Karla Galarce Sosa
Quadratín Guerrero
La abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Verónica Garzón Bonetti, denunció irregularidades en proceso que atraviesa la joven indígena Aurelia García Cruceño, acusada de homicidio en razón de parentesco, luego de que sufrió un parto fortuito en octubre de 2019, tras sufrir violencia sexual en Xochicalco, comunidad nahua del municipio de Chilapa de donde es originaria.
En entrevista telefónica, Garzón Bonetti señaló que la jueza encargada de llevar el proceso de Aurelia, Mariela Alfaro Zapata ha emitido comentarios personales que criminalizan a la joven indígena.
Contó que Aurelia ha sido víctima de violencia institucional y a punto de conocer la sentencia, como defensa se enfrentan a los prejuicios de la jueza Mariela Alfaro, quien rechazó la solicitud para que la joven lleve el proceso fuera de prisión luego de más de tres años tras las rejas en una cárcel de Iguala.
Señaló que el argumento de la jueza para negar la petición para que García Cruceño lleve el proceso fuera de la cárcel, fue su condición de pobreza lo que le impediría acudir a las audiencias o a las firmas ordinarias a las cuales sería impuesta, por lo que la abogada reprochó un juicio de valor que la jueza emitió, discriminando a la joven indígena.
“Aurelia no recibió atención en salud sexual ni reproductiva, tampoco recibió atención médica, atención obstétrica antes, durante ni después del embarazo, y es una víctima del propio Estado. Nadie ve a Aurelia, por lo menos como una víctima del propio Estado y nadie se cuestiona todo el contexto que llevó a Aurelia a esto”, reclamó Garzón Bonetti.
Otro argumento fuera de las atribuciones de la jueza dijo, fue que “Aurelia era un riesgo para su comunidad por haber privado de la vida al niño”.
Verónica Garzón contó que el equipo del IMDHD solicitó el cambio de medida cautelar para que Aurelia lleve el proceso fuera de prisión, pero la jueza Mariela Alfaro Zapata ignoró la presunción de inocencia de la joven indígena acusándola de que Aurelia “mató al niño” y, faltando a sus facultades.
El antecedente
El dos de octubre de 2019 tuvo un parto fortuito, el embarazo fue resultado de violencia sexual de la que fue víctima en su comunidad, en el municipio de Chilapa.
Luego de la agresión huyó a Iguala para quedarse en casa de su tía, donde tuvo un parto fortuito y lo enfrentó sola, lo que derivó en el riesgo de que perdiera la vida por desangramiento y el colapso de órganos.
Ella fue trasladada al Hospital General de Iguala, donde estuvo internada dos días en una condición crítica. Allí llegaron policías estatales para detenerla y esposarla en la cama donde estaba y, un día después la trasladaron a la cárcel de ese municipio donde permanece recluida, en espera de la sentencia o a que sea absuelta por el delito de homicidio en razón de parentesco de la que es acusada.
La abogada señaló que desde su aprehensión, los derechos de Aurelia no han sido respetados desde una perspectiva intercultural, pues la joven de 23 años no habla español y no hubo un intérprete desde que fue detenida, sino hasta penas que la organización de la que forma parte lo exigió.
Recordó que al comenzar el segundo semestre del año pasado, como defensa, lograron que la sentencia que la condenó a 13 años de prisión se revirtiera pues había aceptado, por presiones, un procedimiento abreviado ante la amenaza de que pasaría 50 años encarcelada.
Verónica Garzón comentó que la magistrada Indalesia Pacheco León aprobó luego de una apelación, la violación al debido proceso a los derechos humanos de la mujer indígena, por lo que el proceso debía reponerse.
Subrayó que la jueza, Mariela Alfaro Zapata establezca estereotipos de género acerca de la maternidad, sea un proceso sesgado antes de que se desahoguen las pruebas
Dijo que las pruebas que presentó la Fiscalía General de Guerrero no son las adecuadas y presenta testigos aleccionados, estableciendo versiones falsas y mintiendo a la jueza sobre cómo se realizaron las actuaciones y la detención de Aurelia.
La última estampa del proceso se llevará a cabo los días 29 de noviembre y primero de diciembre en los juzgados de Iguala.
