencia de ninguna causa penal, a 21 años que lleva de prisión
ZACARÍAS CERVANTES
NUMERALIA DEL SUR
El sobreviviente de la masacre del Vado de Aguas Blancas e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Antonio Barragán Carrasco, luchador social, defensor de los derechos de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California, se consume en el penal de Atlacholoaya, Morelos.
Con su salud deteriorada por las secuelas de la tortura que recibió para que se declarara culpable de múltiples delitos, entre ellos el de secuestro y homicidio, así como por su avanzada edad y por el prolongado encarcelamiento, sobrevive víctima del antiguo régimen priista, olvidado hasta de las propias autoridades, mismas que no le han dictado sentencia cuando menos en una causa penal, a 21 años que lleva de prisión.
Su caso ejemplifica la persecución que sufrieron los miembros de la OCSS después de la masacre ocurrida el 28 de junio de 1995, luego de que los que sobrevivieron a la masacre fueron perseguidos, acosados y, en muchos casos, obligados al destierro. Otros fueron ejecutados extrajudicialmente y decenas de familias tuvieron que desplazarse de manera forzada, la de Antonio fue una de ellas.
De acuerdo a la ficha técnica del caso Barragán Carrasco, fue detenido el 22 de septiembre del 2001, cuando trabajaba como jornalero agrícola en el Valle de San Quintín, Baja California Norte, y fue presentado y declarado formalmente preso, “con delitos fabricados y asociados a su actividad política”, dos días después, el 24 de septiembre.
Barragán Carrasco es una de las víctimas del ex director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la postre secretario de Seguridad Pública federal, actualmente preso en Estados Unidos, Genaro García Luna.
Al momento de su detención, sin que le mostraran alguna orden de aprehensión, Antonio se encontraba con su familia; sus dos hijos y su esposa, con quienes regresaba de la pisca de algodón. Participaron en la ilegal aprehensión, el particular Eduardo Gallo Tello, vecino de Cuernavaca, Morelos y el comandante de la entonces Policía Judicial de ese estado, Rey David Gutiérrez Flores, así como elementos de la policía de Baja California.
A 21 años de su detención, de acuerdo a su expediente, Antonio tiene abiertas cuatro causas penales que, sumadas las sentencias, en total acumulan 118 años de prisión, aunque en una de ellas hay un amparo que ordenó la reposición del procedimiento y desde el 2019 está en espera de que se le dicte una nueva sentencia.
A lo largo de su proceso en prisión, las autoridades le integraron la causa penal 86/2000-2 por la que fue sentenciado a 40 años de prisión. La defensa presentó la apelación 780-03-16-4 el 30 de marzo 2004, pero las autoridades federales confirmaron la sentencia, por los delitos de secuestro, homicidio calificado, robo calificado y asociación delictuosa, aunque sigue pendiente por resolverse un amparo directo.
Otra es la causa penal 07/2003-1 por la que fue sentenciado a 6 años de prisión, por el delito de delincuencia organizada. En este caso la defensa presentó la apelación mediante el toca penal 14/2007 el 18 de mayo 2007, ante el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, pero se confirmó la sentencia.
La tercera causa penal es la 684/2016 por los delitos de secuestro, robo y asociación delictuosa, por la que fue sentenciado a 40 años de prisión, y la defensa presentó la apelación a través del toca 1606/09-9 el 29 de marzo del 2010 y surtió efectos el 11 de junio 2010.
Barragán Carrasco también enfrenta la causa penal 140/2001-2 por la que fue sentenciado a 32 años 6 meses de prisión por los delitos de homicidio, secuestro y robo. En enero del 2019 presentó un amparo mediante el cual la autoridad federal ordenó la reposición de procedimiento bajo una nueva causa penal que es la 706/16-2 ante el Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia de Morelos y sigue en espera de que se dicte una nueva sentencia.
Barragán Carrasco es acusado por el secuestro y homicidio de la joven Paola Gallo, vecina de Tepoztlán, Morelos, así como del homicidio de tres que participaron en el mismo secuestro.
Paola, fue hija del acaudalado Eduardo Gallo Tello, y fue secuestrada el 9 de julio y asesinada el 18 de julio del 2000.
Ese 18 de julio, según el expediente, los Hermanos Neftalí y Juan Manuel Lima Hernández, así como Miguel Salgado Nájera se proponían cobrar el rescate en Puente Grande de Ocotepec, Morelos, cuando fueron emboscados y asesinados, al parecer por sus mismos cómplices.
Amparado por el poder económico, el padre de la víctima, tomó la investigación en sus manos mediante el tráfico de influencias con la ayuda de “su amigo” Genaro García Luna, quien recientemente había sido nombrado por el presidente Vicente Fox, director de la recién creada Agencia Federal de Investigación (AFI).
Con el aval de García Luna el propio Eduardo Gallo encabezó operativos y participó directamente en las detenciones, interrogatorios y en la toma de declaraciones arrancadas bajo tortura en las que él mismo participó y después convalidó el Ministerio Público.
La participación de García Luna en el caso Barragán Carrasco fue parte de la persecución contra la OCSS que dirigió personalmente García Luna, entonces coordinador de Inteligencia para la Prevención, una sección de la Policía Federal Preventiva creada con cuadros, como él, formados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Registros periodísticos destacan que la obsesión de García Luna contra la OCSS inició en este organismo de inteligencia al que ingresó en 1989 y donde se desempeñó como responsable de Contrainteligencia y Terrorismo.
Su animadversión contra todo lo que significara organización social, popular o campesina y que consideraba como “insurgencia”, se mantuvo a su paso por la PFP y luego lo llevó a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuando se convirtió en su primer titular.
Las torturas
Un día después del asesinato de Paola, el 19 de julio, fueron detenidos como presuntos responsables Anselmo Hernández Benítez, Catalina Olivares Amaro, Fania Tovar García, Petra Benítez Barrios y Librada Tovar García.
A base de tortura, según el documento, Anselmo Hernández, quien es cuñado de Antonio Barragán Carrasco, implicó a este en el asesinato de los tres presuntos secuestradores, pero durante todo el proceso no existen elementos de prueba más que el señalamiento de Anselmo, quien en una declaración posterior aceptó que involucró a su cuñado para evitar que siguieran torturándolo.
El propio defensor social se vio obligado a declararse culpable no sólo del asesinato de las tres personas que supuestamente iban a cobrar el rescate, sino del mismo secuestro de Paola Gallo.
Contó en una parte de su declaración que el 22 de septiembre del 2021 cuando fue detenido, fueron subidos a un vehículo con su hijo y durante el trayecto fueron golpeados y él sufrió lesiones con un instrumento con el que le daba descargas eléctricas Eduardo Gallo.
Recordó que fueron llevados a un paraje solitario donde siguieron golpeándolos y amenazándolos, para que confesara el asesinato de los tres hombres, a cambio le ofrecieron la libertad de su hijo, a quien también le exigieron que confesara que su padre se hacía llamar Arturo (el alias que le inventaron) y que huía de la justicia a causa de los asesinatos.
“Desde el momento de mi detención, durante varias horas y ocasiones, fui víctima de tortura y amenazas para que me inculpara”, denunció en una de sus declaraciones que contiene el expediente.
Dijo: “Fui detenido y torturado por un particular, Eduardo Gallo, y Rey David, policía judicial del Estado de Morelos, en la ciudad de San Quintín, Baja California Norte”.
Aseguró que durante la misma noche del 22 de septiembre, lo tuvieron en Ensenada, aplicándole toques eléctricos “que me provocaron ámpulas y quemaduras en diferentes partes del cuerpo”.
Después lo trasladaron al aeropuerto de Tijuana para llevárselo a la Ciudad de México y luego a la Procuraduría del Estado de Morelos; “durante 6 horas me estuvieron torturando física y psicológicamente, poniéndome bolsas de plástico en la cabeza y dándome de golpes en todo el cuerpo”.
Incluso denunció que en los días, semanas y meses posteriores siguió sufriendo las torturas por el propio Eduardo Gallo en el interior del penal.
“En reiteradas ocasiones, Eduardo Joaquín Gallo y Tello entró al juzgado armado y amenazando a mi familia e intimidándola, logrando mediante tráfico de influencias, amenazas y su poder económico, influir en el juez, de igual forma consiguió que un abogado particular que contrató mi familia abandonara el caso a causa de las amenazas”.
Contó que cuando estuvo como director del penal Sebastián Insunza, permitió que Eduardo Gallo entrara a torturarlo “y estuve castigado por su propio capricho permaneciendo aislado en una celda un año tres meses sin que existiera sustento legal”.
Insistió que fue a base de ese procedimiento que le “fabricaron” varios delitos y le obstaculizaron su defensa, al grado de que su abogado particular fue obligado a renunciar.
“Sufrí una dilación inexplicable en mi proceso hasta que fui injustamente sentenciado el 2 de julio del 2014”. Con eso se puede demostrar que soy víctima de represión por mi manera de pensar, puesto que también se me pretendió vincular como parte de los grupos guerrilleros y por ello la saña en mi contra”.
“Mis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos fueron negligentemente atendidas, sólo se concretaron a enviar oficios al reclusorio, pero nunca me entrevistaron o constataron mi integridad física o psicológica, mucho menos investigaron más allá”.
“No obstante, hoy podemos analizar las irregularidades en las declaraciones y demás actuaciones que permitirán acercarme a la demostración de la tortura”.
Entre estas está el dictamen del Protocolo de Estambul elaborado por Beatriz Hornilla Cuautle, perito en Psicología adscrita a la Dirección General de Especialidades en proceso de transición a la Guardia Nacional, cuyos resultados del 3 de marzo del 2020 establece que Barragán Carrasco dio positivo a la tortura.
Asimismo, el 3 de octubre de 2019, la defensa acudió a la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, con el entonces representante, Octavio Amezcua para plantearle el caso de tortura con el acompañamiento de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
La misma Limeddh presentó la denuncia ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas el 11 de diciembre del 2019.
El 6 de mayo de 2021 la defensa de Antonio presentó un amparo directo ante la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mismo que quedó registrado con número A-0402.
Sin embargo, ninguna respuesta ha recibido, “con todo ello se demuestra que en México los recursos jurídicos son insuficientes”, se quejó a través de la ficha técnica que da cuenta del estado actual de su caso.
En ella solicita a las autoridades jurisdiccionales correspondientes que den atención y seguimiento conforme a derecho a su asunto, y se dice “víctima de tortura y fabricación de delitos por parte de un particular con aquiescencia de las autoridades”.
Asimismo se queja que su salud está deteriorada por las secuelas de la tortura, así como por su edad y la condiciones de prisión prolongada.
Las propuestas técnicas de solución de su defensa para resolver el caso son: Mediante una Ley de Amnistía que pueda decretar el gobierno de Morelos, considerando el caso de alto impacto. Para ello se pide que haya una reunión de los gobernadores de ambos estados, Guerrero y Morelos y promover el seguimiento en conferencia entre los secretarios de gobierno de ambos estados.
Otra opción es promover un recurso de reconocimiento de inocencia o libertad por desvanecimiento de datos, tomando en cuenta lo elementos establecidos en el Amicus Curiae.
Y una tercera es promover los recursos de pre liberación; “sin pasar por alto el que se les otorgue el reconocimiento como víctima de violaciones de los derechos humanos”. Las respuestas del nuevo gobierno siguen en espera.