*La mujer me’phaa mantiene su condición de monolingüe como hace casi 21 años en que fue abusada por militares
GLORIA LETICIA DÍAZ/APRO
CIUDAD DE MÉXICO
El próximo 22 de marzo se cumplirán 21 años de que un piquete de soldados adscritos al 41 Batallón de Infantería incursionó en la comunidad indígena de Barranca Tecuaní, en la Montaña de Guerrero, y abusó sexualmente, como método de tortura, de Inés Fernández Ortega.
“Voy a buscar justicia hasta que me muera”, dice Fernández Ortega, quien en su lucha imparable tocó las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington y obtuvo una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en 2010, condenando a México a esclarecer los hechos, reparar íntegramente los daños y a tomar medidas de no repetición.
Luces
y sombras
A 13 años de la resolución del tribunal regional, Fernández Ortega reprocha el incumplimiento, mientras que en el ámbito nacional el juez Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial con sede en Acapulco, José Artemio Navarrete Sánchez, ha sentenciado a 20 años y un mes, por delitos de tortura, violación y robo, a sólo uno de sus agresores.
Mujer me’phaa, Inés, mantiene su condición de monolingüe como hace casi 21 años en que fue agredida, situación que agudizó su sufrimiento al ser discriminada por autoridades ministeriales y hospitalarias, que no contaban con personal de habla indígena para ayudarla a traducir su querella contra el personal militar que abusó de ella en 2002.
En voz de Luz Élida Pérez Saldado, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que la representa legalmente, Inés Fernández sostiene que, a más de dos décadas de los acontecimientos, sigue siendo muy doloroso para ella hablar de lo ocurrido, pero al mismo tiempo le da fortaleza para continuar su lucha “y que otras mujeres no sufran lo que yo he sufrido”.
Obtener la sentencia de la CoIDH sólo significó para Inés un paso más en su búsqueda de justicia, pues la entonces Procuraduría de Justicia Militar mantenía el caso bajo su custodia, negándose a entregar el expediente correspondiente hasta septiembre de 2011, y dos años después la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consignó a dos militares. En 2016, uno de los inculpados murió dentro de la prisión de Campo Militar Número Uno, en condiciones poco claras.
“Hasta que me muera”, dice, va a continuar su lucha por justicia más aún porque “en total fueron 11 las personas que le causaron daño, sólo que de las fotos que le mostraron sólo pudo reconocer a dos, pero fueron más”, apunta Inés.
Responsabiliza de ello a los “jefes militares porque no dieron los nombres completos de las personas que ese día (en marzo de 2002) salieron a la comunidad”, en tanto que la investigación debe considerar a agente del Ministerio Público que en principio se mostró reacio a admitir su denuncia y la discriminó, así como al médico y enfermera del Hospital de Ayutla que perdieron las pruebas que incriminaban a los militares responsables de la violación.
Tarea pendiente
“El Estado tiene una gran tarea y le corresponde esclarecer quiénes fueron las otras personas que hicieron este daño lamentable que ella pasó”, apunta la abogada de Tlachinollan, organización que con la Fevimtra mantiene la indagatoria abierta.
Este año el espacio ha apoyado a cerca de 200 mujeres víctimas de violencia entre 2021 y 2022, y en enero 12 de ellas recibieron acompañamiento legal por distintos tipos de violencia, dos de ellas de tipo sexual.
El centro comunitario también cuenta con un albergue para estudiantes indígenas, que tienen que dejar sus comunidades en la Montaña para continuar estudios desde nivel básico a universitario.
“Gúwa Kúma” cuenta con seis profesionistas indígenas, en materia legal, de enfermería y trabajo social, personal dedicado al cuidado de los jóvenes estudiantes y es supervisado por seis mujeres a las que llama “embajadoras”, quienes junto con Inés no sólo están al tanto del centro comunitario, sino que recorren comunidades indígenas y colonias cercanas a la cabecera municipal de Ayutla.
“Es parte de la lucha, salgo a las comunidades a contar a las mujeres mi historia, porque desde que tengo uso de razón sucedían estos hechos lamentables, pero difícilmente las mujeres tenían el apoyo de alguien más para exigir justicia.
“Desafortunadamente, la actitud de los agentes del Ministerio Público sigue siendo la misma que yo denuncié lo que me había pasado, cuando una mujer víctima de violencia llega para presentar alguna denuncia, no se le cree, cuando denuncian violencia familiar, les exigen a las mujeres que las heridas sean más evidentes, preguntan que si les pegaron, dónde está el moretón”, cuenta Inés.
Pese a la labor que realiza el centro comunitario y que forma parte de la sentencia, Inés reprocha que después de su construcción, los gobiernos federal y estatal se “echan la bolita” para su mantenimiento y para solventar el pago de las profesionistas a las que sólo les pagaron seis meses de sus servicios al año, además de que no se les proporcionan recursos para la atención de los estudiantes indígenas residentes del albergue.
“El Estado tiene que hacerse cargo porque así lo dice la sentencia de la Corte Interamericana, pero aún con las dificultades, las profesionistas que están en el centro comunitario están muy comprometidas, convencidas del proyecto y siguen trabajando con nosotras.
“Quisiéramos tener recursos para movernos a más comunidades de la Montaña para hablar con las mujeres y decirles que si sufren violencia, no están solas, que cuentan con nosotras; también quisiéramos que los gobiernos entendieran lo importante que sería que contáramos con médicas indígenas para atender a las mujeres que llegan heridas al Centro Comunitario, sobre todo porque en el hospital sigue ocurriendo lo mismo que hace más de 20 años, maltratan a las mujeres indígenas y no se nos cree cuando denunciamos violencia”, sostiene Inés Fernández.
En espera de que en el ámbito nacional la sentencia emitida contra uno de sus agresores quede firme y se continúen las investigaciones contra demás implicados, Inés Fernández insiste en que continuará con su lucha “para que ninguna mujer sufra lo que yo he vivido”.
