* No sólo era golpeada por su esposo, éste le demandó el divorcio y le quitó a su hijo, argumentando que ella agredía al menor
* El Juez resolvió sin que ella tuviera un traductor, las tres audiencias de conciliación fueron canceladas por la falta de éste
NANCY SANDOVAL
RADIO Y TV OMETEPEC
Sofía López Feliciano, mujer indígena de 25 años de edad, originaria de la comunidad amuzga de Cumbre de Barranca Honda del municipio de Ometepec, Se casó el 15 de diciembre del 2020 con Alfonso López de la Cruz, diez años mayor que ella, indígena mixteco, originario de la comunidad de La Soledad, del municipio de Xochistlahuaca, procrearon un hijo que ahora tiene año y medio de edad.
Ella asegura haber vivido violencia a manos del padre de su hijo, la última vez que la agredió fue el 12 de agosto del 2021 cuando se disponía a amamantar al bebé; su esposo la golpeó en la cara y le arrebató al niño, corriéndola de la vivienda que habitaban en la comunidad de La Soledad.
Después de ese hecho Sofía se refugió en la casa de sus padres en Cumbre de Barranca Honda, y desde entonces no ha podido ver a su hijo porque el padre se negó a entregárselo, su entonces esposo le condicionaba que regresara con él, pero ella – asegura– ya no estuvo dispuesta, sólo reclamaba a su hijo, que desde esa fecha le fue arrebatado por el padre.
Meses después, en febrero del 2022 le demandó el divorcio acusándola no solo de haber abandonado a su hijo sino también de golpearlo; argumentando «el sufrimiento» que pasó con su hijo pequeño ante la ausencia de la madre, Alfonso López solicitó mediante sus abogados, la guarda y custodia, y sin haberse realizado un juicio justo para Sofía, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, Saúl López Merino, resolvió a favor del padre.
Ahí en la «Casa de Justicia» también se violentaron los derechos de Sofía, nunca hubo perito traductor, las tres audiencias de conciliación programadas para el desahogo del caso no se realizaron por falta de éste. El desconocimiento, el miedo y la presión a la que fue sometida la llevó a aceptar las condiciones propuestas por los abogados del padre de su hijo.
En la última audiencia programada el pasado 25 de mayo, que tampoco se realizó por falta del perito traductor, por la intervención de Derechos Humanos y otras instancias, se llegó a un «acuerdo provisional» en el cual se había establecido que el esposo entregaría el niño a Sofía el 1 de junio pasado en las instalaciones del DIF de Ometepec, para que se cumpliera con la convivencia entre el niño y la madre.
Llegado el día y la hora, Sofía acompañada de su padre se presentó en las instalaciones del DIF, pero el padre de su hijo nunca llegó con el niño, regresaron a casa sin saber qué hacer porque no hubo autoridad que diera fé del acuerdo incumplido.
Después de que el padre del hijo de Sofía incumplió el acuerdo, a ella solo le dicen que debe esperar. No sabe qué procede legalmente, pero asegura que solo quiere a su hijo, si su papá no lo quiere mantener ella está dispuesta a trabajar para hacerlo, asegura.
La violencia física
no denunciada
Fue una relación violentada desde el inicio, aunque ella no lo percibía así.
No hubo noviazgo, reconoce Sofía.
Lo conoció cuando trabajaba en una zapatarería de Ometepec. «La dueña una vez me dijo que cómo yo iba andar con señor mayor que yo, que ya tuvo mujer, pero no le hice caso, ahora me arrepiento», lamenta la joven madre.
_¿Pero cómo fue que te juntaste con él?
–»No tardamos mucho (de novios), un día vino mi casa y me llevó a su tierra (La Soledad), ya no regresé mi casa, mi mamá se enojó pero ya no regresé».
Sofía sólo estudió hasta la secundaria en su pueblo natal, es la mayor de 6 hijos de Don José López García y Doña Patricia López López, también amuzgos, originarios de Cumbres de Barranca Honda, él de oficio campesino y ella ama de casa.
No hay ingresos que permitan una vida mejor, no hay sueños, ninguno de sus hijos tuvo acceso a la educación media al menos, las mujeres –menores que ella– también ya son madres.
Acompañada de sus padres, Sofía recibe en su humilde vivienda a quien esto escribe. Don José es quien más se expresa, casi no habla español pero se comprende lo que dice, doña Patricia solo asienta la cabeza, escucha de lejitos y sonríe de vez en cuando.
Con tristeza Sofía narra que desde que estaba embarazada sufrió violencia física a manos de su esposo, pero nunca denunció.
_¿Nunca oíste hablar que la violencia es delito y que la puedes denunciar?
_»No, yo siempre vine mi casa, le decía a mi papá pero él (esposo) venía, pedía perdón y mi papá entregaba otra vez porque ya estaba embarazada».
Recuerda que tenía un mes de embarazo cuando la golpeó con un cable de luz, le azotó los pies y le habían quedado las marcas. Fue la primera vez que se escapó y se refugió en su casa paterna, pero el esposo fue a buscarla, «habló con mi papá y prometió ya no iba pegar, él me entregó», dice frente a don José, quien reconoce los hechos.
Fueron varios momentos de violencia a manos de su esposo, pero el más aterrador que recuerda fue cuando el bebé tenía 40 días de nacido. «Estaba dormida en la cama (con su hijo) y llegó media noche, tomado, enojado y echó gasolina bajo la cama porque iba quemar a nosotros, decía que no era su hijo, pero no encontró cerillo, yo salí mi casa al otro día temprano, busqué su mamá que me ayudara pero solo dijo que yo metiera cárcel a su hijo»… pero nadie hizo nada, todo siguió igual hasta el 12 de agosto del 2020, cuando después de golpearla ella optó por refugiarse nuevamente con sus padres en su comunidad.
Sofía tiene bien presente ese día, recuerda que justo cuando iba a amamantar a su hijo, no solo la golpeó en la cara, dejándole ematomas en el ojo y la boca, sino que también la corrió de la casa. Ella buscó auxilio en la casa de una vecina puesto que ya era tarde, y al día siguiente, sin sus pertenencias, sin dinero y sin su hijo partió hacia su comunidad, a donde seis meses después, en febrero del 2022 le llegó la Notificación de Divorcio Incausado promovido por Alfonso López de la Cruz.
Las presuntas
pruebas contra Sofía
La notificación del divorcio va acompañada con tres actas que dan fé de lo dicho por el esposo, quien acusa a Sofía de violentar constanmente a su pequeño hijo, exponiendo versiones un tanto diferentes.
La primer acta se expide el 16 de agosto del 2021, por el Juez Mixto de Paz de Xochistlahuaca, Ausencio Laso Castro, quien con dos testigos de asistencia, da fe de los hechos expuestos por Alfonso López de la Cruz que a la letra dice entre otras cosas: que el 12 de agosto del 2021 «…Mi esposa llevándose todas y cada una de sus pertenencias personales me abandonó, dejándome con mi menor hijo de tan solo nueve meses de edad»… y más adelante agrega: … «el motivo por el cual mi esposa me abandonó se debió a que siempre que mi hijo lloraba ella lo maltrataba, insultándolo y gritándole palabras obscenas e incluso, reinteradamente lo agredía de forma física»…
La segunda acta es del 30 de agosto del 2021, expedida por el Procurador del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ometepec, René Miranda Rodríguez, en la cual se lee que el día doce de agosto del 2021… «su esposa sin motivo aparente se fue de la casa donde tienen su domicilio conyugal» agregando que «su esposa constantemente agrede a su pequeño hijo»… y que el día doce cuando él llegó de su trabajo «encontró a su esposa golpeando a su hijo»…
La tercer acta es de fecha 5 de enero del 2022, firmada por el comisario municipal de la comunidad de La Soledad del municipio de Xochistlahuaca, Sixto Ramírez Chávez. En esta se dice que … Alfonso López de la Cruz se presentó a dar aviso de que la señora Sofía López Feliciano «maltrataba y le pegaba al niño», y que «se hizo que estaba enferma y se fue abandonando al niño»…
Tanto el comisario, el Juez de Paz de Xochistlahuaca y el representante del DIF de Ometepec dan fé de tales acusaciones pero nunca conciliaron, no hubo ni la más mínima intención de conocer la versión de la madre, dieron por hecho en todos los sentidos la versión del esposo.
Intervención de Derechos Humanos
y la Regiduría de la Mujer
Sofía asegura que no sabía qué hacer con la notificación del divorcio, por lo que pidió apoyo a un padrino de su boda, y fue por esa vía que acudió con María del Carmen Camacho Leines, Auxiliar de la Coordinación Regional de Derechos Humanos, quien a su vez solicitó la intervención de la regidora de Participacipación Social de la Mujer, Rosa Damián Navarrete, interviniendo además la secretaria de la Mujer en el municipio, María del Rosario Torres Guillén.
Pese a la injerencia de estas instituciones Sofía fue violentada en sus derechos humanos, al parecer no tuvo una defensa que le diera la oportunidad de probar su inocencia o al menos que fuera escuchada y escuchar en su idioma las acusaciones que le imputó el padre de su hijo.
A decir de la propia regidora de Participación Social de la Mujer, en el Juzgado se violentaron los derechos de Sofía al carecer de un traductor en su lengua, razón por la cual fueron suspendidas las tres audiencias de conciliación, programadas desde el mes de febrero hasta el 25 de mayo pasado, violando así el Artículo 2° y 8°de la Constitución Mexicana, sostuvo la edil.
Las tres habían celebrado el 25 de mayo que pese a la suspensión de la audiencia por tercera ocasión, lograron un «acuerdo provisional», para que Sofía pudiera tener a su hijo solo dos días, así como lo propuso el padre y avalado por el juez y la propia Sofía, ante la ignoracia y el miedo de ir a la cárcel y perder definitivamente a su hijo.
Entrevistada el pasado 25 de mayo, luego de la firma del acuerdo al que llegaron las partes, la regidora Damián Navarrete había asegurado que «a Sofía no se le escuchaba», por lo que ellas tuvieron que intervenir. «Esta fue la tercera audiencia de conciliación que nuevamente no se lleva a cabo porque no hay perito intérprete, donde estamos haciendo valer el derecho humano consagrado en el artículo 2° de la Constitución.»
«Sofía no demandaba porque tenía miedo, hasta que la demandaron y no supo qué hacer con una demanda porque pensaba que iría a la cárcel», recalcó la regidora que además agregó que se cometió «violencia institucional en el caso de Sofía» porque con estas acciones «se violenta también el artículo octavo constitucional que nos da el derecho a ser oídos de manera pronta y expedita».
Ante esta situación la regidora de Participación Social de la Mujer en Ometepec, hizo «un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, (para) que ponga atención en el Distrito Judicial de Abasolo con cabecera en Ometepec, para que envíe a un perito intérprete para acompañar a las mujeres amuzgas y mixtecas en sus audiencias, caso claro el de Sofía».
