*El Presidente explicó que se cancelaron 20 mandamientos judiciales porque sólo había cinco elementos castrenses señalados en el informe de la COVAJ
*Se trata de José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente de Infantería Fabián Alejandro Pirita Ochoa; el soldado Eduardo Mota Esquivel y el teniente de Infantería Francisco Macias Barbosa, todos del 27 Batallón
*Francisco Macias Barbosa no está detenido, pero, según el informe, estaba a cargo del soldado Julio César López Patolzin, infiltrado en Ayotzinapa
GASPAR VELA
MILENIO/CDMX
El informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa –que encabeza Alejandro Encinas– el cual fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), sólo incluyó a cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Milenio tuvo acceso a dicho informe sin testar, en el cual aparecen los nombres del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente de Infantería Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el soldado Eduardo Mota Esquivel y el teniente de Infantería Francisco Macias Barbosa; todos del 27 Batallón.
De ellos, la COVAJ señaló que “existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades”.
Los cuatro primeros se encuentran actualmente recluidos en el Campo Militar 1-A. Rodríguez Pérez enfrenta proceso penal por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel, por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Francisco Macias Barbosa no está detenido, pero, según el informe, estaba a cargo del soldado Julio César López Patolzin, quien se infiltró en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, para vigilar las actividades de los normalistas, y finalmente fue desaparecido con los estudiantes.
El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en Toluca, había librado 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, de las cuales 20 correspondían a mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala.
Hace unos días, la FGR se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión, que ya habían sido giradas contra militares.
El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se cancelaron estos mandamientos judiciales porque sólo había cinco elementos castrenses señalados en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Hoy, el mandatario acusó que se pretendió reventar la investigación de la COVAJ, con el aumento del número de órdenes de aprehensión contra elementos de la Sedena.
“Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco, claro, de alto grado.
“Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados, pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército, y si eran más, íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie”, expuso.
En el informe también aparecen cinco funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República; entre ellos Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, quien enfrenta proceso penal por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, desde el reclusorio Norte.
También Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien actualmente se encuentra en Israel, así como Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro.
Además, Abraham Eslava Arvizu, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de la Seido y Julio Dagoberto Contreras Saucedo, policía ministerial.