*Los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PVEM y PT votaron a favor del proyecto
*“Nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco”, puntualizó el coahuilense Rubén Moreira
*Se prevé la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a la reforma; pasa al Senado para su discusión
FERNANDO DAMIÁN
MILENIO/CDMX
Con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública y turnó el proyecto al Senado para su eventual ratificación.
Aunque el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraba diferir hasta 2029 a presencia del Ejército en las calles, durante la discusión en lo particular se admitió una modificación para acortar un año dicho plazo.
Los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PVEM y PT votaron a favor del proyecto, aunque los priistas José Francisco Yunes y Sue Ellen Bernal, así como la morenista Inés Parra lo hicieron en contra; Ana Lilia Herrera, también del PRI, en abstención.
El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, reafirmó su alianza con el Ejército Mexicano y extendió al PAN y al PRD la invitación para mantener la coalición Va por México hacia las próximas elecciones, al tiempo de señalar que la decisión está en la cancha de panistas y perredistas.
“Nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco”, puntualizó el coahuilense.
Por separado, el panista Jorge Romero y el perredista Luis Cházaro compartieron en redes sociales una fotografía juntos en el salón de sesiones con la frase: “PAN y PRD hicimos valer el mandato que nos dio la gente en 2021 en este momento histórico. Hasta el final por México; firmes y dignos porque la palabra empeñada es ley”.
La reforma al artículo quinto transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional prevé asimismo la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a los avances en la materia.
Además, obliga al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir en cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil.
