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Empresa que cuidaba INM de Juárez tiene contrato en 23 estados

*Rosa Icela Rodríguez informó que se inició un procedimiento administrativo para solicitar revocar el permiso de la empresa de seguridad CAMSA SA de CV

NANCY CORRO
EXCÉLSIOR/CEMX

Tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que la empresa ya fue identificada y que debido a una irregularidad detectada, se inició un proceso para revocar su permiso de operaciones.

La funcionaria federal precisó que dicho proceso administrativo es paralelo a la investigación penal que ya se inició por el caso del incendio que dejó 39 muertos y 28 heridos, uno de los cuales ya fue dado de alta.

Rosa Icela Rodríguez detalló que la empresa, de nombre Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV tiene registro del 3 de septiembre de 2020 y tenía permiso vigente a febrero de 2024.

Agregó que la empresa se encuentra registrada en la modalidad de proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional y que no cuenta con permiso de portación de armas para sus elementos.

Los socios registrados de la empresa fueron identificados como David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

La SSPC también agregó que se solicitó al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa, por lo que a partir de este viernes, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez.

Rodríguez explicó que serán citados a declarar los socios de CAMSA S.A. de C.V., por detectarse diversas irregularidades sobre el servicio que estaban prestando para la seguridad de la estación migratoria.

“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad, con 10 uniformes”, puntualizó.

“Sin embargo, el contrato con el INAMI era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de arma y en los informes mensuales, que está obligado a rendir, no reportó altas o bajas del personal”, explicó Rodríguez.

La titular de la SSPC indicó que giró la orden para suspender los servicios de esta empresa, y serán sustituidos por 48 elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), para hacerse cargo de la vigilancia en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

“Informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”.

“Incluso, ya solicitamos al INAMI rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del SPF asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, explicó la secretaria.

En la segunda conferencia sobre la muerte de los 39 migrantes, Rodríguez indicó que ya se estableció una mesa de trabajo, con autoridades diplomáticas de los países de las víctimas.

“Se estableció también una mesa de trabajo con personal del INAMI y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), en las que hay representantes de los países de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, para apoyar en todos los trámites que se requieran por parte de las familias y las víctimas”, indicó.

Detenidos

Por su parte, la fiscal de Derechos Humanos explicó que por estos hechos se concedieron 6 órdenes de aprehensión, de las cuales 5 fueron cumplimentadas.

“El día de hoy en la madrugada finalizó la audiencia y se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

“Ordenes que se solicitaron por el delito de homicidio dolosos, así como con dolo eventual, y por el delito de lesiones en contra de 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”, explicó la fiscal.

La funcionaria argumentó que debido a que se estaba desarrollando la audiencia de imputación en contra de los detenidos, no se podían revelar los detalles del avance de las investigaciones.

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