*Los partidos reclamaron los criterios del TEPJF sobre la pérdida del modo honesto de vivir de funcionarios sancionados por violar la Constitución y leyes en procesos electorales
RUBÉN MOSSO
MILENIO/CDMX
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las acciones de inconstitucionalidad que promovieron los líderes nacionales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) con las cuales pretendían blindar a servidores públicos que buscan un cargo de elección popular, pese a estar sancionados en materia electoral.
A pesar de la resolución del ministro, los institutos políticos aún pueden promover un recurso de revisión para que el caso sea analizado por otro ministro de la Corte y determine si se les da entrada.
En un nuevo acuerdo publicado se da cuenta de lo siguiente:
“Se desechan de plano, por notoriamente improcedentes, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Mario Martín Delgado Carrillo, quien se ostenta como persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y por los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo”.
Ambos partidos políticos reclamaron los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que establecen que la Sala Especializada y los tribunales electorales locales deben examinar los casos sobre la pérdida del modo honesto de vivir de funcionarios sancionados por violar la Constitución y leyes en procesos electorales, situación por la que estarían impedidos para ser candidatos.
Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron después de que el TEPJF determinó que 15 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incurrieron en “ilícitos constitucionales” y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato tras difundir propaganda gubernamental y personalizada.
Por este motivo, los magistrados electorales avalaron que las próximas denuncias que se presenten por ilícitos electorales, que involucren a funcionarios, se analizará la pérdida del modo honesto de vivir, lo que les impediría acceder a cargos de elección popular.
Mario Delgado, líder nacional de Morena, solicitó a la Corte que se declarara la invalidez de los criterios establecidos en la sentencia SUP-REP-362/2022 y sus acumuladas, que obligan a todas las autoridades electorales del ámbito federal y local, para que, al momento de resolver los procedimientos sancionadores analicen y, en su caso, declaren la suspensión del requisito de elegibilidad consistente en contar con un modo honesto de vivir.
“De lo anterior se puede advertir que la Sala Superior del TEPJF carece de competencia constitucional para hacer subsistir con rango equivalente a ley dichos criterios, aun cuando la subsistencia de los criterios generales en mención solo sea hasta sea hasta en tanto se legisle al respecto…”, detalla el escrito del líder de Morena.
En junio pasado, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que dio cuenta de un total de 98 ilícitos cometidos por la jefa de Gobierno y 15 gobernadores de Morena durante el proceso de revocación de mandato, desatendiendo los llamados del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por este motivo, propuso generar nuevos lineamientos con sanciones que lleven incluso a perder el modo honesto de vivir, lo cual les prohibiría participar en cargos públicos.
El magistrado exhibió un centenar de publicaciones de cada uno de los implicados, en los que incurrieron en dos ilícitos distintos: difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido y propaganda personalizada en la mayoría de los casos, a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, señaló decenas de publicaciones en redes sociales en las que durante los meses del proceso de revocación de mandato se violó principalmente el artículo 134 constitucional.
Las publicaciones destacan logros de sus gobiernos como obra pública, inauguraciones, supervisiones, programas de apoyo a la sociedad, proyectos de infraestructura, entrega de apoyos, firmas de inversiones, equipamiento, rescate de espacios públicos, visitas a la población como tipo mítines, anuncios de proyectos o datos sobre disminución de seguridad, operativos de prevención o detenciones que no entran en las excepciones de propaganda gubernamental para este periodo.