*Enumeran la desaparición de los videos del Palacio Judicial de Iguala, la responsabilidad de policías estatales en la desaparición y asesinato de normalistas
*Así como la responsabilidad que pudieron tener exfuncionarios que de altos cargos, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador Iñaki Cabrera Blanco, y el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez,
*La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala, este viernes 10 de junio, y sábado y domingo en la Ciudad de México
ÁNGEL GALEANA/RÉPLICA
CHILPANCINGO, GRO.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa emplazaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que contribuya con las investigaciones del caso y cumpla con las compromisos de campaña respecto a atender aspectos desde el nivel estatal, como la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, y la investigación en contra de policías del estado que habrían participado en interrogación y asesinato de estudiantes, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los padres de los 43, respaldados por alumnos de la normal y representantes de organizaciones sociales realizaron un mitin en el Palacio de Gobierno del estado en su cuarto día de protestas para exigir justicia en el caso y presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que el mitin en Palacio de Gobierno era para “emplazar a la gobernadora para que contribuya con el caso Ayotzinapa”.
Recalcó que si bien el caso lo lleva el Gobierno federal y la Fiscalía General de la República, la complejidad de los hechos conlleva a principalmente tres aspectos en los que puede contribuir el gobierno del estado: la desaparición de los videos del Palacio Judicial de Iguala, la responsabilidad de policías estatales en la desaparición y asesinato de normalistas, y con la responsabilidad que pudieron tener ex funcionarios que de altos cargos.
El asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.
“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.
Expuso que con base en 2 testigos directos, cuyas declaraciones fueron tomadas por el Ministerio Público y ante un juez, un grupo de entre 6 y 7 estudiantes de la normal fueron detenidos por la policía estatal, llevados a una casa de seguridad en el centro de Iguala y algunos asesinados ahí mismo.
Videos
Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.
Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.
Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.
«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.
Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.
«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.
Acusó que alguien ingresó al edificio el 27 de septiembre y extrajo la información, además que el sistema de videograbación era controlable vía remota, “es decir, que a petición de alguien se pudo extraer la información”. A pesar de ello, cuestionó que no hay ningún proceso abierto contra nadie.
Otro aspecto que exigen que se investigue desde el estado es la presunta responsabilidad del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador Iñaki Cabrera Blanco, y el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, principalmente los últimos dos, debido a que datos de prueba y un testimonio exhibieron que recibían 50 mil dólares mensuales como soborno de Guerreros Unidos.
«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.
Compromiso
Rosales Sierra dijo que “cuando iniciaba la campaña de este gobierno” tuvieron acercamientos “cuando eran candidatos “y les pidieron atención a los tres puntos mencionados, y el compromiso de la Gobernadora fue atenderlos, pero a 8 meses de entrar en funciones no han sido llamados un diálogo y tampoco ha habido manifestaciones discursivas sobre el caso.
“No hemos tenido ninguna seña de algún acercamiento, no hemos tenido ni siquiera una mención expresa del Gobierno, de la Gobernadora respecto de la presentación con vida de los 43. En ninguno de los discursos se han referido a esta grave violación a los derechos humanos cometida en Guerrero”, reclamó.
El abogado consideró que el caso Ayotzinapa es una agenda pendiente de la administración estatal dado que lacera la vida pública y no se pueden sentar las bases de una transformación si no está esclarecido el paradero de los 43.
Jornada
de lucha
Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.
Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.
La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.
