*La casa de Santa Cruz del Rincón celebró por separado el aniversario de su fundación
*Analizaron su reglamento interno; los sistemas normativos de los pueblos indígenas y el sistema de seguridad, justicia y reeducación
*También la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario
JESÚS GUERRERO
AMAPOLA PERIODISMO
Con marchas en San Luis Acatlán y Santa Cruz del Rincón, Costa Chica de Guerrero, policías comunitarios armados con rifles de bajo calibre conmemoraron el 27 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En 1995, durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, se fundó la CRAC con su policía comunitaria, regida por los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Pero en este año, la CRAC-PC llegó a su aniversario con una evidente división entre sus filas, la cual data desde 2013 que intervino el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
De las cinco casas de justicia que tiene la CRAC, una, la de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, realizó su festejo por separado desde el viernes pasado.
Tanto en San Luis Acatlán, cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, como en Santa Cruz del Rincón se instalaron mesas de trabajo en donde se plantearon diversos puntos que tienen que ver con necesidades sociales de los pueblos originarios y que se expondrán en sus asambleas.
En entrevista, el coordinador de la casa de justicia de la CRAC en Santa Cruz del Rincón, Eudocio Cruz Mendoza, dijo que por la presencia de la Policía Comunitaria el índice de delincuencia ha bajado en esa zona de la región Montaña.
“Hay vigilancia día y noche porque se hacen recorridos para tener orden ya que en algún momento hubo denuncias de amenazas de extorsión y de secuestros”, contó.
Cruz Mendoza, quien reveló que la CRAC de Santa Cruz se separó de la casa de justicia matriz en San Luis Acatlán por una serie de diferencias, dijo que el cuerpo de seguridad está integrado por 43 policías comunitarios, tres coordinadores y tres comandantes regionales.
Comentó que con los policías comunitarios que tienen les basta para combatir a delincuentes en la zona.
“El gobierno nos manda soldados por un periodo de tiempo porque se van y luego viene otra vez la delincuencia, pero nuestros policías comunitarios que tenemos aquí están las 24 horas del día”.
Advirtió que la CRAC-PC no va a permitir la incursión en su territorio del Ejército o la Guardia Nacional, ahora que quedó autorizada la militarización.
Ley 701
Cruz Mendoza calificó de racismo que el gobierno ya no les otorgue su reconocimiento como Policía Comunitaria.
Recordó que la Ley 701 que le daba reconocimiento a la CRAC-PC fue derogada por el Congreso local sin haberlos consultado.
Actualmente, las casas de justicia de la CRAC y asesores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consulta que realizó el Congreso local sobre una ley sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos.
“Fue un acto racista lo que hizo el Congreso local al desaparecer nuestro sistema de seguridad en base a nuestras costumbres”, dijo Cruz Mendoza.
El líder comunitario recordó que desde el 2013 la Policía Comunitaria y su casa de justicia de Santa Cruz del Rincón decidieron separarse de las otras casas de justicia por la designación como coordinador a Eliseo Villar del Castillo.
Villar del Castillo actualmente está preso en un penal de máxima seguridad por el delito de homicidio. A este personaje dentro de la organización lo ubican como el generador de una división en la CRAC durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, después de recibir recursos públicos.
Cruz Mendoza aseguró que en las asambleas siguen designando a los coordinadores de la CRAC de Santa Cruz del Rincón, como lo establecen sus principios; aseguró que en ninguna decisión que toman tienen influencia los partidos políticos.
Mesas de
análisis
A su vez, en San Luis Acatlán, integrantes de las casas de justicia de la CRAC iniciaron sus trabajos de aniversario desde el viernes con la instalación de cinco mesas con diversos temas.
Estos son reglamento interno; reglamento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; sistemas normativos de los pueblos indígenas y el sistema de seguridad, justicia y reeducación, así como la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario.
En la discusión sobre la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario plantearon un castigo de 10 a 15 años en el sistema de reeducación a los padres que vendan a sus hijas o consientan su matrimonio forzado, como organizaciones han documentado ocurre en pueblos de los municipios de la Montaña, como Cochoapa el Grande y Metlatónoc.
Esta propuesta, aprobada en una mesa de trabajo, la hizo Herlinda González Ramos, lo que la CRAC discutirá en una asamblea que probablemente realicen en San Luis Acatlán en diciembre próximo.
En noviembre del 2021, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda puso en marcha en la región de la Montaña su estrategia para la prevención y erradicación de matrimonios forzados.
Sin embargo esta planificación de las autoridades estatales fue criticada por grupos feministas y de organismos de derechos humanos porque aún no funciona, pues, los matrimonios infantiles sin ser frenados.
Los actos conmemorativos del 27 aniversario de la CRAC concluyeron el sábado con marchas de policías comunitarios, una en Santa Cruz del Rincón y la otra en San Luis Acatlán.
