*De 2019 a 2021, las comisiones estatales de búsqueda de personas recibieron más de mil 200 mdp de recursos federales para cumplir su funció
*Sin embargo, muchas de ellas no ejercieron esos fondos y los devolvieron, a pesar de que el número de desaparecidos en el país sigue creciendo.
MARCELA NOCHEBUENA
ANIMAL POLÍTICO
En los últimos tres años, a pesar de la crisis de desapariciones en México, por la que se desconoce dónde están más de 107 mil personas, las comisiones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas en los estados del país desaprovecharon 233 millones de pesos del subsidio que reciben por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desde 2019.
Esto representa 18% del total de más de mil 200 millones de pesos que la CNB distribuyó a estos organismos entre 2019 y 2021. Creados por orden de la Ley General en materia de personas desaparecidas de 2017, año con año han ido creciendo en número, por lo que el subsidio se distribuyó entre 20 en 2019, 27 en 2020 y 30 en 2021.
Las comisiones locales deben encargarse de la búsqueda de personas desaparecidas en las entidades, en coordinación con fiscalías y otros entes, mediante un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y una de gestión y procesamiento de información, además de contar con un consejo ciudadano.
En los últimos tres años, algunas devolvieron más del 50% o hasta el 100% del subsidio que recibieron de la Federación. Por ejemplo, en 2019, las comisiones de Chihuahua y Puebla regresaron el total que les fue entregado: 7 y 10 millones de pesos, respectivamente.
La de Tlaxcala devolvió la mitad —3.5 de 7 millones—; Jalisco, que hoy ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desaprovechó casi 60% del recurso, y Guerrero, el 29%. En los años siguientes, Guerrero regresó cada vez más recursos: en 2020 devolvió el 75% y para 2021 dejó de ocupar el total de los poco más de 9 millones que tenía asignados.
En 2020, las comisiones de Durango y el Estado de México ni siquiera presentaron un proyecto para recibir recurso federal, pese a que estaban conformadas desde el año anterior, cuando ya habían accedido a este. Además de Guerrero, que no utilizó 6 millones de los 8 que recibió, Aguascalientes no ocupó el 76% de los 14 millones destinados, Guanajuato devolvió 41% del subsidio y Jalisco regresó poco más de 7 de 17 millones.
Para 2021, Aguascalientes volvió a reintegrar el 44%, Chiapas no usó casi el 70% de los recursos destinados, Chihuahua devolvió más de 31 millones de los 36 recibidos y la CDMX desaprovechó 46%, en un año en el que la problemática de personas desaparecidas en la capital se empezó a visibilizar más a partir de la conformación de colectivos organizados. Ese mismo año, Guerrero y el Estado de México regresaron el recurso completo.
Consultada al respecto, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, señaló que desde el principio de su administración se ha hecho un esfuerzo para que los recursos sean accesibles, y año con año, los lineamientos para obtenerlo se han ido modificando para asegurar que el dinero llegue de manera adecuada, pero también que las entidades federativas asuman de manera colegiada las decisiones de cómo ejercerlo.
En ese contexto, los reintegros se deben, en su mayoría, a la falta de ejercicio en los tiempos y las modalidades que prevé la ley, para lo cual las comisiones son responsables de presentar las evidencias correspondientes y llevar a cabo sus procesos de licitación de manera adecuada y autónoma.
“Hemos ido adecuando y mejorando los lineamientos, de conformidad con la experiencia y con las observaciones de auditorías para poder brindar la mayor transparencia posible y seguimiento, con responsabilidades locales, sobre cómo se ejercen los subsidios y tener un mejor control”, aseguró Quintana.
Sin embargo, subrayó que los estados también tienen una responsabilidad: “Hay que recordar que a quien le corresponde principalmente la consolidación de las comisiones de búsqueda con personal, presupuesto, instalaciones, infraestructura y una ley local que las fortalezca es a los gobiernos locales; los subsidios son apoyo adicional para este fortalecimiento, pero lo que no puede suceder es que las comisiones locales dependan mayoritariamente del subsidio federal”.
El costo de
la ausencia
Mientras las comisiones estatales desperdician los recursos del subsidio federal y operan con insuficiencias, colectivos en todas las entidades llevan años haciéndose cargo de ese trabajo y sobreviviendo con sus propios recursos. “Al final de cuentas, echas mano de tu colchoncito, y te lo acabas, y vendes hasta lo que no tienes, y después vienen otras consecuencias tremendas. Así es como nos mantenemos: buscando recursos”, relata Adriana.
Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), subraya que, en el tema de los recursos, las instituciones siempre argumentan que no cuentan con ellos como justificación para no hacer su trabajo, aunque también es una realidad la complicación para ejercerlos desde la administración pública, pues en algunos casos no se reciben inmediatamente y la burocracia complica ejecutarlos.
“Cuando se hacen acciones de búsqueda, o de cualquier tipo, va desde poner dinero de nuestra bolsa, el que ganamos en nuestro trabajo, y de ahí los llamados a la solidaridad, ya sea con boteos, venta de alimentos o de alguna otra cosa, donaciones, apoyo de organizaciones de derechos humanos, de la iglesia, en algunos casos de universidades, recursos obtenidos de la solidaridad de las personas; esa es la otra forma”, describe Jorge.
Adriana, de Siguiendo tus Pasos, coincide en que lo primero que se pone a disposición de la búsqueda es lo que está a la mano: ahorros, propiedades, objetos empeñados. Todo eso es finito, por lo que después vienen iniciativas como la de Romanita Ramírez, de Torreón, Coahuila. Con un hijo y un nieto desaparecidos, su hija Carmen y ella horneaban pan para venderlo en bolsitas en una iglesia y continuar la búsqueda. O el bus-cador de la esperanza, en Saltillo y Torreón: un camioncito para llevar alimentos a donación. De la misma manera nació la idea de la venta de aguas.
“Hacemos rifas, y nos vamos a los cruceros; tenemos un crucero en particular donde vamos a hacer venta de aguas, a donación, lo que guste cooperar; compramos nuestros paquetes de agua, ponemos nuestras lonas, agarramos un crucero y en los semáforos. También hay una compañera que hace manualidades, flores de fomi que se andan vendiendo. A cada rato hacemos rifas, que la verdad ya hasta pena da”, relata Adriana.
Voluntad
estatal
Aunque en marzo de 2014 solo estaban conformadas 14 comisiones estatales, a partir de 2021 se instalaron 30, pero han quedado sujetas a la voluntad de quien las encabeza y de sus gobiernos estatales, responsables de fortalecerlas. Para acceder al subsidio federal, cada una debe presentar un diagnóstico y un proyecto ejecutivo a la CNB, con la proyección de los recursos que requieren y para qué. Los gobiernos estatales están obligados, además, a aportar una coparticipación de al menos 10%.
El Estado de México, que hoy ocupa el tercer lugar en el RNPDNO, desaprovechó los recursos desde 2019. Aquel año, según consta en los archivos de la CNB, esa comisión estatal había solicitado 2.5 millones que, supuestamente, sumados a la coparticipación, servirían para adquirir dos georradares. De ellos, recibió una primera ministración de 1 millón 750 mil pesos; sin embargo, al final no demostró ninguna compra y devolvió el monto total.
En tanto, los reintegros del último ejercicio cerrado, 2021, son los únicos que la CNB tiene sistematizados en un solo archivo, donde evaluó la eficiencia en el gasto de los recursos. Cuatro estados aparecen en rojo por haber aprovechado solo entre 0% y 30% de los recursos, mientras que CDMX y Aguascalientes usaron apenas la mitad, y Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas se ubicaron en el rango de 63% a 77%.
La CNB, que es responsable de la asignación de los recursos y el seguimiento de cómo se ocupan, no ha hecho públicos los montos que las comisiones locales desaprovecharon. Incluso, en el informe que entregó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU durante su última visita a México, se incluye un cuadro con el total de los recursos distribuidos a las entidades, sin especificar cuánto de ese dinero no ha sido ocupado en realidad.
Querétaro,
sin pistas
La comisión de Querétaro no ha dejado un rastro para acceder al subsidio federal. La CNB no tiene ninguna información proveniente del estado y tampoco lo incluye en su reporte sobre las estructuras de estos organismos en el informe al CED.
En respuesta a una solicitud de información directamente a la entidad, el organismo señaló que destinó a la búsqueda de personas 1 millón 280 mil pesos en 2019, 5 millones 243 mil en 2020 y 6 millones 492 mil en 2021, ninguno de esos montos proveniente del recurso federal y sin detallar cómo fueron ejercidos.
En un estado que ya rebasa las 440 personas desaparecidas, según el RNPDNO, actualmente la comisión local está presidida por una encargada de despacho, pero no hay un titular designado. Con la anterior comisionada, asegura la organización Desaparecidos Justicia Querétaro, había reuniones periódicas; ahora, el acompañamiento y seguimiento están detenidos.
“Todos los casos que nos siguen llegando a la organización es porque no les quieren dar ni siquiera un número de reporte de búsqueda. Es una situación terrible porque es una lucha por no reconocer que tenemos desaparecidos en el estado, que tenemos personas que se han encontrado sin vida; la fiscalía siempre termina diciendo que son hechos aislados. Es muy difícil que podamos tener acceso a la verdad y a la justicia”, señala Brenda Rangel, de esa agrupación.
Mientras tanto, el colectivo cada vez recibe más reportes e información de hechos violentos, sobre todo en las zonas limítrofes con Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Ante ello, la fiscalía local generalmente disuade a las familias de compartir información, cuando ni siquiera han levantado un reporte o iniciado una investigación formal. Incluso, dice Rangel, la asociación con sus propios recursos ha logrado localizaciones antes que las autoridades.
Aquí la historia se repite: Desaparecidos Justicia Querétaro invierte sus propios recursos y tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual golpea en la economía, la salud y el estado emocional. “Las actividades que nosotros hacemos son las marchas, hacemos tejido, visibilizamos, hacemos prevención, pero no con el fin de recaudar fondos. La manera en la que obtenemos los recursos son los propios, de nuestras ocupaciones laborales”, explica.
¿Qué hacen
las comisiones?
Durante tres años, las comisiones estatales han utilizado los recursos del subsidio federal, en su mayoría, para la compra de automóviles, dispositivos de búsqueda, accesorios y equipamiento para su operación diaria, y en menor medida, para material de difusión y papelería, según los archivos de la CNB a los que Animal Político tuvo acceso en respuesta a una solicitud de información pública. En algunos casos, ni siquiera tienen personal suficiente para utilizar lo adquirido.
Por ejemplo, la comisión de Zacatecas compró en 2019, a unos meses de su creación, 46 camisas, 41 chamarras y 37 chalecos. Sin embargo, en el proyecto ejecutivo que presentó para acceder al subsidio al año siguiente reportó que, para ese momento, su estructura era de únicamente 10 personas.
En tanto, en el proyecto ejecutivo que presentó para 2021, la comisión de la CDMX aseguró que estaba en “la imposibilidad de destinar recursos para que su personal acceda a cursos y capacitaciones especializadas, como el caso de costear la certificación para utilizar drones inteligentes (que ya tenía) que permiten realizar inspecciones en entornos naturales más complejos y en un tiempo reducido”. Lo anterior, en el mismo año que devolvió casi la mitad del subsidio.
Sin embargo, cuánto han gastado las comisiones locales específicamente en cada una de las compras que han hecho es información a la que no se puede acceder. La Secretaría de Gobernación reservó por cinco años las descripciones y los costos unitarios de los insumos, bienes y servicios en los que estos organismos gastaron los recursos del subsidio federal que reciben anualmente, aduciendo motivos de seguridad.
Por ello, no puede conocerse “la información relativa a las descripciones que incluyen las características técnicas de los conceptos, así como los costos unitarios y totales de los proyectos ejecutivos, informes trimestrales, informes de avance físico-financiero al cierre del ejercicio y cualquier otro documento que forme parte de la solicitud de información en cuestión y que contenga estos datos”.
De acuerdo con la dependencia, la divulgación de cuánto gastaron las comisiones y en qué insumos “representa un riesgo real para la vida, seguridad e integridad de las personas que se involucran en las labores de búsqueda e identificación”.
*Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
