YONATHAN BAUTISTA
SAN LUIS ACATLÁN, GRO.
Las impugnaciones que la CRAC-PC realizó en torno a las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero, han sido atendidas y ahora solo están esperando que el proceso concluya, señaló en entrevista el coordinador y vocero de la CRAC-PC, Raúl de Jesús Cabrera.
“Son tres reformas que hizo el Congreso del Estado, y ahorita se le está pidiendo que informe sobre la consulta que realizó y sobre la ley 779 (antes 777), que es la ley de seguridad del estado”.
Indicó: “Eso es lo que pedimos cuando acudimos a una audiencia con el ministro Alfredo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien fue el ponente en esta acción de inconstitucionalidad de la ley de seguridad del estado de Guerrero”.
“Se le pidió hacer una revisión minuciosa sobre el proceso que llevó el Congreso del Estado, y que se apliquen las sanciones correspondientes por desacato de una orden federal, porque para nosotros solo fue una simulación, donde ellos solo recabaron firmas de autoridades y llevaron a cabo unos talleres, con eso, ellos justificaron que hicieron la consulta. No se cumplió con lo que se mandato por parte de la SCJN”.
_¿Qué ha informado la Suprema Corte?
_El día de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia nos dijo que no habría de qué preocuparse, porque aunque el Congreso quiera eliminar el nombre de la CRAC, dentro del Artículo Segundo de la constitución se habla que México es un país pluricultural donde existen los pueblos indígenas y es permitido organizarse política, socialmente y como se acuerde, esto más los acuerdos internacionales que reconocen nuestra existencia.
Lo que dice el ministro es que no se tiene por qué pedir permiso al Congreso del Estado, sino que ellos están obligados a velar por los derechos de los pueblos indígenas y sus instituciones, en este caso que es la procuración de justicia y seguridad de la policía comunitaria.
El Congreso violó los derechos de los pueblos indígenas al no tomar en cuenta su estancia de seguridad, eso es lo que nos informa el ministro.
Posteriormente hubo otra audiencia con otro ministro sobre el artículo 14 de la Constitución del Estado.
Este viernes tenemos otra audiencia con la Defensoría Federal, puesta por la SCJN, a la cual van a acudir nuestros asesores jurídicos para que se avance sobre lo que haga falta.
Le hicimos saber al ministro que no estamos de acuerdo en que se aplique una sanción económica al Congreso del Estado, porque eso lo tomarían del presupuesto que ellos manejan y no se trata de eso.
Al contrario, pedimos a la SCJN que si detecta que no se cumplió con lo mandatado y se amerita el desafuero, adelante. Se hablaba de una pena por desacato de una orden federal, en eso estamos.
Hasta ahorita el diputado indígena Macedonio es el único que ha estado dando la batalla, ha votado en contra de lo que el Congreso ha propuesto en el tema, así como Beatriz Mojica votó en contra cuando se pretendía aprobar la reforma que la gobernadora devolvió por inconsistencias.
_¿Cuáles han sido las reacciones por parte del Congreso?
_En las reuniones y mesas de trabajo que hemos llevado a cabo con el Gobierno del Estado, ellos saben que la ley fue impugnada y que esas acciones las estamos promoviendo nosotros como CRAC-PC, las cinco casas de justicia estamos en esto, trabajando vía CNDH.
Vamos a estar atentos y dijimos que cualquier reforma que se haga, en la que no se respeten nuestros derechos, va a ser impugnada.
Por eso se abrió el espacio del Gobierno del Estado de proponer una nueva iniciativa, que sea revisada y la gente decida cómo quiere que se le respeten sus derechos.
_¿Qué viene para la CRAC-PC?
_Hemos informado constantemente en nuestras asambleas sobre lo que se está haciendo, sobre las asambleas y mesas de trabajo realizadas. Vamos a seguir informando, posteriormente vamos a tener una nueva reunión para informarles que ya están surtiendo efecto las impugnaciones que se realizaron.