BALTAZAR JIMÉNEZ ROSALES
ZÓCALO/CHILPANCINGO, GRO.
El director general del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, reiteró ayer que el Congreso del Estado sólo utilizó a los pueblos indígenas y afromexicanos, porque la consulta que llevaron a cabo en marzo pasado no fue tal, sino sólo una simulación.
Insistió en que lo que hicieron los diputados locales en lo que llamaron consulta es acudir a los pueblos indígenas y afromexicanos para que sus autoridades les firmaran los documentos que ya llevaban.
Y es que el Juzgado Séptimo de Distrito ya le notificó al Congreso local de una acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la cual piden la invalidez de la ley 179 aprobada el pasado 2 de abril en materia de seguridad, por considerar que de nueva cuenta se vulneró el derecho a la consulta de los pueblos indígena y afromexicanos.
Cuestionado al respecto, el dirigente del Centro de Derechos Humanos “Tlacninollan”, expresó que la realidad fue que “no había ninguna propuesta de ley que pudieran analizar…fue una simulación que nosotros lo denunciamos públicamente, porque ignoraron tanto a las comunidades, a las autoridades como a los mismos procedimientos que pide la ley”, señaló.
En consecuencia, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó al Poder Legislativo otorgue los pormenores de la consulta realizada y todos los trabajos en torno a la nueva ley que los legisladores aprobaron.
En este sentido, Barrera Hernández dijo que internacionalmente hay protocolos para implementar una consulta, donde debe haber participación de las comunidades indígenas desde un primero momento, y en este caso no hubo tal, “solamente los usaron”, reiteró.
Agregó que el ejercicio de los diputados fue simular en su visita a algunas comunidades y convocar a reuniones donde sólo les pidieron firmar los documentos donde se señalaba su presencia en esos lugares y la consulta.
“Esto ya fue notificado por parte de los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento; ya se hicieron dos visitas con ella, con sus abogados, con el personal e hicieron lo propio: la acción de inconstitucionalidad, como pasó en el periodo pasado cuando se impugnó y por esa razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación está pidiendo se les informe”, explicó.
Barrera Hernández, dijo que más allá de los documentos que los legisladores entregaron a la SCJN, así como con algunas relatorías, “van a querer engañar a la SCJN”, y ahora el Congreso local tendrá su prueba mayor que será demostrar lo que hicieron ante el máximo órgano jurisdiccional del país.
Refirió que integrantes de la CRAC visitaron a dos ministros de la SCJN, para exigir que se hiciera la consulta y en ambos casos, se dijeron respetuosos de las observaciones, pero será el pleno de la SCJN el que determinará lo realizado por el Poder Legislativo local.
Cuestionado sobre la Ley 701 y el Artículo 14 Constitucional, Barrera Hernández dijo que se estará haciendo una acción similar porque se trata de “la misma afectación” del derecho a la consulta, pero recalco que esto es un primer paso, en este caso de la Ley 179 de Seguridad Pública, “de espaldas a los pueblos indígenas y afromexicanos”.
El líder social crítico que los diputados de los diversos partidos políticos tienen intereses particulares, de fracciones y de grupo, llevando a cabo sus propias valoraciones, porque lo que hicieron no es proteger a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, como ya se vio en legislaturas pasadas.
Subrayó que los diputados mantienen una visión racista, egocéntrica, arrogante, interrogante y nada dialogante con los pueblos y comunidades, porque sienten que por tener los recursos públicos a su alcance pueden hacer consultas y no necesitan diálogo y menos que les cuestionen la forma en que actúan, apuntó.