*De participar en la fundación de la CRAC, pasó a tener el control absoluto de la UPOEG, para luego enfrentar el fenómeno de la infiltración
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
Aunque su nombre saltó a la fama en enero de 2013, cuando encabezó la autodefensa más importante de la década en la Costa Chica, con la aparición pública de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio es parte de la generación de dirigentes indígenas que le dieron vida al proyecto de seguridad y justicia más atesorado en los pueblos originarios de esta parte del país, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Plácido Valerio es un indígena Mixteco, nació en marzo de 1969 en el municipio de Azoyú, pero durante su adolescencia se mudó a la comunidad de Linda Vista, municipio de San Luis Acatlán.
Antes de involucrarse en el movimiento social, Bruno se ganaba la vida como comerciante en pequeño, hay quienes señalan que también llegó a incursionar en el transporte, aunque nunca tuvo una concesión.
En la segunda mitad de la década de los 90s, en San Luis Acatlán, municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero comenzó a gestarse la creación de la Policía Comunitaria, justificada por los altos índices delictivos que prevalecían en el corredor que va hacia la región Montaña, la impunidad hacia los perpetradores y el abandono institucional.
Bruno y su hermano Cirino, quien falleció en diciembre de 2019, fueron parte del desaparecido Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Negra (CG500ARI), organización que antes de desintegrarse ayudó en mucho a la cimentación de lo que ahora es la CRAC-PC.
Al principio la Policía Comunitaria existió como un órgano auxiliar en materia de seguridad pública de los pueblos, que detenía infractores y los canalizaba hacia las agencias de los Ministerios Públicos o las direcciones de Seguridad Pública de los municipios.
El problema al que se enfrentaban, es que por la vía del soborno, el arreglo por afinidad o parentesco, los delincuentes eran liberados y regresaban a los pueblos para cobrar venganza.
Es entonces que se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que tras una discusión de varios años dio vida al proceso de reeducación, que permite a los pueblos originarios realizar trabajos de prevención del delito, investigar, detener y sancionar.
Dicho proceso ha sido desaparecido del marco legal, por considerar que concentra facultades de los tres poderes públicos en una sola figura, lo que choca con la Constitución General de la República.
Los hermanos Plácido Valerio estuvieron al frente de la CRAC durante varios años, pero entre 2010 y 2011 fueron desplazados y al resistirse a ceder el control, entraron en choque con los nuevos representantes de las casas de justicia.
El surgimiento
de la UPOEG
Marginado de los órganos de control de la CRAC-PC, Bruno comenzó a trabajar desde Ayutla de los Libres en la creación de una nueva organización, la UPOEG, que durante sus primeros años se dedicó a la gestión de proyectos productivos para las comunidades indígenas de la Costa Chica, Montaña, algunas de la región Centro y también llegó a tener presencia en la Zona Norte.
El problema que se presentó a la Unión de Pueblos, es que muchos de los recursos que debían llegar a los beneficiarios de las gestiones, se quedaban en las manos de los grupos del crimen organizado que durante el sexenio de Felipe Calderón llegaron a prácticamente todas las comunidades.
Entonces, conocedor del esquema en el que se desenvolvió la CRAC, Plácido Valerio comenzó a trabajar en el diseño de un nuevo sistema de defensa armada en los pueblos, aunque en esa nueva faceta, operarían en zonas habitadas mayoritariamente por población mestiza.
Por esa razón, cuando la UPOEG surgió a la luz publica, en enero de 2013, las casas de justicia de la CRAC-PC inmediatamente se desmarcaron de la nueva organización y públicamente prohibieron a sus integrantes manejarse como policía comunitaria y más aún, utilizar la playera color verde olivo que la identificaba.
La UPOEG tomó el camino de la autodefensa armada un 6 de enero de 2013, teniendo como centro de operación Ayutla, de ahí se extendió hacia Tecoanapa, Copala, Cruz Grande, Marquelia, Azoyú y San Marcos.
Al paso de los años llegaría hacia los municipios de Juan R. Escudero y Chilpancingo, de la región Centro y la zona Rural de Acapulco.
Un señalamiento que la CRAC-PC siempre hizo a la UPOEG, es que nunca definió un reglamento interno y los integrantes de su policía ciudadana no siempre son nombrados en asamblea, lo que abre las puertas a la infiltración del crimen organizado.
El fantasma
del crimen
Durante las últimas semanas, la Unión de Pueblo ha sido señalada por el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celeya Gamboa de estar infiltrada por la delincuencia, por lo menos en la zona rural de Acapulco.
Dicha acusación ha sido compartida por el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República, Ricardo Mejía Berdeja.
El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwid Marcial Reynoso Núñez, ha señalado que la infiltración es parcial, pues en la mayoría de los pueblos de la Costa Chivca sí se cumple con nombrar a los policías ciudadanos en asambleas de los pueblos.
Plácido Valerio ha reconocido el problema de la infiltración, pero ha dicho que no es sólo del crimen, el mismo Ejército y las corporaciones policiacas han tratado de involucrarse, pues resulta atractiva la posibilidad de controlar a una organización que tiene más de 5 mil hombres armados en diferentes puntos de la entidad.