*Hilda Leguideño, madre de uno de los normalistas desaparecidos, acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala
*Indica que hay un testigo protegido que asegura que 25 normalistas fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre
*Dijo que el propio presidente López Obrador se ha negado a dar órdenes para Ejército entregue la información necesaria
JESÚS GUERRERO
AMAPOLA PERIODISMO
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales y del magisterio iniciaron una jornada de lucha en protesta porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha paralizado las investigaciones del caso para proteger al Ejército Mexicano y a funcionarios de la ex tinta Procuraduría General de la República (PGR).
«Desde el 2018 a la fecha se han realizando investigaciones pero de manera parcial y hoy podemos decir que hay un estancamiento en ellas que impide conocer lo sucedido», señaló Hilda Leguideño Vargas madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa.
Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
«Las nuevas indagatorias establecen que las fuerzas armadas están implicadas en distintos niveles de la desaparición de los 43 ya que (el Ejército) realizó un monitoreo desde su salida de la normal de Ayotzinapa, su llegada a Iguala, los momentos de la agresión que sufrían los jóvenes y su desaparición», externó.
La madre del normalista desaparecido afirmó que el 26 de septiembre del 2014, las fuerzas armadas patrullaron (las calles de Iguala) y presenciaron la agresión que sufrían los jóvenes e hicieron contacto con algunos de ellos e inspeccionaron lugares como en los separos de la policía municipal donde probablemente se encontraban detenidos un grupo de estudiantes.
«Además (el Ejército) mantenía un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos y algunos mandos del 27 Batallón que estaban en la nómina del grupo delictivo», expresó.
Indica que hay un testigo protegido que asegura que 25 normalistas fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre.
«Fueron interrogados (los estudiantes) y algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo que privó de la vida a todos los estudiantes en cautiverio», expresó.
Hilda Leguideño señala que el Ejército Mexicano posee toda la información y los datos de prueba que permitirían esclarecer los hechos, pero se ha negado a proporcionarla pese a que ha sido requerida por las autoridades.
Denunció que tampoco las autoridades han investigado y corroborado la responsabilidad de los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería de Iguala pese al señalamiento directo de testigos.
La madre del normalista desaparecido dijo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a dar órdenes para Ejército Mexicano entregue la información necesaria.
«Definitivamente los hilos de la investigación que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del Ejército Mexicano», dijo durante el mitin Guadalupe Leguideño.
La jornada
Los padres de los 43, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), estudiantes de las 16 normales rurales del país, colectivos de familiares de los otros desaparecidos y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) iniciaron la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida.
Los manifestantes arribaron a Chilpancingo a bordo de 20 autobuses e iniciaron una marcha de la estatua Nicolás Bravo hacia la alameda Granados Maldonado.
Las actividades de los padres de los 43 y organizaciones sociales, incluyen marchas en Acapulco, Ciudad de México y un plantón en la autopista del Sol en Chilpancingo.
Durante el mitin aquí en Chilpancingo, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, condenó que este gobierno de Obrador ni siquiera ha podido extraditar a Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se encuentra refugiado en Israel.
A Cerón de Lucio se le señala de haber presenciado y tolerado la tortura de quienes fueron detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A petición del gobierno mexicano la Interpol ya lo tiene fichado sin embargo no ha podido ser extraditado pese a que enfrenta varias órdenes de aprehensión en su contra.
Desde el 2018, fecha del arribo de Obrador a la presidencia, se han librado órdenes de aprehensión contra diez ex funcionarios por diversos delitos del caso Ayotzinapa.
Algunos de estos ya están detenidos.
«Sólo se han realizado búsquedas para encontrarlos muertos, pero no los buscan vivos y mucho menos detienen a los verdaderos responsables», dijo uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa durante el mitin.
La protesta de los padres y organizaciones sociales concluyó con el himno Venceremos.