*No hay indicios de que normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida, dijo ayer el subsecretario Encinas, al presentar el informe de la Comisión Especial
*Señaló que las evidencias acreditan que fueron “arteramente asesinados y desaparecidos” por agentes policiacos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como de la Policía Federal, policías estatales y miembros del Ejército
*“Hay elementos suficientes” para que la FGR investigue a 33 personas, dijo. No descartó que entre éstas se encuentre el ex gobernador Ángel Aguirre, pero no así el ex presidente Peña Nieto
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados y luego desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. No hay ningún indicio de que estén con vida y sólo se buscan sus restos en por lo menos 4 sitios de Guerrero, informó ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Señaló: “Es un crimen de Estado. Todas las autoridades estuvieron informadas de los hechos de persecución y violencia contra los normalistas, las omisiones en que incurrieron esas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad por acción, omisión o negligencia”.
Explicó que como Covaj puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en específico de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa, información para judicializar la responsabilidad de la desaparición y la construcción de la “verdad histórica” a 33 personas, en donde no descartó que se encuentre el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y que incluye a exfuncionarios públicos de dependencias estatales y federales, descartando al expresidente Enrique Peña Nieto.
Además, expuso que el Ejército Mexicano pudo impedir la detención y desaparición de los jóvenes, porque tenía un infiltrado entre ellos, quien les estuvo mandando informes en tiempo real, pero no actuaron.
La hipótesis que tiene esta Comisión, es que los normalistas acudieron a la Central de Autobuses de Iguala y se llevaron un autobús que llevaba “mercancía”, que se entiende era “droga o dinero”, unidad que fue interceptada cerca de Palacio de Justicia de Iguala, ahí fueron bajados unos normalistas y luego el camión salió hacia Morelos, “ya recuperamos la mercancía”, indicaron en mensajes y llamadas telefónicas.
El informe
El gobierno de México dio a conocer este jueves 18 de agosto el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que los jóvenes no están con vida, sino que fueron arteramente asesinados y desaparecidos. Además, que fue un crimen de Estado, en el cual participaron delincuentes, agentes oficiales, policiales, militares, así como funcionarios federales del más alto nivel.
A más de cuatro años de creada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), su presidente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó sus conclusiones.
Uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante campaña en 2018 fue esclarecer la desaparición forzada de los normalistas ocurrida en septiembre de 2014, dijo.
Y espetó: “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
En conferencia de prensa en el Salón de la Tesorería, Encinas Rodríguez presentó el primer informe de la Covaj luego de que hiciera lo propio ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas, las organizaciones civiles que los representan y los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el fiscal Alejandro Gertz Manero y los secretarios de Defensa Nacional y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Rural, entre otros funcionarios federales.
Encinas Rodríguez inició la conferencia de prensa reconociendo que la reunión previa con los familiares de las 43 víctimas fue “difícil, dolorosa”, al confirmarse que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Como presidente de la Covaj, Encinas Rodríguez confirmó datos que se habían proporcionado en informes anteriores en los informes del GIEI, así como la conclusión de “la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivos Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado”.
Al reconocer que en la desaparición de los jóvenes, participaron agentes policiacos de los municipios de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como de la Policía Federal, policías estatales y miembros del Ejército Mexicano, Encinas Rodríguez advirtió que en la fabricación de la “verdad histórica” hubo intervención del más alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto para construir “una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientado la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”.
«La Verdad Histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder», aseguró el subsecretario.
«Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula», sostuvo Encinas.
Numeralia
El funcionario presentó una numeralia de más de 41 mil documentos obtenidos de 15 instituciones, entre ellas la Sedena; de la consulta de 233 carpetas de investigación; de la sistematización de más de 17 mil intervenciones telefónicas realizadas entre el 23 y el 30 de septiembre de 2014 a “133 sujetos”; de las 101 acciones de búsqueda, que derivaron en la localización de 27 cuerpos, más de mil restos óseos, durante 675 jornadas de trabajo.
Explicó que la mayoría de los documentos están sistematizados, provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno de Guerrero, la Fiscalía General del Estado, la PGR, testimonios de sobrevivientes, análisis de llamadas telefónicas y mensajes de personajes clave”.
Alejandro Encinas dijo que el gobierno de Estados Unidos proporcionó 100 horas de video y de llamadas telefónicas que intervinieron de líderes del cartel Guerreros Unidos de Iguala y señaló que se ha “podido acreditar actos de tortura para obtener confesiones de la mal llamada ‘verdad histórica’, y se les dio seguimiento a 100 sujetos de hechos posteriores a la desaparición”.
Reveló además que la Sedena y la Marina entregaron 9 mil documentos adicionales “todos los cuales digitalizados y entregados a FGR, a la Unidad especializada para este caso y pedimos que esa información se incorpore a la carpeta de investigación”.
Dio a conocer que se han obtenido 115 testimonios voluntarios con personas vinculadas con el caso, “3 son perpetradores, 4 personas más que fueron puestas en libertad, 15 que siguen privados de su libertad, hay testimonios de 23 estudiantes, 11 ex funcionarios y 59 testigos, lamentablemente en este proceso han sido ejecutados 26 personas; 14 son personas de Guerreros Unidos, 3 familiares de personas vinculadas a Guerreros Unidos, 2 personas del cartel Gente Nueva, 7 testigos o involucrados e incluido Mario Casarrubias Salgado, quien encabezaba Guerreros Unidos y había colaborado hasta que falleció”.
Informó que continúan con el proceso de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, con quien se reunieron el 16 y 17 de febrero de este año en Tel Aviv, al que “se ofreció el criterio de oportunidad que no aceptó. “Esperamos pronto avance un acuerdo de colaboración y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos que se le acusa y en caso de colaboración eficaz tener algún beneficio de la ley”, precisó Encinas.
La búsqueda
continúa
Indicó que 32 restos óseos, por sus condiciones favorables fueron remitidos a Insbruck, Austria, los cuales han podido confirmar científicamente en 99.99.99 por ciento la identidad de 3 estudiantes y lo cual es público. “Se han enviado más restos, pero no se ha encontrado material genético suficiente para lograr su identificación, se buscará otro sistema de identificación para confirmar cuando menos el grupo familiar”.
Aseguró de acuerdo con las primeras conclusiones, que los estudiantes no estuvieron juntos tras su desaparición, además de que nunca estuvieron en el basurero de Cocula.
Sin embargo, afirmó que la búsqueda de los normalistas «continúa» y es necesario mantener los trabajos para localizarlos en: la ribera del Río Balsas y la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalpa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha del Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepehuaje.
El Ejército
no actuó
Sobre el proceso de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el subsecretario de Gobernación reconoció que al exfuncionario se le ofrecieron “criterios de oportunidad” para colaborar con las autoridades mexicanas a fin de localizar a los estudiantes, sin que hasta el momento se haya logrado convencerlo de apoyar a las autoridades.
Encinas Rodríguez también confirmó que la normal de Ayotzinapa estaba infiltrada por miembros del Ejército Mexicano, entre ellos el soldado Julio César López Patolzin, uno de los normalistas desaparecidos, y que estaba bajo las órdenes del teniente de Infantería, Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería.
El funcionario explicó que, de acuerdo con la información obtenida, la última comunicación que tuvo López Patolzin con sus superiores fue a las 10:00 horas del 26 de septiembre, por lo que las autoridades castrenses habrían incurrido en irregularidades al no haber implementado el “Protocolo para militares desaparecidos”.
Para el funcionario, de haberse aplicado dicho protocolo “hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, es decir, podría haberse evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.
autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.
Explicó: “Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre”.
Explicó que los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares.
Encinas retomó información ya conocida sobre el conocimiento de las autoridades estatales, federales y castrenses sobre la movilización de los estudiantes para hacerse de camiones de transporte, hasta “los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto”.
Responsabilidades
El funcionario puntualizó que el caso Ayotzinapa revela que las omisiones de las autoridades de nivel municipal, estatal y federal “acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.
Horas después de darse a conocer la información, en un brevísimo comunicado, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos indicaron que “por su complejidad y dureza la están analizando”.
Al destacar que el documento reconoce “que ha habido obstáculos militares y ministeriales”, los familiares de los estudiantes desaparecidos anunciaron que fijarán una postura frente al informe de la Covaj “cuando concluyan su valoración y cuenten con la opinión de los expertos del GIEI”.
