*La eliminación del artículo 13 Bis, devolvió a la ASE esa facultad
*Desde la 62 Legislatura, la Ley Superior de Fiscalización favorecía a los despachos contables
*Cada institución pública debería pagar alrededor del 6 por ciento del monto de su presupuesto para lograr la certificación
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
A partir de la desaparición del artículo 13 Bis de la Ley Superior de Fiscalización, la Auditoría Superior del Estado (ASE) recuperó la responsabilidad exclusiva de dictaminar las cuentas publicas del Gobierno de Guerrero, los ayuntamientos y los órganos autónomos, lo que representaba un gasto millonario para los entes fiscalizables.
La propuesta de reforma fue planteada por el integrante de la fracción parlamentaria de Morena, José Efrén López Cortés, aunque abrazada por los integrantes de las demás fuerzas políticas que tienen presencia en el Poder legislativo de Guerrero.
De acuerdo con la fundamentación planteada por el diputado López Cortés, fue a finales de la anterior Legislatura local, la número 62, que se aprobó un cambio a la Ley Superior de Fiscalización estatal, la cual obligaba a todas las instituciones de gobierno a que sus cuentas públicas debían otorgarlas a despachos privados, para que confirmaran que estaban bien los informes financieros.
Esto implicaba que cada institución pública debería pagar alrededor del 6 por ciento del monto de su presupuesto para lograr la certificación.
Diferentes fuentes de despachos contables, confirmaron que el cobro de la dictaminación es con base del importe total de la información a revisar.
Eso implica que si un ayuntamiento recibía 100 millones de pesos de presupuesto anual, la dictaminación de su cuenta pública tendría un costo de 6 millones de pesos, recurso que debería tomarse de programas sociales o al gasto propio del gobierno municipal, lo que en todos los casos representaba una sangría para el ente fiscalizable.
Por eso, en la sesión del Pleno realizada el 29 de septiembre, con base al dictamen de la Comisión de Vigilancia de la ASE, se eliminó el artículo 13 BIS de la Ley De Fiscalización Superior.
La enmienda
Ese artículo señalaba lo siguiente: “La información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten a la Auditoría Superior del Estado por parte de las entidades fiscalizables deberá ser dictaminada por profesionistas que acrediten contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública; y, sólo serán válidas las certificaciones cuando sean expedidas por los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública”.
En contraste, se anota que en la fracción XIII el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, se establece como una de las atribuciones del Congreso del Estado la de “Revisar los informes financieros semestrales y fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, a través de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero”.
Incluso, el Artículo 153 de la misma Constitución guerrerense establece en su primera fracción la obligación de la ASE para “Fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables señaladas en la ley de la materia, evaluar los informes financieros y entregar el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública al Congreso del Estado”.
En la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece que sólo es facultad de la Auditoría Superior estatal el control y fiscalización de los recursos públicos de los Poderes del Estado, los municipios y de las demás instituciones de gobierno estatales y municipales.
Por esa razón, al desaparecer el 13 Bis de la ley de Fiscalización del Estado, el Congreso terminó con un negocio millonario, captado por algunos despachos contables y le regresó las facultades al órgano auxiliar del Congreso, que es la ASE.