*Enfrenta otros dos procesos penales, uno de ellos por delincuencia organizada y otro por homicidio
ANIMAL POLÍTICO
CIUDAD DE MÉXICO
Aunque un juez federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en septiembre de 2014, seguirá preso porque enfrenta otros dos procesos penales, uno de ellos por delincuencia organizada y otro por homicidio.
Como se recordará, la semaa pasada el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen, confirmaron a Animal Político autoridades judiciales.
Sin embargo, eso no significa que vaya a dejar la prisión.
Tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 septiembre de 2014, las autoridades mexicanas señalaron a Abarca como la persona que ordenó el ataque policial contra los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala.
El exalcalde fue detenido el 5 de noviembre de ese año y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El 15 de noviembre, un juzgado federal dictó formal prisión contra el exalcalde, acusado de los delitos de delincuencia organizada, del secuestro de siete personas y de homicidio calificado.
Caso Ayotzinapa
A casi ocho años del caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer nuevos detalles de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
El gobierno admitió por primera vez de manera pública que todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio —“por acción, omisión o negligencia”— con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército.
El informe de la Comisión de la Verdad también señala que omisiones del Ejército y de la justicia mexicana, así como la pérdida de numerosos testigos clave, han impedido la resolución del caso.
Uno de los puntos que refuta el nuevo informe es que, de acuerdo con la llamada “verdad histórica”, los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa del alcalde José Luis Abarca.
Pero, según la información actual, los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la CDMX para la marcha del 2 de octubre. No buscaban manifestarse en el informe de Pineda.