ALINA NAVARRETE FERNÁNDEZ
RÉPLICA/CHILPANCINGO, GRO.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo 19 observaciones por irregularidades en el Ejercicio Fiscal 2020 del Ayuntamiento de Chilpancingo, durante la administración de Antonio Gaspar Beltrán, entre ellas “Bienes no localizados pagados con el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun)”.
Entre los bienes no localizados pagados con Fortamun está los uniformes que fueron adquiridos para personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que los trabajadores no recibieron según su declaración ante la ASF, por lo que la Contraloría Interna Municipal inició una investigación, para proceder con denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior, lo explicó el contralor Erick Javier García Ocampo, en entrevista durante la audiencia pública que se llevó a cabo ayer en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, tras la polémica por la presunta simulación de entrega de uniformes en la administración pasada.
De acuerdo con Erick García, en una auditoría la institución federal se entrevistó al personal de la Secretaría de Seguridad y refirieron que no contaban con el uniforme, por lo que se reportó que no había evidencia física que comprobara el gasto y se solicitó la reintegración del monto correspondiente.
En este caso, le compete a Antonio Gaspar reintegrar los recursos de lo contrario, la ASF tiene un procedimiento para hacer “promoción de responsabilidad”; es decir, si la administración pasada no aclara la situación, le competerá al actual gobierno actuar.
Pero además, en que caso de que no se aclare la observación, se considera como falta administrativa y se puede proceder en contra de los exfuncionarios municipales de manera penal.
Las otras observaciones que hizo la ASF al Ejercicio Fiscal 2020 del Ayuntamiento de Chilpancingo están relacionadas con transferencia de recursos y falta de transparencia, por lo que la institución federal pidió a la Contraloría Interna Municipal iniciar 8 procesos relacionados con las acciones que no se comprobaron.
“Hay facultades para proceder en contra de los responsables”, dijo Erick García, quien abundó que la propia ASF puede imponer sanciones; mientras que la Contraloría Interna Municipal está trabajando en los expedientes para presentar todas las evidencias e información necesaria que respalden la denuncia que el actual gobierno podría interponer ante la ASE y la FGE, dentro de dos meses.
Añadió que en el Ejercicio Fiscal 2021 también se hizo una observación en relación al faltante de uniformes, donde la empresa contratada no se deslinda, “sostiene que hay un faltante y que no ha podido entregar” debido al tiempo que los trajes llevan almacenos, lo que afecta su calidad.
Sobre el pronunciamiento de Antonio Gaspar, Erick García dijo que no incurrirá en la politización del caso y continuará con la labor que le corresponde.
Por su parte, el primer síndico procurador Andrei Yasef Marmolejo Valle consideró las declaraciones del expresidente municipal son “patadas de ahogado”, pues hay evidencias de “lo irresponsable que fue su administración, en muchos temas”.
Afirmó que “lo más lamentable, absurdo y penoso para nuestros elementos policiacos es que a ellos fue a los que se les engañó”, ya que hubo un acto de entrega simbólico sin que recibieran los uniformes.
Detalló el gobierno saliente argumentó que no se concretó la entrega debido a la toma del Palacio Municipal y otras dependencias; sin embargo, justificó la manifestación pues “se le debían quincenas a los trabajadores” por la irresponsabilidad de esa administración.
Adelantó que una vez que concluya la investigación interna, subirá un punto de acuerdo al cabildo, en su calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Chilpancingo, “para hacer la denuncia correspondiente ante la ASE y la FGE” por los 8 millones de pesos no comprobados.
Reiteró que esta no es la única observación y hay “casi” 70 exfuncionarios municipales que deben explicar distintas acciones administrativas, pero se justifican en que la toma de oficinas impidió la entrega-recepción como se debía; no obstante, cuando la nueva administración generó condiciones para el trámite, “hubo resistencias (…) los entiendo, hay un clima de desesperación”.
Finalmente, dijo que el cabildo decidirá si se procede de manera penal contra los funcionarios del gobierno de Antonio Gaspar y las autoridades correspondientes determinarán el delito a investigar y en su momento, sancionar.