JESÚS GUERRERO
AMAPOLA PERIODISMO
En el contexto de los dos días de la retención del director del DIF de Xalpatláhuac por parte de unos 40 autodefensas, la alcaldesa del municipio, Selene Sotelo Maldonado, denunció que este grupo armado mantiene tomado el Ayuntamiento desde octubre del 2021 y se ha dedicado a realizar extorsionar a la ciudadanía.
El pasado lunes a mediodía, el director del DIF, Jorge Pardo Dorantes, escoltado por policías estatales desde una patrulla, llegó a la cabecera municipal de Xalpatláhuac para repartir despensas a la ciudadanía.
Pero un grupo de autodefensas, armados con rifles AR-15 y AK-47, lo golpearon, lo detuvieron y encerraron en barandilla municipal, contó la alcaldesa.
Según la edil, quien desde octubre del 2021 fue expulsada a balazos de la cabecera de ese municipio, había un acuerdo con el líder del grupo armado, Nicolás Villarreal Dircio, de que personal del ayuntamiento repartiría despensas a las personas del pueblo que los necesitaran.
“ Para el martes nuestro compañero (Pardo Dorantes) seguía encerrado en la cárcel municipal y apenas los civiles armados permitieron el ingreso de su familia para que le den sus alimentos”, comentó.
Villarreal Dircio fue candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, y le impide la entrada de la alcaldesa por, supuestamente, tratar de desmantelar a la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac.
De acuerdo con la versión de la edil, la razón es que ella es esposa de quien ya fuera dos veces alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas.
Desde el lunes pasado, contó la alcaldesa, ya le informó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la situación en su municipio para que intervenga.
Sobre su expulsión en octubre del 2021, detalló que ella encabezaba una reunión donde había habitantes del municipio y dirigentes de la llamada Policía Comunitaria, es decir, el grupo de autodefensas, y analizaban las funciones que debería de asumir esta organización armada, pero fue expulsada de la asamblea.
“Me sacaron de la reunión y luego los de la Policía Comunitaria me dispararon, pero afortunadamente no resulté herida y logré salir del pueblo”, dijo en entrevista telefónica.
Lleva 17 meses fuera de la cabecera del municipio y montó sus oficinas en la comunidad de Cauatache.
Informó que hace unos meses estableció algunos acuerdos con los dirigentes de las autodefensas para que el personal de las oficinas de Catastro, Registro Civil y DIF municipal realicen sus funciones en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac.
“Incluso en diciembre del 2022 se llegó al acuerdo con el líder de la comunitaria, llamado también el Tlayakanky, y el ex candidato a la alcaldía, Edmundo Delgado de Xalpatláhuac de que realizara una visita de trabajo en la cabecera, pero nuevamente fui expulsada por los policías comunitarios”.
Recordó que en esa ocasión la acompañó el subsecretario para Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Chávez. “Llegamos a Xalpatláhuac y vimos cómo nos tenían rodeados muchos policías comunitarios fuertemente armados y nos dimos la media vuelta para regresarnos”.
Xalpatláhuac es un municipio de la región Montaña alta de Guerrero, una de las tradiciones anual en esta cabecera es la peregrinación religiosa del señor de Santo Entierro. Este evento ocurre unas semanas antes de la Semana Santa y asisten miles de personas a la iglesia que lleva por nombre Santo Entierro. Este año ya ocurrió.
Selene Sotelo denunció que los líderes de la autodefensas cobraron mucho dinero a los comerciantes que instalaron su local durante esta festividad religiosa.
“He recibido quejas de que los de la Policía Comunitaria les fijan cuotas a los comerciantes, pero a los que más les cobran por vender su producto son a las empresas refesqueras y cerveceras, a quienes les fijaron una cuota de hasta 80, 000 pesos al mes”.
Según la edil las autodefensas han sembrado el terror en Xalpatláhuac, porque a las personas que comete alguna infracción no sólo las encierra en la cárcel, las rapan y les cobra una cantidad exorbitante de multa como fianza.
“He recibido quejas de muchas mujeres que han dejado a sus esposos porque las golpean y los policías comunitarios las detienen, las llevan a los sembradíos de maíz a realizar trabajos forzados y después las obligan que regresen con sus parejas sentimentales”.
Denunció también que desde que fue expulsada de la cabecera municipal los líderes de la Policía Comunitaria han saqueado el Ayuntamiento que mantienen tomado.
“Hay muchas denuncias de todos estos actos, pero la Fiscalía General del Estado sigue sin actuar desde octubre del 2021”.
