Maniobra FGR para exonerar a militares del caso Ayotzinapa
*A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos, militares 16 de ellos
*Quedan fuera también el ex procurador Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; el ex juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y la expresidenta del Tribunal de Justicia, Lambertina Galeana
*La FGR pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que dirige Omar Gómez Trejo
REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
La Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con la revista Proceso.
Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por obstrucción de la justicia.
Proceso afirma que además de Lambertina Galeana se cancelaron órdenes contra 2 extrabajadores del área de cómputo e informática del Poder Judicial, Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe. Sin embargo, los 3 mantienen órdenes de aprehensión por desaparición forzada.
Los hechos que les reprocharon a Lambertina y empleados del Poder Judicial son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Al juez de barandilla de Iguala, Uilses Bernabé y quien estaba de guardia el día de los hechos, se le menciona por haber recibido a los estudiantes que fueron detenidos por la policía, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque él negó en su momento la imputación. Sin embargo, el exfuncionario se encuentra en Estados Unidos, donde pidió asilo político.
El desistimiento
La cancelación de las órdenes de aprehensión significa que la Fiscalía se arrepintió de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Ayotzinapa.
Cabe recordar que estas 21 órdenes forman parte de las 83 otorgadas el 19 de agosto a solicitud de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa. De la totalidad fueron 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 Batallón del Ejército, 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala y 1 de Cocula, así como 11 policías estatales y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
Según Proceso, la solicitud de cancelación de órdenes de aprehensión fue presentada al juez por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a su juzgado y asignado a la Unidad de Asuntos Especiales, Isaías Flores Hernández, con el aval de la subdelegada de procedimientos penales de averiguaciones previas y procesos penales del sistema tradicional de la delegación del a FGR en el Estado de México, Elizabeth Sánchez Miran, así como el delegado estatal Julio César Ulises Chávez Gómez, bajo el argumento de que constitucionalmente el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación de los delitos y la consignación ante autoridades judiciales.
Además, se basó en el artículo 200 del código federal de procedimientos penales que prevé «la posibilidad de que, si por datos obtenidos posteriormente a la emisión de la orden de aprehensión el ministerio público estima que ya no es procedente y esta no hubiese sido ejecutada, puede pedir la cancelación».
Fue el juez del segundo juzgado de distrito de procesos penales federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santes, quien canceló 21 órdenes de aprehensión dictadas en contra de 16 militares y exautoridades civiles.
UEILCA,
marginada
La Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.
En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados.
Proceso tuvo acceso a la resolución del 13 de septiembre, que elimina las órdenes de aprehensión del juez Beltrán Santes, así como la respuesta de la Unidad Especializada, emitida dos días después y firmada por Gómez Trejo y el director general adjunto de la UEILCA, José Miguel Rivera Esquivel.
La UEILCA fue creada a petición de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y materializada a través de un acuerdo emitido por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el 26 de junio de 2019, fecha en que también se nombró como titular a Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.
Gertz Manero designó la Unidad “como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” vinculados con la desaparición de los estudiantes, así como la tramitación y resolución de “las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos (…) para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento”.
Caso
Ayotzinapa
Este lunes se cumplen 8 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el cual está envuelto en la polémica debido a la forma en que las autoridades han realizado las investigaciones.
Lo más reciente es la filtración de un informe sin testar en el que se exhibe que el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente negoció con el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, a través de Tomas Zerón, para declararse autor intelectual del crimen y luego ser sacado del país.
El informe, el cual fue dado a conocer por Reforma, exhibe las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan la forma en que fueron desaparecidos los restos de los normalistas.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que desconocen el contenido del expediente sin testar de la Comisión para la Verdad.
Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, dijo que los padres de los jóvenes sólo han tenido acceso al expediente testado.
“Nosotros no sabemos qué dicen los datos, porque están en blanco y negro”, dijo María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo a Reforma.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que indague y castigue la filtración de la información sobre el caso de Ayotzinapa.
El funcionario condenó la filtración de la información, pues dijo que lejos de ayudar a la investigación, “la perjudican y abren paso a la impunidad”.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padre s y madres de los estudiantes desaparecidos”, señaló.
