REDACCIÓN/BP
CIUDAD DE MÉXICO
Entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en México de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Hallazgos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México”, elaborada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández, resalta que, en el periodo de 2006 a mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, Ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan el 71.8% del total de las registradas.
El documento del IBD explica que, del 15 al 26 de noviembre del año pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) visitó nuestro país debido a la existencia de información que revela violaciones graves de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
El informe del CED reconoce que a partir de 2006 se incrementó la desaparición de personas en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la cual, además de los agentes públicos federales, estatales y municipales, la delincuencia organizada se sumó como actor perpetrador central de las desapariciones.
Derivado de su visita a nuestro país, el Comité de la ONU formuló una serie de recomendaciones para el Estado Mexicano, entre las que se encuentran asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.
En el caso particular del Poder Legislativo, se recomendó entre otras cosas, dar seguimiento a la implementación de las leyes creadas para atender la problemática y asignar el presupuesto necesario para las comisiones de búsqueda del país.