BALTAZAR JIMÉNEZ ROSALES
ZÓCALO/CHILPANCINGO, GRO.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, Gabriela Bernal Reséndiz, aplaudió la iniciativa de ley que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda enviará al Poder Legislativo para tipificar como delito el matrimonio forzado entre menores de edad.
La legisladora local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó la importancia de que se eleve a delito esta práctica que se da en las comunidades indígenas de la Montaña y Costa Chica, principalmente, y en este sentido consideró que los “usos y costumbres” no pueden ser un argumento o justificación válida para llevarlas a cabo.
En cuanto al anuncio hecho por la titular del Ejecutivo hace unos días acerca de que enviará al Congreso local una iniciativa para tipificar como delito el matrimonio forzado entre menores de edad, Bernal Reséndiz simplemente aplaudió esta decisión por parte de la mandataria estatal.
“Celebramos esta iniciativa para erradicar la violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres en algunas regiones del estado, esto, para erradicar todo matrimonio forzado; celebramos todas las acciones que vayan encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero”, expresó la legisladora.
Y es que reconoció que desgraciadamente este tipo de prácticas siguen dándose en el estado, pues incluso muchos casos han trascendido a los medios de comunicación y las “redes sociales” y lamentó que este tipo de prácticas como el matrimonio entre menores de edad se siga dando por usos y costumbres, a pesar de que lacera a toda la ciudadanía de Guerrero, porque las niñas deben de estar en la escuela.
Mencionó que particularmente el matrimonio forzado entre niños ocurre en las regiones de la Costa Chica y la Montaña como Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Cochoapa el Grande, entre otros, por lo que se pronunció por trabajar todos para erradicar este tipo de prácticas.
Indicó que el trabajo para erradicar el matrimonio forzado entre menores de edad, fundamentalmente en las comunidades indígenas se debe dar también con las autoridades municipales y los comisarios para que conozcan que esta es una práctica que se debe erradicar y que se debe garantizar a las niñas y a las mujeres una vida libre de violencia y que no se tomen los usos y costumbres como un argumento o justificación para seguir llevándolas a la práctica.