*El presidente López Obrador dijo que las acciones de inconstitucionalidad contra su plan B electoral sólo es «politiquería» del INE.
ARTURO PÁRAMO
EXCÉLSIOR/CDMX
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral permitieron diversos delitos electorales y son ellos y los integrantes del Tribunal Electoral los que han puesto en riesgo la democracia.
“Ahora, porque se presentó una Ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. ¿Cómo se va poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia es el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre”, sentenció durante su conferencia matutina.
«Quien pone en riesgo la elección son ellos, siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Que no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos, por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte», estableció López Obrador.
Pidió que quienes en abril sean designados por el Congreso como consejeros electorales sean personas honestas, íntegras y demócratas.
«Que sean gentes decentes, honrados, verdaderamente íntegros y demócratas, que no sean como los que están.
«Hay gente muy buena, recta, íntegra. Es que los escogían los oligarcas para que actuaran como sus empleados. Pero hay gente verdaderamente libre, demócratas auténticos, incorruptibles, honestos», reiteró el titular del Ejecutivo.
Insistió en que la manifestación convocada para el 26 de febrero en defensa del voto es una estrategia para criticar a su gobierno.
Dijo que quienes critican las reformas legales en materia electoral promovida por su gobierno y que fueron llamadas el «plan B», «hacen politiquería».
Dichas reformas están sometidas a una controversia constitucional y la Suprema Corte debe decidir su futuro.
