*El desplazamiento forzado “es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades», dijo Abel Barrera, de Tlachinollan
JESÚS GUERRERO
AMAPOLA PERIODISMO
Familias desplazadas por la violencia de Guerrero se reunieron con la relatora de la ONU sobre desplazamiento forzado, Cecilia Jiménez Demary, a quien le expusieron sus condiciones precarias en las que viven y la inacción del gobierno.
«En Guerrero hay más de 20 mil personas desplazadas y es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades», dijo el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, durante el inicio de la reunión con Jiménez Demary.
Familias expulsadas de sus comunidades por grupos del crimen organizado de municipios como Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa llegaron a la curia de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.
Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala también participaron en la reunión.
Las familias le dieron el recibimiento a la relatora con una cadena de cempasúchil.
«Aquí hay personas desplazadas de la zona Norte, de la Tierra Caliente, de la Sierra y están esperanzadas de que su voz y su palabra llegue lejos para que el gobierno nos escuche», dijo Barrera Hernández al darle la bienvenida a la relatora de la ONU.
«Gracias, muchas gracias», les dijo la relatora a las personas que le colocaron en el cuello dos cadenas de cempasúchil.
Jiménez Dimary empezó una gira de dos días en Guerrero para reunirse con las familias desplazadas por la violencia y las autoridades estatales.
Este miércoles la relatora de la ONU estará en la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.
Aquí desde noviembre del 2018 viven familias de seis comunidades de la Sierra expulsadas por integrantes de una supuesta policía comunitaria que, según informes oficiales, tiene nexos con un grupo criminal conocido como Los Tlacos.
A la relatora la custodian varias patrullas de la Guardia Nacional.