JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
AMAPOLA PERIODISMO
Trabajadores administrativos sindicalizados y operativos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron las instalaciones de la dependencia para exigir el pago de la primer quincena de enero y por el despido injustificado de 100 peritos y ministerios públicos.
Los más de 200 trabajadores inconformes bloquearon desde las ocho de la mañana los tres accesos principales a la dependencia y suspendieron labores.
Los trabajadores exigen a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda la destitución de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por incumplir el pago de la primera quincena de enero para los 6,000 empleados que tiene la FGE
“Creo yo que el salario es sagrado y ese no se toca y si aquí en Fiscalía se están metiendo con los salarios podemos aspirar a más arbitrariedades”, denunció Socorro Sánchez Vergara, secretaría de la Sección VII del Sindicado Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
Además del retraso en esta quincena, los trabajadores denunciaron que en diciembre les pagaron el aguinaldo, prima vacacional y dos quincenas ocho días después de como lo marca la ley.
“¿A qué nos vamos a atener en lo subsecuente?, a que cada quince días nos vean aquí haciendo paro nuevamente para que nos paguen nuestra quincena”, cuestionó Sánchez Vergara.
En la movilización también hay representantes de la Secretaría General del SUSPEG.
Los trabajadores exigieron también el cese del hostigamiento laboral que existe en la corporación.
Durante la movilización, los manifestantes denunciaron a agentes ministeriales de intimidarlos al tomarles fotos y mostrarles sus armas cada vez que se manifiestan.
Juan Rivera Altamirano, representante de la Asociación de Agentes del Ministerio Públicos, Policías y Peritos (AAMPPP), denunció en la manifestación el despido injustificado de 100 integrantes de la asociación.
“Exigimos el alto a los despidos injustificados en razón de que existen muchos compañeros que los están destituyendo de los cargos por el simple hecho de tener un procedimiento disciplinario, lo cual es injusto”, mencionó Rivera Altamirano en entrevista.
Rivera Altamirano explicó que los procedimientos disciplinarios son comunes en los agentes del Ministerio Público y en los policías ministeriales porque “siempre estamos propensos a ser señalados de algún acto, porque lidiamos con dos partes, víctima e imputado, y siempre habrá un inconforme”.
“Pero eso no es justo de que por un simple señalamiento sin pruebas se determine la separación del cargo, destruyendo toda una carrera de 20 a 25 años, de compañeros que ya están en la tercera edad, dejándolos en total desamparo”, agregó Rivera Altamirano.
Entre las demandas de los agentes de ministerios públicos, policías y peritos también esta el pago de seguro de vida para los trabajadores operativos.
