Marcial Campuzano
CHILPANCINGO, GRO.
Al quedar firme la aclaración de que fue el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Alfredo Sánchez Esquivel, quien ordenó la demolición del edificio de la Biblioteca sin consultar a los otros 45 legisladores, el líder de la fracción parlamentaria priísta Héctor Apreza, manifestó que es necesario y urgente que se aclare quién fue el que alteró el segundo artículo transitorio de la Ley de Seguridad Pública que aprobó el pleno de diputados.
El coordinador de la bancada del PRI informó que los temas de la Biblioteca “Sentimientos de la Nación”, y la alteración de la Ley de Seguridad Pública del estado serán llevados a la Jucopo, y de ser necesario al pleno de diputados para que se finquen responsabilidades porque se trata de asuntos delicados.
Para el legislador priísta las modificaciones ilegales al artículo segundo transitorio de la Ley de Seguridad Pública del estado, pudo haber ocurrido en el Congreso del estado antes de ser enviada para su publicación en el Periódico Oficial; o en el Poder Ejecutivo, porque son las 2 únicas instancias que pudieron haber incurrido en esa irregularidad, “y por tratarse de un tema muy delicado y grave es necesario que se aclare”.
Apreza señaló que desde 1999 en que ha estado involucrado en asuntos legislativos, nunca había sido alterada una reforma constitucional ni ningún otro documento aprobado por el Congreso.
Lamentó que a varios meses de haber ocurrido esa anomalía aún no se sepa lo que pasó, por lo que dijo que insistirá para que ese tema sea también aclarado, como ocurrió con la demolición del edificio que albergaba la Biblioteca del Poder Legislativo, que de acuerdo a comentarios que hizo la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la solicitud fue presentada por el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Sostuvo que la modificación de una ley aprobada por el Congreso del estado constituye un delito, por lo que es necesario que se aclare esa situación para que se deslinden responsabilidades y se apliquen sanciones.
En cuanto a la demolición de la Biblioteca, Apreza Patrón dio a conocer que esa otra irregularidad podría ser abordada en lo inmediato en la Junta de Coordinación Política.
Calificó también como grave que una sola persona haya determinado ordenar la destrucción del edificio de la Biblioteca “Sentimientos de la Nación” del Congreso, en el entendido de que el Congreso del estado es un cuerpo colegiado, y las decisiones no sólo deben ser tomadas por los legisladores que integran la Jucopo sino por los 46 diputados.
Los hechos demostraron que fue una persona quien de manera unilateral decidió derribar el inmueble, por lo que es necesario también que el Poder Legislativo determine qué hacer con quien incurrió en esa otra anomalía.
