*La Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero Alejandro Moreno como presunto responsable de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de dicha entidad
FERNANDO DAMIÁN
MILENIO/CDMX
El legislador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, negó sentir miedo ante el inminente inicio del proceso de desafuero en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
—¿Teme que lo lleven a la cárcel con este desafuero?— se le interrogó.
«Nosotros estamos firmes y listos; al final del camino nosotros estamos por el respeto a la ley, a la Constitución, eso sí, siempre de cara al pueblo de México, sin ocultar nada», atajó.
—¿Nada de miedo?— insistieron los representantes de los medios informativos.
«Nada, cero, nunca, pues si siempre he estado siempre de frente», dijo.
Entrevistado al finalizar la reunión plenaria de la coalición “Va por México” en la Cámara de Diputados, Moreno sostuvo que atenderá el proceso de manera firme y hacia adelante.
Evitó, sin embargo, abundar sobre el proceso para retirarle el fuero que la mayoría parlamentaria de Morena prevé resolver en fast-track durante el periodo ordinario de sesiones por comenzar este 1 de septiembre.
“La Cámara de Diputados tiene sus mecanismos, su proceso, y siempre dejar claro: respeto total a la Constitución”, indicó el líder priista.
La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el 16 de agosto a la Cámara de Diputados el desafuero Alejandro Moreno como presunto responsable de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de dicha entidad.
El fiscal campechano, Renato Sales, detalló que tan sólo la “mansión” del acusado en la capital de Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos, a lo que se suman cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en más de 50 millones.
Reveló, sin embargo, que el Ministerio Púbico no halló joyas ni autos de colección durante el cateo al referido domicilio.
“Lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito precisamente es la desproporción ente los ingresos devengados y lo que se declara patrimonialmente y las propiedades ya valuadas”, puntualizó.