Esquivel solicitó demoler la biblioteca del Congreso. La SDUOP autorizó
*A pregunta de cuatro diputados, la secretaria de Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel reveló que se ordenó la demolición, con base en un dictamen de expertos
*Desde la legislatura pasada, originalmente el proyecto era rehabilitar, aceptó
*Detalló que luego se consideró adicionar un segundo nivel de construcción, desplantando la loza de azotea, pero el viejo edificio no resistiría
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
ÁNGEL GALEANA/RÉPLICA
CHILPANCINGO, GRO.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Guerrero (SDUOP), Irene Jiménez Montiel reveló que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel fue quien solicitó la demolición total de la biblioteca Siervo de la Nación, con base en un dictamen técnico que establecía que la rehabilitación parcial sería más costosa.
Jiménez Montiel se presentó ante el Congreso a rendir el primer informe de gestión en una ríspida comparecencia en la que los diputados le exigieron que revelara quién autorizó la demolición de la biblioteca del Poder Legislativo y le reclamaron sobre obras no ejercidas.
Tras 5 veces de ser reiterada la pregunta, la funcionaria fue orillada a revelar que la dependencia a su cargo fue la que ordenó la demolición del edificio al tener un dictamen técnico que lo sugería, y a solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política, que en ese momento era el diputado Alfredo Sánchez Esquivel.
Fueron por lo menos cuatro los diputados locales que preguntaron sobre el tema, que en las últimas semanas ha generado una intensa polarización mediática entre el diputado Sánchez Esquivel y la actual coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Domínguez Serna.
El tema de la demolición de la biblioteca del Congreso era obligado tras 11 meses de discusión entre los diputados y acusaciones por falta de transparencia en el derrumbe del edificio.
Obtener el señalamiento no fue sencillo, el tema lo abordaron los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Elzy Camacho Peñaloza, además de los priistas Alicia Zamora Villalba y Olaguer Hernández Flores.
Jiménez Montiel aguantó la presión durante un buen tiempo, en parte alentada por el respaldo que desde su curul le manifestó el ex coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel.
Sin embargo, la resistencia de clarificar el tema fue cuestionada con intensidad por los representantes populares, lo que al final terminó por quebrar la voluntad de la funcionaria.
La explicación
requerida
El ex alcalde perredista de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez, solicitó en un primer momento que diera el contexto de cómo se decidió demoler completamente una de las tres etapas que integran a la sede del Congreso local, pues nunca se conoció un dictamen de Protección Civil en el que se considerara al inmueble de riesgo para diputados, trabajadores y visitantes.
“¿No cree usted que se tomaron decisiones apresuradas en este tema, que era trascendental por tratarse de uno de los poderes del estado?”, cuestionó.
Además, dijo que «los números no cuadran» respecto a las obras presupuestadas, señalando que hay 143 obras que a la fecha no se han ejecutado, entre otras observaciones que, dijo «son objetos de revisión» de la auditoría.
En su primera oportunidad de responder, Irene Jiménez evitó el tema de la biblioteca y la precisión de las cifras en obras; por el contrario, dijo a los diputados que en la Secretaría habían instalado un buzón de quejas, del cual les solicitó que hagan uso.
También les pidió que ayuden a concientizar a los gestores de obras que llegan al Congreso para que cuando hagan una petición
sea viable.
Al diputado Ortega Jiménez le molestó la respuesta de la funcionaria, a quien le dijo que el uso del buzón se lo recomiende a los ciudadanos, no a los diputados, y le pidió que no acuda al Congreso a regañar a los legisladores.
«Yo creo que la gobernadora Evelyn Salgado se ha equivocado con su nombramiento de usted”, espetó.
Posteriormente le insistió en que respondiera el tema de la biblioteca. Jiménez Montiel dijo que tenía el expediente que podía ser consultado cuando los diputados lo desearan; sin embargo, Ortega Jiménez le refutó que no le preguntó sobre el expediente, sino los nombres de quienes habían ordenado la demolición del edificio.
Ante la rispidez, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, quien había sido señalado de ordenar la demolición de la biblioteca, pidió moción de orden a la mesa directiva señalando que no era un juicio contra la funcionaria.
Jiménez Montiel exhibió un folder en el que, señaló, tenía el expediente completo de la obra, con información que ya ha sido presentada ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Cualquier duda aquí lo tengo, se dice paso a paso, es un documento que ustedes ya lo conocen, yo se los voy a mandar en una memoria para que tengan toda la información, ahí están los procedimientos, que se hizo y quien los hizo”, dijo sin presentar una explicación en tribuna.
“Yo no le pedí el expediente, le pregunté quién ordenó la demolición, ahí está el edificio, alguien debe tener la culpa”, replicó el legislador.
Desde su curul, el ex presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez manifestó su respaldo a la secretaria de Obras Públicas, lo que incrementó la molestia del perredista, quien señaló que entre sus virtudes no se encontraba el ser “salamero”.
El intercambio de palabras propició que la presidenta de la Mesa Directiva, Yaneli Hernández Martínez, invocara la Ley Orgánica del Congreso para solicitar respeto y cordialidad.
Plan original
De manera atípica, la arquitecta Jiménez Montiel respondió a la diputada priista Alicia Zamora Villalba, que la obra considerada originalmente era una segunda etapa de la biblioteca del Congreso, cuyo monto se estimaba en 20 millones de pesos, de los que diez fueron liberados apenas el martes 22 de noviembre.
“Decirles que ese proyecto o ese presupuesto se ejerció originalmente en la administración pasada (refiriéndose a la 62 Legislatura), nosotros únicamente dimos continuidad a un contrato”, explicó.
Continuó: “En el presupuesto 2021 se contemplo el proyecto denominado rehabilitación del inmueble denominado Biblioteca del Congreso del Estado, la Seplader el 10 de junio de 2021 autorizó un recurso por 10 millones de pesos a través del oficio de auyorizacion spdrspddffafef039620201”.
Continuó: “El 21 de julio del 2021, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la empresa Entretrazos Diseños y Construcción, representada por Santos Alonso Vázquez, se celebró un contrato de obra pública a precios unitarios con un plazo de 120 días naturales, contados a partir del 26 de junio al 22 de noviembre, el monto era de 9 millones 740 mil 268 pesos”.
Hasta ese momento, se consideraba sólo la rehabilitación general del inmueble, existiendo, que constaba de una sola planta con doble altura.
Se añadiría
otro nivel
Detalló que se consideró adicionar un nuevo nivel de construcción, desplantando la loza de azotea, se consideraba tener una planta baja con espacio para las delegaciones sindicales, servicios médicos, sala de reuniones, la de biblioteca con oficinas, archivo muerto, fotocopiado y sanitarios.
En la planta alta habría una sala de sesiones, servicio de comedor con cocina y bodega, una sala de reuniones privada con servicio de sanitarios.
Hasta mediados de 2021, el área técnica de la Secretaría presentó la propuesta para la contratación de servicios profesionales de un experto en materia de seguridad estructural, a efecto de tener los dictámenes que permitieran realizar una intervención integral en todo el inmueble.
De cada uno de los pasos a seguir, dijo que se informó de manera oportuna a la Jucopo.
El 6 de septiembre de 2021, un especialista estructural presentó el procedimiento a realizar, diez días después, se presentó el dictamen estructural definitivo y se señaló que a partir de los desplazamientos laterales que se observaron, la construcción no cumplía con lo requerimientos de los códigos vigentes en materia de construcción.
“Las resistencias del concreto de los elementos estructurales, oscilaban por lo menos en 250 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que se consideraba aceptable, pero se vio el comportamiento de las columnas ante el efecto sísmico bidirecccional y se determinó que no era aceptable, según los estándares de resistencia. Las vigas en general no presentaban problemas de resistencia, pero por la condición de fallas de servicio, por la descarga promedio que debían tener, se podían provocar fallas en la cimentación”.
Aseveró: “Por los nuevos espacios que se pretendían adicionar, se obligaba a una recimentación que garantizara la resistencia”.
Pese a esta explicación, la diputada Zamora Villalba se manifestó sorprendida por la extensa explicación y le asestó: “¿Sabe qué? Yo no le pregunté sobre la biblioteca, pero de lo que yo le pregunté no me contestó nada”.
En todo caso, le hizo ver que siempre manejó el término rehabilitación, no la demolición completa del edificio y le insistió: “¿Quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del Congreso, punto y aparte. No más secretaria, pero tampoco menos”.
Elzi Camacho Peñaloza, integrante de la bancada del PRD solicitó que se precisara, si en términos concretos, para la SDUOP rehabilitar significa demoler:
Y retomo la pregunta: “¿Quién autorizó la demolición de la biblioteca? Le agradecería que su respuesta fuera de manera clara”.
La arquitecta ya no pudo eludir los cuestionamientos, por lo que antes de cerrar la comparecencia estableció: “La demolición o rehabilitación de lo que es la biblioteca, se determina con base al dictamen del director responsable de la obra, en donde originalmente, efectivamente, el concepto era rehabilitación. Pero al hacer la inspección física, los estudios técnicos para determinar si iba a ser resistente para lo que se requería, se determinó que era más caro rehabilitar que demoler”.
Confirmó que quien solicitó la demolición del edificio fue el presidente de la Junta de Coordinación Política -que en ese momento era el diputado Alfredo Sánchez Esquivel – y en atención a esa solicitud le dieron seguimiento al procedimiento.
«Nosotros no podíamos negar este procedimiento porque había un dictamen técnico en el que se dice que la rehabilitación no era lo más viable porque salía más cara la rehabilitación que demoler y construir y a solicitud de eso se hizo el procedimiento para que fuera la demolición», indicó.
Dijo que hay un presupuesto de 20 millones de pesos para la biblioteca, de los cuales, ya se liberaron 10 millones.
Otros
reclamos
La diputada de Morena, Angélica Espinoza García, criticó a Irene Jiménez Montiel por no responder a dos solicitudes para que se construyeran los baños de un jardín de niños en la comunidad de El Guineo, del municipio de Ayutla, obra que fue contemplada y aprobada para el 2022, pero que a la fecha no ha sido iniciada.
Con documento en mano, reclamó en tribuna que el 9 de septiembre le envió un oficio para solicitarle que le informara el avance de la obra, «pero no tuve respuesta».
Dijo que era importante tener una respuesta porque los alumnos ya estaban en clases y, «después de varios meses los niños van a la escuela sin sanitarios»
«Desde este espacio quiero señalarle que las respuestas que nos da son sólo números y palabras (…) termino comentando que si sus palabras de visión social, responsabilidad y poner el poder al servicio del pueblo son palabras huecas o no han sido capaces de poner los primeros ladrillos, ni levantar los muros y puentes en beneficio de los guerrerenses», reclamó.
Otro diputado de Morena, Efrén López Cortés, criticó que todos los años se construyen nuevas carreteras y se les da mantenimiento a las existentes; sin embargo, son obras de mala calidad. «Queda claro la complacencia y contubernio de autoridades responsables».
Al respecto, cuestionó a la funcionaria qué acciones han tomado para garantizar que los proyectos de obra pública se realicen con calidad.
Jiménez Montiel dijo que implementaron un padrón único de contratistas con el que pueden dar seguimiento a cada obra asignada.
Al final de la comparecencia, la funcionaria salió del pleno y camino a la salida del Congreso lloró, sin que se conozca la razón de ello.
