LUIS HERNÁNDEZ
CUAJINICUILAPA, GRO.
El comisario de San Nicolás, Antonio Pastrana, acompañado de sus consejeros, así como del comisariado ejidal, Marcos Hernández López, María Eduarda Noyola Morga y otros ciudadanos, entregó un documento dirigido al secretario de Gobernación Federal (Segob), Adán Augusto López Hernández, y al subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
La petición es para que esta dependencia intervenga ante la tardanza del Congreso de Guerrero para nombrar a los nuevos integrantes de los cabildos instituyentes, en este caso, el municipio de nueva creación de San Nicolás.
En el documento se pide la intervención de Gobernación ante lo que se considera una posible omisión por parte del Congreso del Estado de Guerrero, en la aplicación de los criterios para el análisis y aprobación de la designación del municipio instituyente de San Nicolás.
Según los quejosos, en el proceso, la Cámara de Diputados local no ha observado la ley orgánica que los rige, incumpliendo acuerdos parlamentarios propios, creando un ambiente de falta de certeza legal y política, al demorar la entrada en vigor de los municipios de nueva creación y detener el plebiscito en conformidad con la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Recordaron que en octubre del año pasado, el Poder Legislativo, por medio de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, emitió un acuerdo parlamentario para aprobar los criterios en la evaluación y análisis de las personas que serán propuestas para la designación de los integrantes del municipio instituyente de San Nicolás.
En dicho acuerdo, los legisladores locales no tomaron en cuenta la esencia propia del pueblo afromexicano, ni la lucha histórica por el reconocimiento constitucional, omitiendo la representatividad legítima, autoadscripción efectiva, identidad territorial y etnolingüística, y reconocimiento comunitario, sin formalizar el proceso de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Expresaron que en la Ley General de Consulta se reconoce el derecho de los pueblos afromexicanos a opinar sobre medidas legislativas y programas que puedan afectarles, dejando claramente establecido que las autoridades no son los que deciden el rumbo social, político y económico de la vida comunitaria del pueblo y comunidades afro mexicanas.
