*En caso Ayotzinapa, «hay una relación cercana entre criminales y autoridades», afirman expertos
*“Se hace una mención específica de militares. Se menciona que se hacen jales de manera conjunta, se lee literalmente (…) también hay al menos cuatro mensajes en los que refieren a comidas brindadas a militares y en las que sabemos que comieron juntos”, afirman
*Algunos normalistas pudieron seguir vivos hasta el 4 de octubre, dicen expertos
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), dijo que es probable que los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pudieron continuar con vida hasta el 4 de octubre.
En una conferencia desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el experto reveló que se encontraron conversaciones que evidencian la relación entre autoridades y el grupo delictivo Guerreros Unidos, en las que hacen referencia a los estudiantes el 4 de octubre de 2014.
“Esos archivos que encontramos en Sedena, muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había intercepciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, explicó Beristain.
Sostuvo que este tipo de datos ayudan a entender el escenario de los hechos ocurridos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014. Pues la complicidad de las autoridades va más allá del ámbito local.
Beristain señaló que, según los reportes, desde el 12 de octubre de 2014 el Ejército tuvo conocimiento de la ubicación del basurero de Cocula, donde presuntamente los estudiantes habían sido asesinados y quemados.
Sin embargo, Carlos Martín, también integrante del GIEI, aclaró que la llamada anónima en que se basa la Verdad Histórica, mediante la que se informó sobre el paradero del basurero, nunca existió.
Por su parte, Ángela María Buitrago Ruíz, experta del grupo, mencionó que reportes de inteligencia indican que, por lo menos, un grupo de 11 alumnos y otro de seis fueron trasladados a distintos lugares el 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Militares y
narcos
Los expertos denunciaron además la obstrucción del Ejército y de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En la presentación de su informe en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual se centró contra el Ejército y la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero, el experto Carlos Beristain reveló que el Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía durante la tragedia de Iguala, y señaló que algunos normalistas estuvieron vivos hasta el 4 de octubre.
En su participación, Claudia Paz y Paz dijo que hay evidencia en diversas conversaciones de comunicación actividades conjuntas entre narcos y militares, lo cual confirma una relación cercana del grupo criminal Guerreros Unidos con el Ejército y también se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado.
“Se hace una mención específica de militares. Se menciona que se hacen jales de manera conjunta, se lee literalmente (…) también hay al menos cuatro mensajes en los que refieren a comidas, no sabemos su sentido, brindadas a militares y en las que sabemos que comieron juntos”.
Abundó que se ha documentado el trasiego de heroína en autobuses desde Iguala a Estados Unidos, lo cual ayuda a entender lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hay hechos que se realizan de manera coordinada: el acceso directo de Guerreros Unidos a información que se manejaba en el C4; la relación con personas que trabajan en Semefo, con presidentes municipales, jefes de Policía, pero sobre todo la relación que existe entre las operaciones del grupo criminal y la investigación que se realizó en Chicago sobre el transporte de droga en camiones”, expresó.
Asimismo dio lectura a mensajes de texto de Blackberry recabados por autoridades estadounidenses que confirman y evidencian la colusión del 27 Batallón de Infantería con delincuencia organizada. “Hay pruebas contundentes de este vínculo”, destaca.
Intimidación
Francisco Cox subrayó por otra parte que los más grave ha sido la cancelación de las órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial del caso Ayotzinapa contra militares y exfuncionarios de Guerrero, sin consentimiento del fiscal Omar Gómez Trejo, quien presentó su renuncia.
Acusó que la Fiscalía General de la República intimidó y persiguió a Omar Gómez Trejo y su equipo que investigaba el caso Ayotzinapa por lo cual se teme que exista una cacería de brujas.
Ángela Buitrago reconoció que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ordenó revisar los archivos del Ejército y la Marina, pero aseguró que las Fuerzas Armadas muestran resistencia.
“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e intercepciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular, estas actividades, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la documentación que recuperamos”, comentó.
Auditoría
Señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UILCA) que dirigía Omar Gómez Trejo, y el GIEI teme que se trate de una “cacería de brujas”.
Francisco Cox indicó que ven con preocupación el inicio de auditorías contra la Unidad que dirigía Gómez Trejo, mismas que comenzaron a partir de agosto del presente año.
“Si bien es cierto, existe todo el derecho de iniciar auditorías, llama la atención al GIEI estas auditorías, no obstante, que en tres años de funcionamiento de la UILCA no se haya hecho ninguna auditoría, sino que sólo después de la solicitud de las órdenes de aprehensión, de las 83 órdenes de aprehensión se inicia una auditoría ordinaria”.
Indicó que el GIEI sigue de cerca las auditorías que se están realizando “y espera que no se trate de instrumentos de intimidación o persecución de la unidad especializada y del equipo que trabajó para la formalización y para la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, el GIEI agregó que durante la audiencia de vinculación a proceso del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, los agentes del Ministerio Público Federal desconocían el expediente.
Despojo
También señalaron que áreas afines al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, “despojaron” de la indagatoria del caso Iguala a la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, lo que podría poner en riesgo la acusación contra el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
“Hay que tener mucho cuidado porque precisamente la pérdida de este conocimiento de los fiscales hace inclusive que se dejen por fuera, como sucedió en la imputación de Murillo Karam, elementos probatorios muy fuertes”, advirtió Angela Buitrago.
Recalcaron que los funcionarios omitieron material probatorio, lo cual podría derivar en una posible liberación del ex procurador.
“La salida de un fiscal que conoce un caso, de los fiscales que conocen los casos, atrasan entre tres y cinco años el mismo periodo en que se demoró en conocer el expediente, la investigación”, advirtió Buitrago.
«Esto puede tener dos lecturas, nosotros no nos anticipamos a la especulación, pero (…) esto significa que la salida de los fiscales va a generar una consecuencia negativa y ya la está generando, en el tema de conocimiento de los casos, de la información y en el manejo de lo que hay dentro de los casos».
Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI, lamentó que el fiscal Gómez Trejo renunciara al caso, pues consideró que desempeñó su trabajo con integridad.
«Es una persona que actuó con integridad, con independencia, profesionalismo y tenía la confianza de los papás y mamás. Nosotros trabajamos con él durante este tiempo de una forma directa», dijo.
Recordó que su renuncia ocurrió por indebidas intromisiones a su trabajo y señaló que, además, otras tres fiscales desistieron del caso porque «vieron atropellada su independencia y actuar profesional».
«En esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho, no se puede investigar. No se puede desautorizar una solicitud de órdenes de aprehensión, que fue concedida por un juez que debió de analizar el mérito que tenía, y luego quitarlas».
Paz y Paz señaló que, para el grupo, no acatar las acciones penales es una actitud inexplicable por parte de las máximas autoridades. «No se ajusta a los mínimos estándares internacionales, por eso solicitamos una reunión con el fiscal general».
El GIEI reconoció el trabajo realizado por la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, la cual, destacaron no se realizó ni un acto de tortura a diferencia de la indagatoria de la entonces PGR.