Reos de Cereso de Juárez tenían llaves de áreas comunes
*También droga, armas, celulares, celdas VIP
FABIOLA SÁNCHEZ/AP
CIUDAD DE MÉXICO
El violento motín con 17 muertos y fuga de 30 presos que se registró en una cárcel del estado norteño de Chihuahua, próxima a la frontera con Estados Unidos, dejó al descubierto las debilidades y la corrupción que imperan en muchas prisiones en México, donde se trafica drogas y armas y donde los reclusos tienen el control de los recintos.
Las investigaciones de los sangrientos eventos del primero de enero en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, en los que fallecieron diez guardias de prisión y siete reclusos, han arrojado unas primeras conclusiones desconcertantes. En esa cárcel operaba un “autogobierno” de delincuentes que gozaban de privilegios como celdas VIP, donde tenían televisión, teléfonos móviles, cómodas camas, armas largas y cortas, diversas drogas y hasta una caja fuerte donde guardaban millonarias sumas en pesos mexicanos.
Aunque las autoridades del estado Chihuahua admitieron la víspera que desconocían las irregulares condiciones en ese penal, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad, Néstor Manuel Armendáriz, dijo a The Associated Press que desde el 2020 esa dependencia alertó sobre el “autogobierno” que había en esa cárcel. También del comercio informal de diversos alimentos que manejaban algunos internos.
“Se observó que la seguridad estaba a cargo prácticamente de los propios internos, (y) que en algunos módulos algunos de ellos contaban con llaves de áreas de uso común, como salones de clase o comedores”, afirmó Armendáriz. Y agregó que en la última evaluación que realizaron el año pasado en esa cárcel no detectaron armas y ni droga.
A 48 horas de los violentos eventos, la Fiscalía General de Chihuahua anunció en un comunicado que cesó al director del Cereso número 3, Alejandro Alvarado Téllez, quien está bajo investigación junto a otros funcionarios del centro, para determinar quienes están involucrados en “el ingreso de objetos prohibidos”, las “omisiones” y los “actos que están fuera de la Ley”. Asimismo, se inició un proceso de traslado aéreo de 191 reclusos a otros centros penitenciarios federales.
En la cárcel estatal de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Texas), las autoridades hallaron diez armas largas, cuatro armas cortas, varios kilos de heroína, cocaína, mariguana y fentanilo, además de dinero en efectivo.
A las afueras del penal se incautaron 17 armas largas y cinco cortas, un lanzagranadas, ocho chalecos tácticos y dos vehículos, uno de los cuales fue utilizado la mañana del primero de enero en un ataque armado que se realizó previo al motín.
El Fiscal del estado de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, confirmó que durante los violentos incidentes se fugaron 30 reclusos del penal. Entre los fugados, se identificó a Ernesto Alfredo Piñón, alías “El Neto”, líder de la banda “Los Mexicles” que está vinculada al Cártel de Caborca, un grupo criminal que estuvo liderado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fue recapturado a mediados del año pasado.
Tras el motín y la fuga, se desplegaron en el estado Chihuahua varios cientos de militares y policías para tratar de recapturar a los evadidos. Durante la operación se registró el lunes un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y autoridades que dejó como saldo siete muertos, de los cuales cinco eran agresores y dos policías. Otros dos policías resultaron lesionados.
Las autoridades no han aclarado hasta el momento por qué no se actuó con antelación para hacer frente al “autogobierno” y otras irregularidades en el Cereso número 3, que se conocían desde hace al menos dos años.
Al respecto, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la asociación civil local Reinserta -que atiende a poblaciones vulnerables de las cárceles-, afirmó que las irregularidades y la corrupción que imperan en muchas cárceles mexicanas no se atienden por el desinterés de las autoridades en el sistema penitenciario. “La seguridad está completamente politizada pues las cárceles no venden políticamente hablando”, agregó.
Niño de Rivera indicó que en el caso del Cereso número 3 no se ha actuado por el “miedo” de las autoridades estatales. Temen situaciones de violencia a gran escala como la que se vivió en agosto pasado en Ciudad Juárez cuando desde la cárcel se ordenó, en protesta por el traslado de algunos reclusos, el incendio de vehículos y comercios y varios tiroteos que dejaron once fallecidos.
La activista afirmó que lo ocurrido en el Cereso número 3 es “un ejemplo muy claro de lo que pasa en gran parte de las cárceles mexicanas donde hay absoluta ingobernabilidad y donde están completamente olvidados por las autoridades”.
En México, hay 319 cárceles, de las cuales 15 son centros penitenciarios federales, 251 prisiones estatales y 53 centros de atención a adolescentes. La población penal se estima en unas 226 mil personas, muchas de las cuales viven en graves condiciones de hacinamiento, en particular en entidades como el Estado de México, Morelos, Nayarit y Durango donde la sobrepoblación penitenciaria supera en más del 60 por ciento la capacidad de los penales.
El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva que mantiene en la cárcel a miles de reclusos sin sentencia, sumado al escaso personal de custodia -muchos de los cuales tienen malos salarios-, ha favorecido la corrupción y la violencia en las cárceles, según estiman los analistas.
Un claro ejemplo es el Cereso número 3 que tenía hasta el día de la fuga unos cuatro mil presos, lo que superaba en un 23 por ciento la capacidad de la cárcel.
El problema de sobrepoblación de esa prisión se debe a que el 90 por ciento de su población tiene prisión preventiva y sólo 10 por ciento está sentenciada, reconoció el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Agregó que esa situación revela que “la impartición de justicia no está siendo ni tan pronta ni expedita”.
En México, existen dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que es cuando el fiscal la solicita a un Juez por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
Armendáriz dijo que otro de los problemas que ha agravado la situación de violencia en el Cereso número 3 es la presencia de miembros de bandas rivales.
