*Lo acumulado es por varios conceptos, como falta de aportaciones al ISSSTE, SAT, Insabi y laudos laborales
*Existe un acuerdo tanto con el ISSSTE como con el SAT para que Hacienda realice descuentos a las participaciones por un monto de 50 y 35 millones, respectivamente, de manera mensual
*Guerrero ocupaba el lugar 32 en combate a la corrupción y ahora en esta administración pasó al lugar 16
JUAN MANUEL MOLINA
QUADRATÍN GUERRERO
El secretario de Administración y Finanzas de Guerrero, Raymundo Segura Estrada, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la Glosa del primer Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y destacó que esta entidad es una de las tres con menor nivel de deuda pública en el país.
El funcionario estatal presentó un informe en el que indicó que el año pasado, Guerrero ocupaba el lugar 32 en combate a la corrupción y ahora en esta administración pasó al lugar 16.
En este primer año de gobierno, se registró una disminución de 221 millones en la deuda pública, por lo que se recibió una calificación aprobatoria de corporaciones financieras como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s, por el manejo responsable de las finanzas públicas en la entidad.
Deuda
Informó que al gobierno actual le heredaron una deuda de 27 mil 816 millones de pesos en varios conceptos, como falta de aportaciones al ISSSTE, SAT, Insabi y laudos laborales.
Al asumir Evelyn Salgado la gubernatura, se registró un déficit de 3 mil 351 millones de pesos, por lo que el gobierno estatal recurrió a préstamos para cumplir con el pago de prestaciones a los trabajadores en diciembre del año pasado.
El funcionario destacó el manejo de las finanzas, aún cuando mencionó que fueron mil 159 millones 231 mil pesos los que la entidad dejó de recibir por parte del gobierno federal.
Aún con esto, en el primer semestre de 2022 el gobierno estatal redujo el gasto corriente de 12 por ciento, lo que significó ahorros por dos mil 693 millones de pesos, comparado con 2021.
También se logró reducir en 272 millones 942 mil pesos el presupuesto destinado a Servicio Personales del Poder Ejecutivo.
Parte del informe que presentó el funcionario fue que se recuperaron siete inmuebles y 148 vehículos, 94 con blindaje, que estaban en resguardo de exfuncionarios.
A través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se subastaron 14 vehículos, lo que significó un ingreso de tres millones 364 mil pesos.
ISSSTE el
peor caso
El diputado Ociel Hugar Garcia Trujillo (PRD) afirmó que este ejercicio permitirá conocer e identificar los aspectos presupuestales que aquejan a la administración pública estatal. En ese sentido, indicó que la deuda pública es un asunto que debe ser prioridad en las políticas financieras; por ello, pidió al secretario ampliar la información respecto a las acciones emprendidas para sanear las deudas del ISSSPEG y cubrir los pagos al ISSSTE.
A su vez, solicitó información con relación al monto de la deuda del estado al ISSSTE, los ayuntamientos que más adeudan al ISSSPEG y las acciones que se están realizando para cubrir dichos adeudos.
Preguntó también cuántos son los ahorros generados con la implementación de la “austeridad republicana”, su aplicación y beneficiarios. Al respecto, cuestionó por qué los ahorros de la administración estatal no fueron previstos para el pago de aguinaldos a los trabajadores.
En su respuesta, el secretario resaltó el caso del ISSSTE, por poseer uno de los adeudos más importantes, con 15 mil millones de pesos. Consideró que no ha habido la suficiente voluntad de ayudar al estado de Guerrero por parte de esta instancia federal, negándosele la posibilidad de determinar un monto de deuda que no siga creciendo.
Informó que existe un acuerdo tanto con el ISSSTE como con el SAT para que la Secretaría de Hacienda realice descuentos a las participaciones por un monto de 50 y 35 millones, respectivamente, de manera mensual, lo que ha permitido avanzar con la deuda institucional.
Asimismo, el secretario señaló que se redujeron los sueldos de los funcionarios, y aseguró que se mantiene acercamiento con los municipios, apoyándolos con recursos para el pago de sus aguinaldos, así como con asesoría jurídica para resolver el tema de los laudos laborales.
En relación con el tema, informó que el Ayuntamiento de Chilpancingo es la entidad que más adeuda al ISSSPEG.
También dijo que con la política de austeridad han podido avanzar y destinar ahorros a recortes presupuestales sufridos, canalizándolos a rubros específicos, lo que justamente ayuda al Gobierno del Estado para no caer en crisis.
Al efectuar su réplica, el legislador expresó que el aspecto financiero siempre será un principio a considerar en toda política pública. Señaló, asimismo, que los movimientos sociales muchas veces hacen cambiar las previsiones que se proyectan en materia financiera. Y al final, manifestó la disposición del Congreso para coadyuvar en la solución de toda la problemática.
Cero corrupción
La diputada Gaby Bernal Reséndiz (PRI) hizo referencia al programa Cero efectivo, cero corrupción, con el cual se han logrado incrementos en la recaudación en un 21.55%. Al respecto, pidió al secretario detallar qué monto de este incremento corresponde al programa de reemplacamiento 2022 y qué porcentaje al levantamiento de las restricciones por el Covid-19, además de detallar la participación de los ayuntamientos en este programa.
Preguntó también si se cuenta con los recursos necesarios para atender la problemática de violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género y transversal en toda la administración pública.
En su respuesta, el secretario informó que hay presupuestados 90.5 millones de pesos para atender la problemática de violencia contra las mujeres, y que se proyecta un incremento de 7% para el próximo año.
En cuanto al tema del reemplacamiento vehicular, informó que se tiene una recaudación de 151 millones de pesos a agosto de este año, que forman parte de la bolsa que permite reforzar los asuntos de seguridad, educación y salud.
Informó, asimismo, que a las oficinas que participan en el programa Cero efectivo, se les brindó capacitación y equipamiento para la óptima implementación del programa, de modo que toda la recaudación llegue a la tesorería del estado.
Afirmó que la reactivación post Covid-19 ha brindado la posibilidad de que los negocios vuelvan a abrir, ocasionando un beneficio para la recaudación.
En su réplica, la diputada expresó que es importante que no se quede ningún rubro sin atender, ninguna problemática sin los recursos para su atención y solución, reiterando que ninguna política pública debe quedar en el escritorio por la falta de presupuesto, en especial la atención a las mujeres guerrerenses.
Ahorros
El diputado Carlos Reyes Torres (PRD) pidió conocer cuáles son los beneficios obtenidos a través del ajuste al gasto corriente, los criterios para la reasignación, y a qué programas se han canalizado los ahorros.
También refirió que de acuerdo con lo señalado en la síntesis del informe, se logró un ahorro de 78 por ciento; en ese sentido, indicó que es necesario conocer cuál es el monto ejercido en la Oficina de la Gobernadora actualmente y lo que se ejerció durante la administración anterior, así como en la Casa Acapulco, Casa Guerrero y la representación del estado de Guerrero en la CDMX.
Preguntó, además, sobre los procesos de contratación por adjudicación directa, y en materia de austeridad cuestionó sobre las reglas que obedecerán las dependencias.
En su oportunidad, el funcionario detalló que la Oficina de Gobierno se erogó en 2021, un total de 11 millones 143 mil pesos y en 2022, se redujo a 8 millones 294 mil pesos, derivado de diversas acciones de austeridad.
En relación a Casa Guerrero y Casa Acapulco, dijo que en 2021 se erogaron 7 millones 329 mil y en 2022 fueron 2 millones 961 mil pesos, mientras que en la representación de la entidad en la capital del país, en 2021 se gastaron 9 millones 860 mil, y en 2022, sólo 7 millones 418 mil pesos, lo que equivale a un ahorro de 9.6 millones de pesos.
Informó, asimismo, que en pensiones y jubilaciones hubo un incremento de 6 por ciento, así como una reducción del gasto corriente de 11 por ciento en cuanto al primer semestre.
Sobre las contrataciones, dijo que se han realizado 259 licitaciones y 158 por incitación, y una sola adjudicación directa en relación al proveedor de las placas, quien facilitó su compra y financiamiento.
También habló en relación a la Secretaría de Protección Civil, cuyo presupuesto ha sido incrementado con recursos extraordinarios para atender en tiempo y forma la solicitud de viáticos, estableciendo una mecánica para evitar pagos de gastos que no son reales, además de que el titular se ha alineado a las políticas de austeridad, gastando de forma ordenada y eficiente.
Para concluir, el diputado Carlos Reyes dijo que las y los diputados del PRD tienen claridad de que a la SEFINA le ha tocado navegar en “aguas turbulentas”, con laudos laborales y escenarios de alta inflación y una economía que emerge de problemas económicos ocasionados por la pandemia.
Reconoció, asimismo, el esfuerzo del gobierno para ampliar la atención a la salud y programas como el transporte violeta.
Laudos y
capacitación
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) preguntó en relación a las acciones de transparencia y las malas prácticas administrativas encontradas por la nueva administración, y cuál fue la respuesta institucional o el mecanismo implementado desde Finanzas para revertir la problemática.
También cuestionó sobre la política implementada por la dependencia para incentivar el uso de medios de pago electrónicos, a fin de generar condiciones que favorezcan el cumplimiento de obligaciones por parte del contribuyente en las zonas de alta marginación.
En materia de catastro, preguntó en qué consiste la capacitación y asesoría técnica que se ha proporcionado a los municipios de alta marginación y exclusión, con la finalidad de aumentar su recaudación, y sobre si ha considerado crear unidades de atención a los hablantes de lenguas indígenas que realizan trámites en las dependencias estatales.
El funcionario respondió que en relación a las malas prácticas, la nueva administración encontró deficiencias e inconsistencias, por eso procedió a la capacitación del personal para mejorar el control interno y tener una mejor recaudación de ingresos propios, además de la reducción de gastos y una mejor administración del presupuesto.
En relación a los laudos laborales, dijo que se ha dado acompañamiento a los ayuntamientos con asesoría jurídica y acuerdos que no lastimen los recursos federales que reciben por situaciones de un mandato del tribunal laboral.
En cuanto al Internet para Todos, dijo que es un programa que se pretende ampliar el próximo año para seguir beneficiando a los municipios y comunidades más pobres del estado.
Al replicar, la diputada celebró que se estén tomando todas estas medidas administrativas que abonan a la política de cero tolerancia a la corrupción y mejor manejo de los recursos públicos, a efecto de que sean canalizados a rubros prioritarios como la salud y la educación.
DIF y combate
a la pobreza
La diputada Flor Añorve Ocampo (PRI) preguntó al secretario si se atendieron a cabalidad las necesidades de los guerrerenses más vulnerables, ya que se tiene conocimiento que hay escuelas sin maestros, mobiliario y aulas deteriorados, hospitales y centros de salud sin personal ni medicamentos, y que no se ve un combate a la pobreza bien direccionado, lo que refleja la marcada desigualdad en Guerrero.
Sobre el programa de reemplacamiento vehicular, dijo que este año se agregaron al padrón más de 39 mil unidades y que en el municipio de Taxco se permitió la intervención y/o gestión de terceras personas para hacer los trámites, cobrando 200 pesos por cada uno de ellos, y cuatro pesos por concepto de copias. Al respecto, preguntó a dónde se destinan estos recursos que se cobran de manera indebida.
El funcionario estatal respondió que se destinaron 598 millones de pesos a la Secretaría del Bienestar para el combate a la pobreza y 694 millones de pesos al DIF, que son los principales entes involucrados en el combate a la pobreza de manera directa; sin embargo, dijo que para el próximo año se prevé un aumento en ambos presupuestos.
Sobre los cobros indebidos que la legisladora señaló, aseguró que se están tomando cartas en el asunto, y respecto al presupuesto, reconoció que es insuficiente para un estado con tanto rezago, pero se atienden las necesidades prioritarias en los rubros de salud, educación y seguridad pública, señalando que se han resuelto diversos problemas en este primer año, no la totalidad, pero “se va por buen camino”.
En la réplica, la legisladora llamó al secretario a generar mecanismos que permitan lograr el equilibrio en la asignación de recursos a los municipios, para que todos tengan la oportunidad de sacar adelante sus problemas.
Participaciones
federales
En la tercera ronda de preguntas, el Diputado Carlos Cruz López (Morena) comentó que en el rubro sobre afectación en las participaciones federales se hace referencia a que en el periodo de enero a junio ascienden a 820 millones 79 mil pesos, y de julio a septiembre de 2022, por 339 millones 152 mil pesos, para hacer un total de mil 159 millones de pesos.
Preguntó cuáles fueron las causas por las que Guerrero dejó de percibir las cantidades que se mencionan, qué secretarías o áreas de la administración pública se vieron afectadas, a cuánto ascendió la contratación de financiamiento quirografario, consecuencia del déficit operacional con el que se recibió al actual gobierno, a través de qué instituciones financieras se solicitó el financiamiento, y si se inició procedimiento en contra de servidores públicos que no entregaron las retenciones al ISSSTE y al SAT que ahora generan adeudos.
En respuesta, el secretario comentó que las participaciones federales tienen que ver con la recaudación en los impuestos y es lo que determina la cantidad que corresponde a cada uno de los estados y la Federación, lo cual no afectó a las secretarías ni dependencias.
Sobre los préstamos quirografarios de noviembre a diciembre 2021, explicó que fueron de 2 mil 100 millones de pesos y en enero de 350 millones de pesos, haciendo un total de 2 mil 450 millones de pesos, con las empresas Santander, Banorte y Scotiabank.
En la réplica, el diputado agradeció las respuestas y aclaración de dudas, confiando que hay disposición del gobierno para retomar propuestas del Poder Legislativo para impulsar más acciones en favor de la sociedad.
Nuevos
municipios
Al inicio de la primera ronda de preguntas al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, el diputado Osbaldo Ríos Manrique (Morena) preguntó sobre el estudio financiero presupuestal y los criterios de distribución proporcional de los derechos, obligaciones y deudas entre los municipios de nueva creación y los que se segregan, tomando en cuenta que el 1 de enero de 2023 entran en funciones los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, San Nicolás, Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón.
En torno al rubro de laudos laborales, pidió saber el monto total de adeudos que tiene el Gobierno del Estado y los municipios y cuáles son los mecanismos de coordinación para evitar un quebranto financiero, sin dejar de garantizar el acceso a la justicia laboral.
El funcionario respondió respecto al presupuesto, que la secretaría a su cargo está realizando el estudio correspondiente, mismo que debe contemplar todo lo relacionado a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) federal, para una adecuada redistribución.
Dijo, además, que se realizarán reuniones de trabajo con el Congreso local para determinar la designación presupuestal, y en cuanto a los laudos laborales, aseguró que hay coordinación con los municipios para convenir con los demandantes, de modo que no afecte el ejercicio del gasto corriente asignado. Dichos laudos laborales ascienden aproximadamente a 2 mil 500 millones de pesos, indicó.
En la réplica, el legislador dijo que es importante que dicha secretaría, dentro del ámbito de su competencia, provea lo necesario a los nuevos municipios para garantizar a la población los servicios necesarios; y en relación a los laudos laborales, reconoció la relación que se está dando entre el gobierno estatal y los ayuntamientos.
