EDUARDO YENER SANTOS
QUADRATÍN GUERRERO
La abogada defensora de la activista indígena guerrerense Kenia Hernández Montalván, Fabiola Vite Torres declaró que el organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) se niega pactar un acuerdo de amparo, para que la activista pueda reducir las ocho causas penales acusatorias y no avancen hacia sentencias que podrían aplicarle 40 años de prisión más, a los 21 años de prisión que ha sido sentenciada por dos causas penales por delitos de robo.
En conferencia de prensa virtual desde las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) la abogada acompañada por más activistas informó que actualmente Kenia Hernández enfrenta ocho causas penales por supuestos delitos de ataques a las vías de comunicación y, que se ha buscado un acuerdo de amparo con Capufe pero representantes de ese organismo federal, les han informado que no les interesara llegar al acuerdo.
La abogada consideró que la postura de Capufe es una muestra clara de quitar cualquier obstáculo en las casetas de las autopistas del país, impidiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho de libre manifestación y protesta.
También apuntó que el caso de Kenia Hernández no se está llevando con perspectiva de género ni tampoco tomando en cuenta su identidad indígena.
Recordó que actualmente Kenia Hernández ha sido sentenciada a 21 años de prisión por los delitos de robo y, en caso de que avanzaran las ocho causas penales por supuestos delitos de tomas de las vías de comunicación, a la activista le impondrían 40 años más de cárcel.
Ángela Elizabeth Molina del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, denunció que Kenia Hernández ha realizado dos huelgas de hambre al interior del Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el Estado de Morelos porque le han impedido tener comunicación con su equipo defensor y, porque no recibe tratos dignos de salud y alimentación.
La activista Elizabeth Molina señaló que la historia de Kenia es la de muchas mujeres defensoras del país que se les impide ejercer sus derechos y, que el penal donde permanece encarcelada es el claro ejemplo que los penales en México son privados, y no responde a una necesidad penal ni de justicia, sino responde a una dinámica de negocios.
La activista Kenia Hernández de origen amuzga, permanece encarcelada desde octubre de 2020 y se la ha sentenciado por dos causas penales; una de 10 años y 6 meses a una pena de 11 años y 3 meses por el supuesto delito de robo con violencia.
