*El caso de Inés Fernández Ortega deriva de marzo de 2002, cuando soldados del Ejército Mexicano irrumpieron en su domicilio en el poblado de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla y la interrogaron a golpes, la torturaron y agredieron sexualmente
EDUARDO YENER SANTOS
QUADRATÍN GUERRERO
El Tribunal Segundo de Distrito de Acapulco emitió una sentencia de 20 años de prisión contra el militar Humberto García de León, uno de los 11 acusados por el delito de tortura y violencia sexual contra la mujer indígena Inés Fernández
Este miércoles en conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh Juárez en Ciudad de México, el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México Alan García, informaron de la sentencia que se resolvió este 1 de marzo, después de 13 años que la Corte Interamericana emitió la sentencia en el caso de Inés Fernández.
La sentencia dicta prisión y destitución del cargo a Hugo Humberto García de León, sargento segundo de infantería del Ejército Mexicano por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos en agravio de Inés Fernández Ortega, indígena Me´phaa de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan señaló que la sentencia llega en un contexto donde el Ejército Mexicano se le dota de un marco jurídico que le permite asumir tareas de seguridad y el caso de Inés expone nitidez de lo que ocurre cuando las fuerzas armadas asumen tareas de seguridad pública y no tienen controles civiles que le obliguen a rendir cuentas.
También sostuvo que el caso de Inés demuestra que la lucha de las organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron posible que se condenara a un militar.
La postura de la ONU es que atestiguó una de las notables estampas de dignidad del caso de una mujer indígena que nunca quebrantó su palabra y su verdad.
Por su parte, Inés Fernández Ortega señaló que la sentencia debió de ser de más años contra el soldado y exigió que el mismo proceso sea aplicado para los otros militares que aún siguen dentro del Ejército.
El caso de Inés Fernández Ortega deriva de marzo de 2002, cuando soldados del Ejército Mexicano irrumpieron en su domicilio en el poblado de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla y la interrogaron a golpes, la torturaron y agredieron sexualmente.
En marzo de 2012 en Ayutla de los Libres, Guerrero, el gobierno federal ofreció disculpas públicas a Inés Fernández Ortega, a través del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de violación de los derechos humanos a la indígena Fernández Ortega.
