*El sexenio que culmina se ubica como el más peligroso para las mujeres del que se tiene registro, según cifras de organizaciones sociales; aseguran que no hubo voluntad política para atender la problemática
EL UNIVERSAL
OAXACA DE JUÁREZ
El que está por finalizar en Oaxaca es ya oficialmente el sexenio más violento para las mujeres de todos los que las organizaciones tienen registro, pues suma 717 asesinadas; 684 muertas después de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) en agosto de 2018.
Además se contabilizan 130 asesinatos de mujeres hasta el 25 de noviembre de 2022, lo que coloca a este año como el segundo más violento en el sexenio, sólo después de 2019, con 135 muertes, según el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dice que de enero a octubre de 2022 se han registrado 38 feminicidios en Oaxaca. A ellos se suman 132 homicidios dolosos y 128 tipificados como culposos, es decir, 298 mujeres perdieron la vida de manera violenta en los primeros nueve meses del año.
Para Angélica Ayala Ortiz, presidenta de GESMujer, las cifras muestran que en la administración saliente las instituciones dejan una deuda muy grande al siguiente gobierno, incluidas la Secretaría de las Mujeres (SMO), Seguridad Pública y Servicios de Salud, que deberían atender y erradicar las violencias con políticas públicas.
“Lo único que se puede evidenciar es un fracaso total a la política de prevención, detección y erradicación de la violencia hacia las niñas y las mujeres”, apunta la activista.
Lo anterior, asegura, porque no hubo voluntad institucional para atender la violencia y sin ella “las brechas de desigualdad impactan más duro a las mujeres y a las niñas”.
Metas
incumplidas
Ayala Ortiz considera que uno de los retos con los que inició esta administración fue el de combatir los matrimonios y embarazos infantiles, mismos que no pudieron atenderse con la generación de políticas públicas, pese a que, según GESMujer, de las más de 700 mujeres asesinadas en la entidad, 10% eran niñas y adolescentes.
Además, la impunidad también es uno de los factores que prevaleció durante el sexenio, situación atribuible al actuar de la Fiscalía General del Estado (FGEO) que impidió la aplicación de sanciones a los agresores. Es por ello que afirma que su titular, Arturo Peimbert, no ha emprendido acciones de “alto impacto” para salvaguardar la vida de las mujeres.
Muestra de ello es que durante el gobierno saliente se incrementaron los asesinatos de mujeres con arma de fuego, pues según el registro de la organización, 75% de las víctimas murieron a causa de disparos de armas de fuego. Ello deja en evidencia la falta de control.
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Los retos
que vienen
De acuerdo con un diagnóstico sobre violencia de género realizado por GESMujer, se requiere que el nuevo gobierno realice actuaciones puntuales que inicien por la sensibilización y capacitación de servidores públicos, así como evaluaciones de desempeño de cada área que atienda la problemática.
A ello, Angélica Ayala suma la necesidad de transparentar el manejo de los recursos públicos que se destinan a atender la violencia, específicamente cómo y a dónde.
Se requiere, añade, coordinación entre instituciones, pues pese a la Norma 046 de detección temprana de violencias que debería aplicarse en los servicios de salud, no se han tomado medidas al respecto.
Son estas las razones, sostiene, por las que las organizaciones sociales tienen que hacer el trabajo que debería realizarse a nivel institucional. Ejemplo de ello, insiste la presidenta de GESMujer, es que en la administración que finaliza se anunciaron programas como botones de pánico, espacios seguros para las mujeres, entre otros que sólo fueron mediáticos, pero no se les dio seguimiento, ni evaluación. “No queremos acciones mediáticas, sino permanentes y con resultados”, afirma.
“Necesitamos que las nuevas autoridades sepan que la ciudadanía está más consciente y exigiendo resultados. Las organizaciones sociales seguiremos acompañando a las víctimas y exigiendo que cumplan con su responsabilidad”, declara.
Perfil y
respaldo
Respecto a la designación de Elisa Zepeda Lagunas al frente de la SMO, la activista señala que desde la sociedad civil se espera que la funcionaria tenga el respaldo del gobernador Salomón Jara para que se avance en términos de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, así como garantizar su participación política.
Resalta que en su paso por el Congreso local, Zepeda Lagunas respaldó iniciativas alineadas a la agenda feminista. Por ello confía que la paridad en el gabinete estatal no sea una simulación. “Queremos que se gane la confianza de las mujeres y de la sociedad a partir de hechos concretos”, asevera.
Según datos oficiales, la SMO recibe un presupuesto de 19 millones de pesos, más los que asigna el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), lo que para Angélica Ayala es insuficiente para sus tareas. Sin embargo, resalta que las organizaciones cumplen esas funciones sin presupuesto.
“Lamentamos mucho que en la actual administración se privilegiaran otras situaciones. Aunque creemos que todas las mujeres tenemos capacidad, desafortunadamente desempeñar los cargos sin perfil, implica un desgaste… los resultados ahí están”, finaliza.
